Desde la Comisión Provincial por la Memoria explican que tanto el Ejecutivo bonaerense como el santafesino deben brindar una solución urgente a la problemática.
Por lo ocurrido, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe -de donde era oriundo el joven fallecido y otros usuarios- hizo una serie de recomendaciones al Poder Ejecutivo provincial, cuya Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia derivaba jóvenes con padecimientos de salud mental o consumos problemáticos a dispositivos en Buenos Aires.
“Cuando sucedió la muerte del joven en la comunidad terapéutica Centro Soltar, nosotros realizamos un monitoreo como mecanismo local de prevención de la tortura, el mismo relevó irregularidades administrativas y tratamentales”, aseguró Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. Siguió denunciando que también detectaron “sobremedicación en los usuarios del lugar y prácticas contrarias a las que indica la Ley de Salud Mental y Derechos del Paciente”.
También señaló que encontraron los “espacios de aislamiento extremo que usan como castigo y malas condiciones edilicias”. Además de realizar las presentaciones judiciales pertinentes, “informamos a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe sobre los jóvenes de esa provincia alojados en Ituzaigó, quienes fueron derivados por distintas dependencias del Poder Ejecutivo de esa provincia para que realicen tratamientos de adicciones a ciento de kilómetros de sus hogares y familias”, remarcó en relación a la afectación de los vínculos afectivos de las personas alojadas en este dispositivo de encierro.
Ante todo lo ocurrido la Defensoría se expidió y solicitó al Poder Ejecutivo de Santa Fe que arbitre los medios necesarios “para disponer de dispositivos en condiciones, que estén aptos para brindar la atención, tratamiento, abordaje de consumos problemáticos y salud mental que garanticen los derechos de los y las niños y jóvenes”, contó el secretario ejecutivo. Continuó relatando que también recomendaron “que se traslade a sus provincias -Misiones, San Luis y Santa Fe- a los jóvenes aún alojados en la comunidad terapéutica Centro Soltar junto a otros muchachos que son adultos y comparten los espacio de internación con ellos”.
“La Defensoría santafesina asegura que desde 2017 vienen solicitando al Poder Ejecutivo que reevaluara los planes de intervención que implican el alojamiento de niños, niñas y adolescentes en dispositivos que tienen convenios fuera de la provincia”, aseveró García. También pidieron que arbitraran los “medios necesarios para tener lugares y equipos adecuados en el territorio santafesino y de este modo evitar internaciones tan alejadas de sus familiares y afectos”.
La Ley 26.657 de Salud Mental, estipula que el presupuesto se tiene que ir incorporando desde el 1% hasta cubrir la pauta del 10% de toda la cartera de salud. Sin embargo, hoy a nivel nacional los datos presupuestarios prácticamente se desconocen porque se desglosan en diferentes lugares de las partidas presupuestarias. Es decir, la norma estipula que el porcentaje debería ser del 10%, pero que en realidad se destina menos que el 2%.
“En las últimas semanas la Defensoría santafecina volvió a hacer hincapié en estas cuestiones que derivan en graves violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, recordó el secretario ejecutivo. Continuó relatando que por eso “pedimos que se capacite a los agentes que trabajan en los dispositivos, funcionarios y profesionales estatales en materia de consumos problemáticos, salud mental y Derechos Humanos”.
Cabe destacar que en la comunidad terapéutica Centro Soltar, se detectó la ausencia del adecuado abordaje integral de la salud mental de los usuarios. “Los jóvenes están lejos de su casa, vigilados día y noche”, se quejó García. Apuntó que permanecen allí “sin acceso a educación ni a comunicarse con sus familiares y otros referentes afectivos, los someten al aislamiento extremo, malos tratos y violencia psicológica como castigo”.
“Tanto el Estado bonaerense como el santafesino tienen el deber de controlar este tipo de instituciones”, reclamó el secretario ejecutivo. Finalizó diciendo “porque ambas provincias delegan en estos dispositivos el cuidado, atención de la salud mental de una población de personas vulnerables que viven una pesadilla en estos lugares de encierro a diario”.
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