Qué, dónde y cómo podrá construirse, eso es lo que se debate por estos días en la Ciudad de Buenos Aires, en audiencias públicas donde organizaciones vecinales expresan su rechazo a los proyectos de nuevos códigos Urbanístico y de Edificación que impulsa el gobierno porteño. La discusión sobre el primer corpus normativo –que para sus detractores sólo persigue la continuidad y extensión del negocio de los grandes desarrolladores inmobiliarios, en detrimento de la protección patrimonial y la identidad de los barrios– comenzó la semana pasada y seguirá este miércoles. Este lunes fue el turno del Código de Edificación.
Dos argumentos centrales aglutinaron los reclamos de los vecinos –hay unos 250 inscriptos para exponer– en el inicio de la audiencia en el Salón San Martín de la Legislatura. Uno es la virtual disolución de los parámetros de accesibilidad de las nuevas viviendas.
“Pretenden reducir costos constructivos a costa de nuestra calidad de vida”, sostuvo Eduardo Joly, presidente de las Fundación Rumbos, una asociación civil que impulsa políticas de accesibilidad y hábitat inclusivo. “No podremos ni habitar ni visitar a quienes vivan en las nuevas viviendas. La accesibilidad física se verá restringida a quienes ya cuenten con ella, ya sea en sus viviendas, lugares de estudio o de trabajo, comercios, restaurantes, escuelas, clínicas o consultorios. Ya que las nuevas construcciones podrán justificar su inaccesibilidad gracias a este código”.
Otro elemento distorsivo del proyecto oficial es que habilitaría la construcción de microambientes de hasta 18 metros cuadrados de superficie. Stella, una vecina de Caballito, desplegó durante la audiencia pública una figura de papel afiche de ese tamaño, para poner en evidencia las restricciones espaciales que supondría la proliferación de viviendas de esas características.
Como en otras audiencias, los carteles manifestaron las inquietudes de los asistentes respecto de una iniciativa consensuada no con los vecinos porteños sino con las corporaciones de la construcción y el real state. “Código regresivo no garantiza la accesibilidad”, decía uno. Otro: “Viviendas para familias, no para inversores”. Un tercero: “Lobby empresarial + legisladores dóciles = entorno no inclusivo”.
María José Lubertino, directora ejecutiva de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos: resumió las principales objeciones al proyecto: “Es un retroceso en materia de accesibilidad; destruye el patrimonio y permite construir encima de los edificios catalogados; permite microdepartamentos para favorecer el negocio inmobiliario y menos ventilación, empeorando la calidad de vida; y en las escuelas achica la superficie de las aulas, promoviendo el hacinamiento”.
Para Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, el proyecto de Código de Edificación “delega en el Ejecutivo la potestad inconstitucional de modificarlo a través de reglamentos técnicos, además de flexibilizar la protección de los inmuebles con valor patrimonial. No va a hacer bajar los precios de las viviendas, sino que vamos a vivir en espacios más chicos. El negocio es de las inmobiliarias”.
