En días en los que tanto miembros del oficialismo como de la oposición avanzan en una modificación de la Ley de Alquileres atribuyéndole a la norma supuestos motivos del descalabro de los precios, las cifras de un estudio realizado en el AMBA por algunas de las organizaciones sociales más reconocidas del país ofrecen un diagnóstico tan preciso como alarmante: más de la mitad de los hogares inquilinos sufren aumentos por fuera de lo que establece la ley y se endeudan para pagarlos. ¿Qué hacer? Para las creadoras del estudio la solución no es dejar el problema en manos del mercado sino que el Estado intervenga y regule.
En noviembre de 2022, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Geografía de la UBA, el CEUR-CONICET, la Escuela IDAES (UNSAM) y la Red Contested Territories realizaron un relevamiento sobre la situación de los hogares inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires. Los resultados revelan una situación de precariedad económica y habitacional, que incluye una brecha de género ya que se profundiza en el caso de los hogares sostenidos por mujeres.
Como sostienen desde ACIJ, las cifras evidencian una creciente segmentación: un mercado de residencia permanente que funciona de manera cada vez más precaria, en paralelo a un mercado volcado al alquiler temporario, dolarizado, que es el que crece. Léase: Airbnb.
Inquilinos: vivir para trabajar o trabajar para vivir
Hay otro dato clave del informe que narra la época actual de la sociedad argentina: mientras que en 2021 el 57% de los principales sostenes de hogares inquilinos trabajaba, en 2022 esa cifras sube al 63%. Es decir que creció el empleo. Sin embargo, cada vez se endeudan más para pagar el alquiler. El problema hoy no es tanto (y subrayemos ese «tanto») la desocupación, sino que más bien un solo trabajo no alcanza para solventar el costo de vida, donde el alquiler mes a mes ocupa mayor protagonismo en los gastos del hogar.
La encuesta refleja precisamente uno de los principales problemas socio económicos de hoy: el aumento de la incidencia del alquiler en relación a los ingresos. Hay un 6% más de inquilines empleados que en el año 2021, pero lo que ganan alcanza cada vez para menos. A pesar de trabajar más, destinan una porción cada vez más alta de sus ingresos a pagar el alquiler. Mientras que en el 2021, el 24% de los hogares destinaba más de la mitad de sus ingresos, en 2022 esa proporción de hogares aumentó al 32%.
Esto también se refleja en los niveles de endeudamiento. El 63% de los hogares admite estar endeudado con familiares o particulares y la mayor parte de esa deuda es utilizada para pagar el alquiler. «Se observa un endeudamiento sostenido con familiares, amigues o prestamistas particulares (el 51% admite esta práctica) o con bancos (el 35% dice que se endeudó o pidió adelanto)», enfatizan.
Los hogares cuyo principal sostén son mujeres están más endeudados en general: en particular con familiares y amigos. Así lo dice el informe: «los hogares sostenidos por mujeres se encuentran en una peor situación financiera que los sostenidos por varones. Están más atrasados tanto en el pago de impuestos y servicios como de tarjetas de crédito, fiado en comercios, préstamos bancarios e informales. También están más endeudados en general, y en particular más endeudadas con familiares y amigues: 55% vs 46%. Además, tienen menos capacidad de ahorro».
El mercado de alquileres de residencia permanente ofrece soluciones habitacionales cada vez más precarias. El 35% de las personas inquilinas respondió que no alquila una vivienda completa, sino una habitación, y más de la mitad lo hace sin contrato escrito. En paralelo, crece un mercado de alquiler de viviendas temporarias en dólares. Son viviendas que dejan de estar disponibles para las y los residentes permanentes «y presiona sobre las condiciones del conjunto de la oferta».
Una ley apuntada por el mercado
«Desde la sanción de la Ley de Alquileres, algunos discursos muy presentes en la agenda pública la señalan como la culpable de los problemas actuales del acceso al mercado de alquiler, obviando, entre otros factores determinantes, el contexto macroeconómico de altísima inflación y devaluación«, resaltan las organizaciones.
Sostienen que la ley fue sancionada justamente porque el mercado funcionaba mal y los hogares inquilinos demandaban más protección: «La norma fue un avance para lograr condiciones mínimas de estabilidad y previsibilidad». La norma, sancionada a mediados de 2020, aumentó los contratos a tres años, con un aumento anual y un mes de garantía; y estableció un mecanismo para evitar que los aumentos queden librados a la negociación entre partes claramente desiguales. «Sin embargo, el Estado omitió toda acción para hacer efectiva la aplicación de una ley que, así, quedó librada a la voluntad de quienes la resisten: inmobiliarias y propietarios».
Tampoco hubo un avance en la construcción masiva de viviendas sociales, ni en la compra de inmuebles ociosos para ponerlos en alquiler, o en la regulación de los precios, como se propuso en países europeos.
Desde ACIJ concluyen que la respuesta para la situación cada vez más dramática de quienes alquilan no es menos regulación: «por el contrario, es un Estado con un rol activo y protagónico en el mercado, que garantice el derecho a la vivienda«. Algo tan esencial como quimérico en la Argentina de hoy.
