Misas por los muertos de la cocaína adulterada: más que una ceremonia religiosa, una forma de organizarse

Tras los 24 fallecimientos y decenas de personas internadas que se registraron a causa de la cocaína adulterada, en los partidos bonaerenses de San Martín y Tres de Febrero están realizando una cadena de misas por quienes resultaron víctimas. Cada vez que se reúnen surge el debate sobre la necesidad que existe de luchar contra los consumos problemáticos. Una de las ceremonias que se realizó durante los últimos días fue en la parroquia Nuestra Señora de Itatí, en Puerta 8, en la localidad de Loma Hermosa.

Más que una ceremonia religiosa: el propósito es incentivar a los vecinos a organizarse y ayudar a los consumidores y de ningún modo someterlos al control de un estado policial «porque es un problema de salud pública”. Además, en varias investigaciones judiciales queda en evidencia que son las mismas fuerzas de seguridad las que manejan el negocio de la venta de drogas en esos distritos del conurbano bonaerense.

La parroquia donde se realizó la misa está ubicada en la calle Catamarca al 2.000. Allí se reunieron familiares y vecinos, para rezar y pedir por sus seres queridos que resultaron víctimas de la droga adulterada. “Puerta 8 hoy está en todos los medios de comunicación y es nombrado con mucha ignorancia. No tienen idea de lo que dicen”, se quejó el Padre Adolfo. Remarcó, además, que “es un barrio de trabajadores”.

Después retomó la historia del lugar para contar que “nació después de la inundación de 1986”, y que sus primeros habitantes “fueron migrantes del norte del país”. El cura aseguró que ese territorio “no es un aguantadero de delincuentes y de narcotraficantes”. También alegó que “existen, pero que es algo que nos toca sufrir a los pobres”.

El Obispo Martín Fassi, expuso un interrogante durante la misa “¿Qué nos dicen las voces de los chicos muertos?” En ese momento las personas analizaron la situación y una mujer respondió muy indignada que “esto va a durar unos días en la televisión. Cuando ya no les interese y lo consideren una noticia vieja, nadie va a hablar del tema. Pero el problema continúa y ya no sabemos qué hacer”.

“Resulta muy injusto que tenga que morir gente para que reaccionemos y empecemos a hacer mejor las cosas”, reflexionó Fassi. “Esto invita a fortalecer las organizaciones en los barrios para que haya un sistema de contención para los jóvenes”, dijo el Obispo. También remarcó que “el Estado tiene que intervenir con fuerza para brindar una solución”. Explicó que ellos como Iglesia,” también tenemos esa responsabilidad de estar presentes”. Pero un barrio solo “no puede contra tanta injusticia, necesitamos ayuda para tratar el problemas de las drogas”.

“Todo lo que pasó tiene responsables y no se puede pretender encontrarlos en los consumidores”, aseveró Leonardo Grosso, diputado nacional del Frente de Todos y militante del Movimiento Evita, que también participó en la misa. Señaló que quienes manejan el negocio no están “en los barrios populares, que son los primeros y únicos señalados por los investigadores y la televisión”. El legislador explicó que observó al Poder Judicial” hacer lo mismo de siempre”, que consiste en llevarse a “unos cuantos perejiles sin tocar a los poderosos, verdaderos culpables de la comercialización de las drogas, que muchas veces resultan ser policías con protección de la justicia”, denunció.

En este sentido, seis años atrás, Tiempo realizó una investigación en estos territorios y pudo acceder a un expediente judicial firmado por la entonces titular del Juzgado Federal 2 de San Martín, Alicia Vence. La magistrada en esos momentos estaba estudiando la causa sobre narcotráfico en José León Suárez porque la tenía que elevar a juicio. No tardó en descubrir que los testigos que tenía que llamar a declarar eran ex policías que estaban presos desde el 24 de junio 2016 por negociar con los narcos de la villa La Cárcova. Se trataba de media docena de efectivos de la Policía Bonaerense que prestaban servicio en la comisaría 4ª. La investigación tuvo como resultado la detención del entonces comisario mayor, José Luis Santiso, que era titular de la Jefatura Departamental de San Martín. Fueron notificados por el mismo delito los tenientes Carlos Cesar Aguirre, Mario Maruri, también otros dos oficiales que ya estaban detenidos por otras causas de similares características y el principal Gabriel Cabral que permanecía prófugo.

