De las tres secciones inspeccionadas por la Comisión Provincial por la Memoria, una fue cerrada por funcionar en condiciones precarias y vulnerando derechos.
Se trata del pabellón de madres; el de separación del área de convivencia, conocido en el contexto de encierro como buzones para el castigo; y el de admisión, que fue clausurado de inmediato.
En su resolución ,la magistrada ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del la Provincia de Buenos Aires “la realización y supervisión de las obras necesarias a los fines de garantizar las adecuadas condiciones para el alojamiento de las mujeres que permanecen en ese dispositivo de encierro”, aseguró Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. Siguió apuntando que “nosotros desde el organismo denunciamos todo lo que las detenidas estaban sufriendo, tenían todos sus derechos vulnerados”.
Cabe destacar que la inspección realizada por el perito arquitecto Sergio Daniel Negri y las profesionales de la Asesoría Pericial de Quilmes en el pabellón de admisión -el más afectado de los tres- concluyó con “la clausura inmediata, porque funcionaba en condiciones muy precarias poniendo en riesgo la integridad física de las detenidas y del personal de la penitenciaria”, contó el secretario ejecutivo. Es por eso que la magistrada Olszaniecki no dudó “en hacer lugar y dar curso al incidente de habeas corpus colectivo que presentamos desde nuestro organismo”.
“Lo concreto es que las mujeres allí alojadas, incluso varios niños y niñas que conviven con sus madres detenidas, padecían graves violaciones a sus derechos”, señaló el abogado. Continuó ahondando en que “todos estos riesgos a los que estaban expuestas son fácilmente evitables”, sin embargo permanecían en esa situación.
“Nosotros advertimos que en el pabellón de madres la comida se les entregaba cruda y en porciones escasas”, aseveró García. Allí las detenidas contaban con “una cocina en pésimas condiciones de higiene, con presencia de cucarachas, no les proveían elementos de limpieza, la conexión eléctrica era precaria, con los cables a la vista, en algunos casos al alcance de los niños y niñas”.
“En el pabellón de admisión las mujeres permanecían encerradas las 24 horas, estaban sometidas a un régimen de aislamiento muy estricto, no contaban con luz artificial, tampoco tenían griferías ni agua caliente”, detalló el secretario ejecutivo. Allí también la comida llegaba “cruda y en malas condiciones”, denunció.
Finalmente inspeccionaron el pabellón de separación del área de separación de la convivencia –buzones– y registraron “que faltaban los vidrios en ventiluces, no tenían calefacción”, aseguró García a este diario. No contaban con acceso a una “adecuada atención médica y, como en los casos anteriores, la comida era insuficiente, prácticamente cruda y muchas veces en mal estado”, se quejó el letrado.
El Anexo de Mujeres Unidad Penal 54 de Florencia Varela tiene en la actualidad 668 detenidas en 414 plazas, lo que implica una sobrepoblación del 61%. El sistema bonaerense aloja un total de 2.783 mujeres de las cuales el 58.7% se encuentran procesadas, es decir, aún conservan el principio de inocencia. Así lo indican los datos que figuran en distintas investigaciones realizadas por la Comisión Provincial por la Memoria.
Tanto el perito arquitecto Sergio Daniel Negri y las peritos de la Asesoría Pericial de Quilmes, la doctora María Rosa Mezzadri, las licenciadas María Laura Vairo y Verónica Urrutia -médica psiquiatra, trabajadora social y psicóloga- determinaron que las mujeres cautivas en esta cárcel bonaerense permanecían en el lugar con todos sus derechos vulnerados. Estas personas, profesionales en distintas disciplinas, fueron quienes recorrieron el lugar y entrevistaron a las detenidas en forma presencial.
En base a estos informes la jueza Gisela Verónica Olszaniecki -titular del Juzgado en lo Correccional N° 1 de Florencio Varela- pudo constatar todos “los puntos denunciados por nosotros y dispuso la clausura del pabellón de admisión por ser el más inhumano”, remarcó el secretario ejecutivo. También ordenó el cese del agravamiento en las condiciones de detención “de las mujeres alojadas en los otros dos pabellones examinados”, subrayó.
La jueza también ordenó que se hiciera saber al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires que: “como órgano de superintendencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, deberá verificar el cumplimiento de las medidas dispuestas en la resolución judicial”, aseguró el secretario ejecutivo. Señaló que en el fallo indicó “que el ministro preste total atención a la culminación de las tareas de refacción y suministro de servicios básicos”.
Por su parte, la Dirección de Salud Penitenciaria pidió que de manera urgente “se arbitren los medios necesarios para disponer que las internas alojadas en los pabellones de mujeres de la Unidad Penal 54 de Florencio Varela cuenten con el servicio médico adecuado”, contó el letrado. Finalizó diciendo que también deberán “extremar las medidas para contar con médico pediatra, que las internas tengan la asistencia psicológica y psiquiátrica correspondiente”.
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