Natalia Zuazo: «Hay que politizar la tecnología: pensar para qué la queremos»

“Si hay ocho grandes millonarios que acumulan el 50% de la riqueza del mundo y la mitad de ellos son dueños de empresas de tecnología, entonces ahí tenemos que poner la lupa”, señala la periodista especializada en tecnopolítica Natalia Zuazo. “Y si cuando miramos nos encontramos con que estas empresas que se venden como economías colaborativas tienen una lógica extractivista, que tienen un esquema de fuga de capitales con empresas offshore y de evasión de impuestos, entonces tenemos que preguntarnos qué hacemos nosotros con eso. Y sobre todo qué hace la política con eso”, enfatiza la también Licenciada en Ciencia Política por la UBA.

En su último libro, Los dueños de Internet, Zuazo se rebela a la presunta neutralidad de la tecnología y postula, en cambio, su politización.  “Que no es más que decidir para qué queremos la tecnología y cómo la utilizamos”, explica en diálogo con Tiempo. Y en plan de deconstruir lo naturalizado, la autora desarrolla cómo estamos asistiendo a un proceso de “neoimperialismo tecnológico”.

Antes un puñado de naciones occidentales se repartía el dominio territorial del mundo y medía su poder en la tenencia de minerales preciosos. Hoy, las cinco empresas tecnológicas más grandes han logrado un control equivalente casi sin moverse y, fundamentalmente, sin violencia. Porque el mundo les cede voluntariamente sus datos personales sin saber que allí está el oro de antaño.

Zuazo explicita su búsqueda desde el inicio del libro: “¿Cómo hacemos para que la tecnología nos ayude a vivir en un mundo más equitativo, con menor desigualdad?”. Y trata de responderlo a lo largo de sus páginas en una búsqueda que relaciona íntimamente con el oficio que eligió. “Yo no hago periodismo tecnológico. Hago periodismo. La tecnología es una excusa para hablar de política, economía y otras cosas. Eso no significa hablar del último celular. La tecnología está cada vez más presente y el problema que yo veo es que muchos colegas que se especializan tienen cada vez más compromisos con las empresas”, añade.

-¿Y qué pasa con los funcionarios que deben tomar decisiones en relación con la tecnología?

-Quienes toman decisiones sobre las tecnologías son usuarios y les pasa como a todos: ven ahí algo mágico, maravilloso. Algo que resuelve un problema y no sabemos bien cómo. Pero al comprar un producto compran también una ideología y no preguntan a la ciudadanía qué política queremos nosotros para utilizar esos productos. Así podemos encontrar casos como el de Uber que propone un modelo y le piden que respete determinadas normas del lugar si quiere operar. Ellos siguen insistiendo en hacerlo a su manera mientras otras se adaptan, como Cabify. Pero por otro lado el gobierno de la Ciudad opera con Waze, que es otra app para el transporte porque ve que le sirve a su política. Ahí podría decirse que ponen a la política por delante de los productos. Pero también tenés el caso de la tecnología en la educación donde pasa lo contrario. En un tiempo se tomaron decisiones donde la política iba adelante y en otro esas decisiones comenzaron a tercerizarse en empresas de tecnología. Mientras que los equipos pedagógicos de Conectar Igualdad y del Ministerio de Educación que decidieron qué tecnología se usaba se desmantelaron; ahora tenemos un modelo de pequeño Estado administrativo y gestionador que terceriza en ONG que están coordinadas con empresas de tecnología (para que no parezca todo tan obvio) las decisiones políticas.

-¿Y los funcionarios son conscientes de las posibles consecuencias de esas decisiones?

-Creo que no mientras sucede. Pero cada tanto hay acontecimientos que lo explicitan como el caso de Cambridge Analytica con Facebook que obligó a los políticos a indagar en la caja negra de la tecnología. Porque al principio hay una comodidad y te gusta que el otro te dé la solución. Pero en algún momento te das cuenta que hay decisiones que se toman sobre las que no tenés control, como el uso de las bases de datos. En eso creo que estamos en el peor momento de los monopolios: de a poquito nos empezamos a dar cuenta y a tomar conciencia de aquello que sucede en la caja negra y que va a empezar a cambiar de aquí a algún tiempo. Ahora Google publicó un comunicado en el que dice con qué principios van a manejar a partir de ahora las decisiones de inteligencia artificial que están tomando sus algoritmos y agrega que toma el tema con seriedad. Pero esto respondió a un cuestionamiento sobre la cantidad de datos que manejan y que automatizan decisiones sobre la vida de las personas directamente. Y eso surgió por una demanda académica y de activistas que durante un tiempo le demandaron transparencia. Al mismo tiempo, eso va generando un cambio porque las empresas se empiezan a dar cuenta de que no pueden seguir manejando las cosas con tanta opacidad. Porque pierden la credibilidad del cliente y no les conviene.

-En el libro planteás que las ciudades pueden estar mejor preparadas que los estados nacionales para poner freno a la depredación del capitalismo de las plataformas tecnológicas ¿Por qué?

-Al tener un territorio más chico y recursos más pequeños hay más conciencia de lo que hoy se llaman bienes comunes. Estos son los bienes que tenemos que cuidar porque son finitos y son de todos. Barcelona por ejemplo tiene una iniciativa de wifi cooperativo que se genera en barrios donde los vecinos no pueden pagar a las grandes corporaciones y entonces es fácil y barato porque usan hardware y software libre. Allí también el ayuntamiento pone condiciones a la hora de firmar contrato con empresas de telefonía marcando que, por ejemplo, los datos de las personas se manejen de manera más transparente o que no le puedan cortar el servicio a quienes no puedan pagar las facturas. Pero sin ir tan lejos, Santa Fe tiene hoy un laboratorio de innovación tecnológica pública (SantaLab) que es un ejemplo de cómo juntarse a pensar y resolver problemas comunes. Y cuando encuentran la solución después lo difunden como un prototipo, un mapa, o un código que los demás pueden usar.

