El tribunal oral federal número ocho hizo lugar a un pedido de Cristina Fernández de Kirchner para tratar en audiencia pública un planteo de nulidad de la causa por el memorando de entendimiento entre la Argentina e Irán para avanzar en la investigación por el atentado contra la AMIA, a raíz de la intervención de los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, asiduos visitantes del ex presidente Mauricio Macri.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces María Gabriela López Iñiguez, José Antonio Michilini y Daniel Obligado, ante un planteo que habían formulado CFK y  el ministro bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque.

El tribunal, además, aceptó una serie de medidas de prueba propuestas por el abogado de Cristina Kirchner, el penalista Alberto Beraldi.

La resolución admitió “el libramiento de oficio al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5 requiriendo copia de la causa 8991/2019 “Macri Mauricio y otros s/asociación ilícita”, en especial la declaración testimonial la Señora Jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana Figueroa”.

Figueroa fue la jueza que denunció en una entrevista que el ex representante del gobierno de Cambiemos en el Consejo de la Magistratura Juan Bautista Mahiques la había visitado para interiorizarse sobre la Causa Memorando.

El tribunal también aceptó requerir “las constancias vinculadas con la totalidad de las visitas recibidas por el ex Presidente de la Nación en la Casa Rosada y en la residencia de Olivos, en su período de mandato presidencial”.

Además, los jueces pidieron al Consejo de la Magistratura que “informe si existen denuncias contra los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a raíz de las visitas efectuadas por los nombrados a la Quinta de Olivos y a la Casa de Gobierno”.

La causa Memorando se inició por denuncia del difunto fiscal Alberto Nisman y fue desestimada en dos oportunidades por el juez federal Daniel Rafecas.

Sin embargo, en diciembre de 2016, la Cámara de Casación –con las firmas de Hornos y Borinsky- aceptó a la DAIA como querellante, reabrió el expediente y le asignó la investigación a juez federal Claudio Bonadio.

Varios de los imputados por Nisman e incluso algunos que ni siquiera estaban mencionados fueron procesados, algunos terminaron presos y el ex canciller Héctor Timermann murió porque no pudo continuar su tratamiento contra el cáncer porque Estados Unidos le restringió la entrada al país por el procesamiento.

El tribunal resaltó su decisión de “publicitar y transparentar el trámite incidental y la solución a la que en definitiva se arribe” y justificó: “Ello responde también a una exigencia proveniente de una sociedad que en su conjunto nos interpela como operadores y operadoras de una justicia permanentemente cuestionada”.