Un informe de la UCA da cuenta de las "víctimas invisibles" de un sistema penal que aumenta exponencialmente.
¿Cuáles son las consecuencias del encarcelamiento de los padres en el desarrollo infantil, en el acceso a estructuras de oportunidades y recursos humanos y sociales?, se pregunta la Coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia Ianina Tuñón. En tanto que Martín Coria, Director regional América Latina y el Caribe Church World Service, afirma que “las consecuencias del encarcelamiento de un familiar, especialmente de madres y/o padres, acompañan a los mismos el resto o buena parte de sus vidas”.
Los NNAPES son los niños y niñas y adolescentes que tienen un familiar directo encarcelado. El número que se maneja en el documento para la Argentina es de 146.112, sin embargo, dado que la cantidad de presos asciende a cerca de 100 mil personas, es claro que esa cifra es mayor. Sin embargo, la relevancia del estudio es que estudia las características de esos niños y cómo se ven especialmente afectados sus derechos por el hecho de que un familiar se encuentra entre rejas.
La inmensa mayoría de los NNAPES se encuentra en sectores urbanos, de hecho, uno de cada tres (38,5%) reside en el Gran Buenos Aires, el 9,3% en el Gran Rosario, el 5% en el gran Córdoba. Poco más de la mitad vive en villas o áreas urbanas consideradas vulnerables. “En la gran mayoría de los hogares de los NNAPES se observa la presencia de un clima educativo bajo y un alto nivel de informalidad laboral, además de ser hogares que se encuentran en medios socio-residenciales precarios”, explica el informe.
En la comparación que el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina realiza sobre estos niños y niñas con aquellos que viven en similares condiciones sociales pero sin familiares presos, el informe da cuenta de que se encuentran “más expuestos”. En otras palabras, son el grupo más vulnerable dentro de los más vulnerables. No sólo en términos de pobreza y de inseguridad alimentaria, sino también de educación, acceso a planes sociales y suman una fuerte estigmatización.
En el espacio educativo también se revela mayor desigualdad social, el informe muestra que el 13,6% de los NNAPES en edad escolar no asiste a ningún establecimiento educativo, el 19,2% asiste pero con sobre-edad, el 2,5% repitió algún grado o año.
En sus conclusiones el informe expresa que el contexto de vulnerabilidad social en que viven la mayoría de los niños, niñas y adolescentes con un familiar detenido se ve acentuado por esta situación. Este informe, que muestra la necesidad de que el Estado se haga presente para acercar ayuda y soluciones a estos niños y niñas, llega en momentos en que desde el gobierno busca bajar la edad de imputabilidad.
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