-En ese sentido, vos citás a Dardo Ceballos, director de Gobierno Abierto de Santa Fe, para plantear que SantaLab “solo promueve iniciativas que promuevan reducir la desigualdad” en contraposición al emprendedurismo que es “innovación a secas”

-Es la gran diferencia. Si alguien viene con el prototipo de algo que sea pura innovación, pero plantea que la patente es suya, entonces no lo apoyan. Si en cambio traés un prototipo para desarrollar colectivamente y luego se arma una licitación para fabricarlo y querés participar, adelante. Lo que dicen es que si el Estado se involucra en el proceso de innovación las reglas son otras. Un poco porque del otro tipo de innovación ya hay mucho, y otro poco porque desde el Estado tenemos que invertir en algo cuyo retorno sea público. Porque se hizo con dinero de todos.

-¿De eso se trata el concepto de politizar la tecnología?

-Ese es un concepto de Joan Subirats, un académico muy importante que vive en Barcelona y que actualmente es Comisionado de Cultura del Ayuntamiento. Se trata de decidir para qué queremos la tecnología y cómo la utilizamos. Lo otro interesante es decir que el proceso de toma de decisiones es complejo, lo contrario a la concepción mágica tomada hasta aquí. Porque tenemos que discutir cómo lo queremos hacer y eso lleva más trabajo. Pero el resultado favorece a más personas y por eso hay que hacerlo. Cuando lo dejamos de hacer te cortan la luz y a nadie le importa. Un ejemplo es lo que sucedió en las ciudades europeas cuando llegó Airbnb. Los alquileres del centro se fueron a las nubes y la gente se fue a los suburbios. Pero entonces se empezaron a juntar los vecinos de las distintas ciudades que querían seguir viviendo ahí. Y el problema no era solo de vivienda sino también de transporte, porque más gente circulaba por la ciudad. Pensaron una estrategia común y definieron una cuota para los departamentos registrados en plataformas de alquileres. Si no lo tienen registrado le impiden su utilización. Eso fue poner un límite.

-Eso tiene que ver con el cuidado del pago chico.

-Claro, es como el consorcio. Si no te involucrás, alguien toma la decisión por vos. Después uno puede tomarse un Uber o llamar a un trabajador precarizado al que no le pagás cargas sociales. Pero el problemón de esto es que sucede en un momento donde hay menos trabajo, entonces se automatizan trabajos y muchas veces la única alternativa es trabajar para estas plataformas que son extractivismo puro. ¿Y cómo hacés? La forma que está emergiendo es formar sindicatos de trabajadores de estas plataformas que están reclamando sus derechos. «

Transparentar algoritmos para recuperar el control

“En 2014 el conglomerado de empresas que estaban en la cima de Internet eran 35. Había más buscadores, más correos electrónicos. Hoy quedaron sólo cinco en occidente”, señala Zuazo al explicar cómo funciona la lógica de concentración. El próximo paso para controlarlas debería ser transparentar cómo se manejan: “No hay pregunta más difícil a Facebook que cómo funciona el algoritmo. ¿Por qué a la revista Cítrica cuando sube una foto de un vendedor ensangrentado golpeado por la policía le clausuran el perfil de Facebook? Ellos te van a decir que fue por su algoritmo, por magia, pero es censura”, sentencia. Por eso mismo, ratifica, hay que pelear por transparentar los algoritmos. “Y ahí podrán pasar distintas cosas: o tratarán de ser más transparentes; o surgirán empresas que harán un marketing positivo del cuidado de la privacidad de datos. Lo que estoy segura es que si alguien no denuncia y se visibiliza, no pasa nada”.

El unicornio favorito de Cambiemos

“Todos están hablando de cómo está acelerándose el proceso digital, que en cuatro o cinco años nadie va a reconocer cómo va a funcionar el comercio. Por suerte nosotros tenemos Mercado Libre, la revolución del abastecimiento y la logística, la reducción de costos. Necesitamos ser parte de eso», dijo Mauricio Macri en noviembre del año pasado. Su razonamiento buscaba reconocer al máximo “unicornio tecnológico” del país luego de que su dueño, Marcos Galperín, amenazara con irse de la Argentina tras una exigencia de la AFIP de 500 millones de pesos. El caso, explica Zuazo,  demuestra el engañoso discurso que usa Cambiemos para explicar su política tecnológica.

“Las grandes empresas siempre dicen que no debe haber regulación del mercado tecnológico porque eso desincentiva la innovación, pero, por otro lado, en general tienen acuerdos con los gobiernos”, destaca. “En el caso de Cambiemos se festeja mucho a los unicornios, pero la pregunta es cómo van a surgir emprendedores o innovación en un mercado donde tenemos la internet más cara y más lenta de latinoamerica,  donde si no le pagás internet a Telefónica o Fibertel no te conectás. Además si antes tenías un plan como Conectar-Igualdad y había cierto consenso en avanzar en planes de alfabetización digital, programación y algunas herramientas para que cualquiera generase su propia start up; eso ahora está en retroceso o muerto. Entonces, la conclusión a la que uno llega es que quienes van a generar esa empresa son los que ya tienen el conocimiento o pueden pagarlo de manera privada. Galperín hizo todo lo que pudo para mantener a sus trabajadores no registrados. Entonces qué hace un emprendedor exitoso: un tipo que no reconoce los derechos de sus trabajadores”.