Quedó claro que un sector de la Policía Bonaerense maneja el narcotráfico en los barrios. Se trata de un mecanismo criminal que funciona en el territorio de San Martín y Tres de Febrero. La causa detalla hasta los precios de las coimas que les cobraban a quienes distribuían por menudeo. Los uniformados les habían sacado droga a quienes la comercializaban y se la dieron a otros para que se la vendieran. Además, hay números de dinero de la época, que son los porcentajes de lo que deben pagar a distintas comisarías de la zona y a la Brigada de Drogas Ilícitas, entre otras. También se supo que tenían a una adolescente de 16 años que vendía drogas para ellos.

Trampa judicial

Juan Manuel Casolati, es abogado y además trabajó más de 30 años en el Poder Judicial de San Martín y confió a este diario que desde la Defensoría “denunciamos varias veces ante la Fiscalía 16 la complicidad policial en la venta de drogas”. Subrayó que nunca tomaron “cartas en el asunto. Hoy lamentamos 24 personas fallecidas, decenas de internadas y familiares haciendo misas por sus seres querido”.

El letrado explicó cómo funciona la trampa judicial. Señaló que a las personas que fueron presas en los allanamientos que se realizaron durante los últimos días “les dictarán prisión preventiva y luego les ofrecerán firmar un juicio abreviado”. Mientras, esperan en las cárceles y después de un buen tiempo “les proponen una pena mínima de cuatro años” y los acusados “se declararán culpables de los cargos”. Agregó que el ofrecimiento de la justicia llega justo cuando “los detenidos llevan más de dos años presos y terminan firmando” porque de ese modo “automáticamente se van en libertad condicional u otro beneficio”.

Cabe destacar que el artículo 338 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, refiere que las personas procesadas en causas penales, tienen la posibilidad de firmar un arreglo con la Justicia.

Internas y ajustes de cuentas

En el diálogo que Tiempo mantuvo con la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires un vocero explicó que ”estos tipos de casos sólo salen a la luz cuando hay internas entre los funcionarios que forman la banda narco. Algo tuvo que haber pasado entre ellos para que se desate el episodio de la cocaína adulterada”. Enfatizó que en los últimos tiempos “quedaron al descubierto una serie de homicidios en la zona de San Martín, producto de la ‘narcocriminalidad’. Son casos donde los arncos matan a personas que viven en el barrio donde operan y quedan impunes por la complicidad policial”. Algunas veces porque “se tirotean entre ellos y muere el que pase cerca”. Pero en su gran mayoría “por ajustes de cuentas”.

Un muchacho que estuvo en la misa por las 24 víctimas contó a este diario que en su barrio primero apareció “un pibe tirado en la Calle 5. Al poco tiempo encontraron a mi primo en el piso con espuma y sangre en la boca”. Y continuó contando muy angustiado que estaba “todo morado, ya no respiraba y lo revivieron en el hospital”. En principio les habían dicho que tenía muerte cerebral, “pero ahora está en las manos de Dios, permanece en terapia intensiva”. El hombre aseguró que murieron “varios conocidos de distintos barrios de la zona, pero no podemos decir nada porque los narcos te matan a balazos y la policía los defiende”.

Muchísimas otras causas judiciales muestran el mecanismo criminal que ejerce un sector de la Policía Bonaerense -con complicidad judicial- en estos distritos. Todas ellas fueron recopiladas por Marcelo Sain, y posteriormente puestas en su libro “Por qué preferimos no ver la inseguridad”, publicado en 2017. Sin embargo, hasta el momento no se ha tomado una decisión sería al respecto.

“El consumo problemático de sustancias necesita una respuesta integral por parte del Estado urgente”, dijo Lis Díaz, concejala de Tres de Febrero por el Frente de Todos. También comentó que es referente de “un espacio que trabaja con  personas con consumos problemáticos”. Después de la misa concluyó que bajo ningún punto de vista “se resuelve estigmatizando a las personas pobres, ni a los barrios populares como vimos durante todos estos días”.