La máxima autoridad de la Universidad de Tres de Febrero revela cómo impacta el ajuste en el funcionamiento cotidiano. A pesar de esto, hay récord de alumnos inscriptos para las carreras.
Dificultades de los alumnos de poder ir a estudiar, autoridades y docentes que ponen de su bolsillo para hacerse cargo de tareas o insumos, tarifas millonarias de luz y gas; recorte de programas de investigación; becas que no superan los 20 mil pesos. El planteo de Kaufmann va en línea con el que compartieron sus pares a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En un comunicado emitido esta semana, cuestionaron que “no ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo” por parte del gobierno, que “la situación hoy es más crítica que a comienzos de año” y que “al mismo tiempo que se amenaza con el veto (a la Ley de Financiamiento Universitario), se eleva al Congreso un proyecto de presupuesto para el 2025 que agrava aún más la situación”. Sobre este punto, un dato que impacta: “nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Y ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades”.
–¿Qué diferencia a la actual crisis de otras previas que afectaron a las universidades?
–Creo que es mucho más drástica que otras. En los últimos 20 años no hubo una situación como la que estamos viviendo. En su momento en abril tuvimos la necesidad de mejorar los gastos de funcionamiento y parcialmente se cumplió, pero hoy el tema principal son los salarios de docentes y no docentes, muy por debajo de lo que deberían estar.
–¿Qué cambios debieron implementar en el funcionamiento de la universidad en función de esta situación?
–Tuvimos que racionalizar mucho la oferta académica, y eso genera problemas para los alumnos. Todavía no vivimos renuncias de docentes, pero no podemos abrir todas las materias que quisiéramos. Porque tenemos una planta estable y docentes específicos que contratamos para algunas asignaturas: ahí tenemos que racionalizar bastante. Crece la oferta virtual y hay cuestiones que estamos obligados a modificar y achicar. Como ofertas de posgrado y cuestiones prácticas como el tema de la seguridad: tenemos un contrato, una licitación con una empresa, y nos está costando mucho cubrirlo. Ya hay menos personal.
–¿En qué medida impactan el aumento de tarifas y otros incrementos en los gastos?
–Las tarifas han impactado mucho. Lo otro que impactó mucho son las obras paradas. Teníamos dos obras importantes que se estaban haciendo: un edificio en un 50%, que está parado absolutamente, y otra obra que estaba licitada y adjudicada y nunca se pudo iniciar. Son aulas, un edificio académico y otro para terminar el campus de la universidad. Parte se hizo con recursos que teníamos, cuestiones básicas de agua y electricidad, y ahora estamos viendo con la Provincia de Buenos Aires si podemos hacer algún acuerdo para terminarlo.
–En este contexto, ¿cómo está la cantidad de alumnos y alumnas de la actual cursada?
–La inscripción que tuvimos para este año fue la más importante de la historia de nuestra universidad (fundada en 1995). Es algo que pasa: cuando hay crisis la gente busca formarse, capacitarse. También tuvimos después una deserción importante. Pero no modifica sustancialmente la situación de otros años.
–¿Cuál es el clima entre estudiantes en relación al conflicto?
–Es algo de lo que hablan solo algunos sectores, los más politizados. Si uno compara la cantidad de alumnos con los que participan, es muy baja. Es algo propio de años anteriores también. Pero el clima previo a la marcha se nota y a la marcha de abril fue muchísima gente de nuestra universidad.
–¿Qué impacto tienen los ataques del presidente Milei a quienes hacen ciencia en el país?
–Los docentes por supuesto que se sienten denigrados. Tanto por la cuestión básica de sus salarios como por la falta de reconocimiento. Hay que tener en cuenta que en los últimos 20 años el sistema universitario creció mucho. Con problemas, pero siempre en crecimiento. Hasta en el gobierno de (Mauricio) Macri, más allá del ajuste. Este corte abrupto nos tiene a todos muy movilizados y sin saber bien qué va a suceder.
Tras el paro de 48 horas del jueves y viernes, se espera una nueva gran movilización el miércoles 2 de octubre, con el posible (y anunciado) veto presidencial a la Ley de Financiamiento.
«La ley que defendemos establece la actualización por inflación de las partidas presupuestarias de las universidades para funcionamiento, investigación, extensión, becas con retroactividad a diciembre de 2023. Del mismo modo, contempla la actualización de salarios docentes y no docentes desde el 1° de diciembre de 2023 y hasta diciembre de 2024 según el índice de precios oficial acumulado en el período. Las públicas amenazas de veto del presidente Milei y su funcionario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, pusieron en alerta a toda la comunidad universitaria. Para el sistema universitario asigna solamente 3,8 billones de pesos (casi la mitad de los 7,2 billones solicitados por el CIN para todo el 2025), condenando al congelamiento salarial de sus trabajadores y trabajadoras», declaró a Acción Coop Claudia Baigorria, secretaria de Formación de la Conadu Histórica.
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