Hace unos meses fue noticia que el agua de lluvia no es segura para el consumo en ningún lugar del mundo, está contaminada. Y aunque la sensación que deja el dato es de tristeza, desde la vida urbana es difícil imaginarse que haya personas en Argentina que accedan al agua de esta manera o de otras alternativas que no sean abrir una canilla. Sin embargo, es la realidad para 18 comunidades rurales de la provincia de Salta, más de 4.000 personas de las cuales 400 son niñas y niños y que además pertenecen a la nación Wichí. Así lo cuentan las organizaciones Pata Pila y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), tras un relevamiento realizado en las localidades y parajes unidos por la Ruta Provincial N° 81 en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia.
Agua que no has de beber
Las entidades -que conforman “Infancia en Deuda”- entrevistaron a 9 comunidades indígenas salteñas en Kayip, Kilómetro 92, Lote 8, Lote 6, 15 viviendas, Ranchitos, Artesanos, La Curvita y 20 hectáreas. También un paraje criollo, Finca Gonzalez y Hermanos. Según detallaron en un comunicado, “ninguna de las 9 comunidades visitadas cuenta con red de agua. Solamente existe un proyecto para llevar la infraestructura a 3 de ellas y sufre demoras injustificadas de forma constante”. Entonces ¿cómo acceden al agua apta para consumo humano? Por medio de camiones cisterna que llegan una vez a la semana o cada quince días. “Esta situación es irregular e insuficiente y la seguridad del agua se encuentra comprometida, vulnerando las normas del Código Alimentario Argentino”, señala el comunicado. Ello debido a que el agua que reciben, además, tiene elevados niveles de arsénico (es salada) y produce enfermedades derivadas de su ingesta, como diarrea e hinchazón abdominal.
Durante el relevamiento, se acercaron también comunidades de diversas zonas aledañas que denunciaron a las organizaciones la falta de todo tipo de infraestructura hídrica, insuficiencia de la provisión de emergencia que brinda el Estado de forma irregular e incumplimiento de las obras comprometidas.
Una emergencia que no fue atendida
Desde hace casi 3 años, los departamentos salteños de Orán, San Martín y Rivadavia declararon la emergencia sociosanitaria pero el Estado aún no tomó las medidas necesarias para garantizar el acceso a los derechos básicos como al agua potable. La coalición Infancia en deuda encuentra relación directa entre el alto grado de mortalidad infantil en la zona con la escasez de recursos hídricos. Así, difundieron que “durante el primer trimestre de este año fallecieron, en la provincia, 79 niñas y niños menores de 5 años, 44 en los departamentos del norte”. Señalan que de los datos del censo 2010, resulta que el 10,1% de los pueblos originarios utilizaba agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia, siendo del 1,2% a nivel provincial; el 7,1% poseía perforación con bomba a motor frente al 2,8% provincial y el 6,2% realizaba el transporte por cisterna, alternativa que a nivel provincial representa apenas el 0,3%. “La provisión del agua por cañería dentro de la vivienda era del 43,9% entre los hogares con indígenas, es decir, 32 puntos porcentuales por debajo de la media provincial que alcanzaba el 76,5%”, manifiestan. “En definitiva, existen numerosas comunidades sin un real acceso al agua pero también las comunidades que sí pueden acceder, lo hacen en condiciones muy inferiores al resto de la población provincial”, afirman en el comunicado.
Las organizaciones presentaron una serie de notas dirigidas al Ejecutivo de Salta, ministerios nacionales con competencia en materia de agua y salud, “así como ante organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes para que intervengan de forma urgente y den una solución a esta problemática gravísima de derechos humanos”, informaron.
Cómo viven las comunidades originarias en Salta
La investigación llevada a cabo por Infancia en deuda asegura que hay diferencias sustanciales entre las condiciones de vida y el acceso a los servicios de la población indígena y la media de la provincia. “Esta situación restringe sus derechos humanos integrales como el acceso a la educación, la salud y la justicia en condiciones de igualdad y dignidad humana”, dice el informe.
Según datos del INDEC del año 2015, el 6.5% de la población salteña se reconoce indígena o descendiente de indígenas, una de las más altas del país. En la actualidad, 14 pueblos originarios habitan la provincia de Salta: Chané, Chorote, Guaraní, Nivaclé o Chulupi, Tapiete, Q’om y Wichí, Kolla, Diaguita-Calchaquí, Lules, Atacama, Tastiles, Iogys y Weenhayek.
“La introducción de la ganadería extensiva y el avance de los obrajes y carbonerías produjo un deterioro ambiental significativo y el desplazamiento de las poblaciones indígenas a zonas inhóspitas”, señala el informe. En la actualidad, el territorio que habitan los Wichí comprende las provincias de Salta, Chaco y Formosa, también el sur de Bolivia. “Habitan, mayoritariamente, en el ámbito rural y cuando se instalan en las ciudades, suelen ocupar lugares marginales. Las condiciones de vida de este pueblo son críticas pues presentan los índices más altos de desnutrición infantil, repitencia y sobredad en la escuela y desempleo”, describen. También deben considerarse factores culturales y la falta de políticas públicas focalizadas en la población indígena.
