Los sistemas de salud comprenden el conjunto de instituciones, recursos y personas involucradas en el financiamiento, organización y prestación de servicios de salud a nivel nacional, tal como dictaminó la Organización Mundial de la Salud. El reconocimiento de la naturaleza esencial de la atención de salud llevó a que varios países, durante el siglo pasado, optaran por el desarrollo de sistemas nacionales públicos de salud. El caso paradigmático es el Sistema Nacional Inglés (National Health Service), creado en 1948.

Este tipo de sistema de salud se organiza a partir de los fundamentos de universalidad, solidaridad e igualdad; es decir, en el principio redistributivo que posibilita el acceso universal. Se trata, por lo tanto, de sistemas accesibles para todxs lxs ciudadanxs, financiados de manera solidaria a través de impuestos obligatorios.

Se los considera más eficientes que otros modelos, pero además más justos, ya que garantizan la atención a todas las personas pudiendo dar respuesta a las patologías de alto costo sin negarla atención ni tampoco restringiendo el acceso. La única distinción que es aceptable en un sistema nacional de salud es la relativa a las necesidades de atención.

En la Argentina, sin embargo, la cobertura depende de las capacidades financieras de cada ciudadanx, y esto se acentúa ante la baja incidencia de las políticas públicas en la compensación de tales desigualdades. Esta limitación está relacionada con la fuerte incidencia de las corporaciones con mayor presencia en el sector sobre decisiones claves de las políticas sectoriales.

El constante crecimiento de los gastos ha sido y es uno de los principales problemas en todos los sistemas de salud. Los economistas han caracterizado al sector como un mercado imperfecto, debido a sus innegables trazos de incerteza e información asimétrica y poco transparente.

Todos estos temas, en alguna medida, han sido objeto de regulación por parte del Estado. En la Argentina, Jorge Katz y Alberto Muñoz (1988) describieron de forma muy clara el funcionamiento del sistema de saluda partir de mostrar cómo “la mano invisible” del mercado no actúa como se prevé en la teoría y la sociedad debe recurrir a la “mano visible del Estado”.

Estudiosos del sistema de salud de distintos países mostraron que los peores resultados en términos de acceso, gasto y resultados de salud se encuentran en el sistema norteamericano. “Estados Unidos es el único país de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) donde el seguro de salud voluntario representa el principal sistema de financiamiento y cobertura de salud para la mayoría de la población (Banco Mundial, 2012). No existe país en el mundo que proporcione atención de salud universal a través del mercado y que genere beneficios. Ello porque los mercados operan a través de la selección y la exclusión, transfiriendo riesgos y costos a los usuarios de los servicios, y negando la atención a quienes más lo necesitan” (Pollock, 2016, p. 7). 

En definitiva, no hay evidencia empírica que demuestre que los procesos de privatización de los sistemas de salud hayan mejorado la eficacia y eficiencia de los mismos en términos de reducción de gastos y mejoras en la calidad de la atención.

Los sistemas orientados por el sector púbico adquieren mayor escala y, por lo tanto, tienen la capacidad de ampliar su productividad. A su vez, cuentan con mayor capacidad de controlar los precios, lo que les permite ejercer un mayor control del gasto en el sistema.

En efecto, el control de gastos es un freno importante a las tendencias inflacionarias sobre los precios en el mercado de la salud. De esta manera se plantea un escenario de mayor previsibilidad para todos los actores que forman parte del sistema (prestadores de salud, proveedores, intermediarios, instituciones financieras, proveedores de equipamientos e insumos) y, principalmente, reduce las barreras de acceso en términos financieros para quien precise de atención.

Las grandes reformas de sistemas de salud no son frecuentes y en la Argentina han encontrado fuertes resistencias. El principal desafío que se nos presenta es poder construir un debate que garantice la participación de todas las organizaciones involucradas en el sistema y de la sociedad en su conjunto. La discusión debe estar orientada a revisar lo que sucede en muchos otros aspectos del funcionamiento del sistema de salud argentino.

¿Cuál es la dimensión adecuada de cada subsector (público, privado y de las obras sociales sindicales) y cuáles son las diferencias admisibles entre estos?¿Qué características debería adquirir el subsector privado para tener un comportamiento solidario y contribuir a la equidad? ¿Qué diferencias en el acceso a la salud estamos en condiciones de aceptar? ¿Cómo generar una integración para que sea posible una compensación más adecuada de los gastos? ¿Cómo lograr un uso racional de los recursos y mejorar la transparencia en la asignación? ¿Cómo integrar los sistemas de información existentes en los subsectores para una apropiada planificación y toma de decisiones? ¿Cómo adecuar las rentas extraordinarias de algunos subsectores? ¿Cómo garantizar un acceso adecuado para toda la población?

Como se ha dicho, está demostrada la conveniencia de contar con un sistema de salud con un fuerte componente púbico. La transformación necesaria para llegar al mismo requiere de una fuerte voluntad política debido a los múltiples intereses en juego.

*María José Luzuriaga es doctora en Salud Colectiva (Universidad Federal de Río de Janeiro, UFRJ). Docente e investigadora de la Universidad de Lanús (UNLa). Integrante de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS).