Los rostros detrás de las investigaciones que corren peligro por el ajuste

El número frío dice que 385 científicos lograron entrar a la carrera de investigador del Conicet. Otros 489 becarios fueron recomendados, tuvieron dictamen favorable en sus evaluaciones, pero no pueden ingresar por el recorte presupuestario. Es el número más bajo de ingresantes en diez años y representa un ajuste del 60% comparado a los 900 ingresos de 2015, que el gobierno actual califica de “excesivos”. A los que quedaron afuera, el ministro Lino Barañao les ofreció extenderles sus becas o reubicarlos en otras instituciones, pero ninguno en el Conicet.

Pero detrás de esas cifras hay personas, proyectos, años de formación desechados. Seis de los becarios marginados hablaron con Tiempo en el hall del ministerio que, de manera inédita, cientos de ellos tomaron el pasado lunes. Seis fotos que componen la película de un país que no es el que era.
Un trabajo

Mientras dura la toma, en los grandes medios la noticia principal es Ganancias. Ahí está puesta la energía de los sindicatos, quizás porque nadie toma a los becarios como trabajadores. Llegan a los 35 años, tras doctorados y posdoctorados, sin obra social, aguinaldo ni aportes, ganan menos de 15 mil pesos y además les exigen exclusividad.
Julieta Haidar es docente universitaria y, desde 2015, doctora en Ciencias Sociales. Trabaja en el Instituto Gino Germani y su tema de análisis es, justamente, el de los sindicatos. Quienes quieren entrar al Conicet deben presentar un proyecto de investigación. El de ella apuntaba al sindicalismo empresarial, “aquel fenómeno que en los ’90, frente a las reformas de mercado, llevó a varios sindicatos poderosos a adaptarse y participar activamente. Formaron AFJP, ART, pasaron a ser empresarios. Fue una situación paradójica, rica para analizar.”

A Julieta le queda un año de beca posdoctoral. Si intenta volver a presentarse en 2017 tendrá otro inconveniente. El sistema del Conicet establece “de manera antidemocrática” que se puede entrar hasta los 35. Ella tiene 37. Este año su dictamen favorable dice: “con excepcionalidad de edad”.

Papeles

A Julieta le alarma que el propio Barañao relacione la actividad científica sólo a la redacción de papers: “Lanzan documentos que hablan de exigir ciertos niveles de productividad, de premios y castigos, de diseñar un nuevo perfil de investigador que sea casi un empresario.” El propio Conicet impulsa que se presente la mayor cantidad de “papeles” posibles, para sumar puntos. Pero al momento de los dictámenes de las juntas, el impacto social de la investigación es una línea que no se evalúa.

Lo sabe Pablo Arístide, doctor en Biología y Medio Ambiente, que presentó un proyecto para radicarse en Iguazú, donde pensaba indagar en las estrategias de los agricultores familiares en la conservación del bosque nativo y la agricultura sustentable, en un norte sitiado por el avance de la frontera agropecuaria. A la soja omnipresente se suma en Misiones el imperio del pino. La expulsión de las poblaciones ante los empresarios que avanzan frente a la tenencia precaria de las tierras, no escapa a su análisis. “Si el Conicet me niega el ingreso y tengo que irme a Europa, deberé cambiar toda mi línea de investigación.”
Arístide está encerrado en un círculo vicioso: en el Conicet no evalúan ese impacto social sino las publicaciones que logre en revistas extranjeras, donde para publicar debe pagar en dólares. Esas revistas –que son manejadas por dos grandes editoriales– lo rechazan porque lo suyo “es de interés local y no le interesa a nuestros lectores”.

Investigaciones molestas

Yanina Martínez, con formación en biotecnología, se presentó este año en el Conicet para avanzar en la obtención de antioxidantes de plantas medicinales, como los polifenoles o los taninos en la uva, con efectos antiinflamatorios y antirreumáticos. “Proponía encapsularlos, para generar una liberación prolongada en el tiempo, y no estar a cada rato tomándose un antiinflamatorio.” Revela que “ya pasó” que un grupo de la UBA investigó el cedrón y sus efectos para bajar el colesterol, y no tuvieron respaldo: “El tema son las investigaciones que molestan. Si estudiás un fármaco de origen natural que compita sin efectos secundarios con uno que ya está en el mercado, más barato, y encima lo hiciste con el subsidio de tu país, eso molesta. Más ahora que el gobierno está fuertemente financiado por estas industrias.”

Andrés Stagnaro, doctor en Historia, estudia los usos de la justicia laboral. Planteó investigar la etapa posterior a la caída del primer peronismo, donde el recurso adquiere un tamiz político y colectivo, y halló una constante a lo largo del último siglo. Ya en 1908, ante una consulta del Departamento Nacional de Trabajo para crear algún tipo de conciliación entre empresa y trabajador (la justicia laboral la creará luego el peronismo), “la UIA respondía que eso iba a aumentar los costos laborales de las industrias argentinas, y que el país no estaba preparado para tener derechos sociales. Ese justificativo es una constante hasta hoy”.

Problema estructural

Para Fernando Garelli, esa “ciencia empresarial” que impulsa Barañao se traduce en dar mayor importancia a las líneas de nanotecnología, biotecnología y software. Mientras, hablan de enviar científicos relegados a empresas privadas. Su doctorado en Biología y Salud apuntó a estudiar una problemática tan actual como el dengue. Pero su enfoque biológico no alcanzaba para explicarla. Era necesario ampliar la mirada y su equipo decidió encarar al dengue desde lo educativo. “Los enfoques de las campañas tienden al bombardeo, al ‘qué hiciste hoy’. Los cacharros, por ejemplo. Pero lo que hay que hacer no es algo único ni igual en todos lados. Cada contexto es diferente. No es un problema individual, es estructural”. Lo presenció en Clorinda, Formosa. Fue pensando en los cacharritos, pero llegó y el tema era otro: “La gente no tenía agua. Entonces la juntaban en grandes tanques de 500 litros. Y la mayoría de los mosquitos se metían ahí.”

Ahora pensaba trabajar en la formación docente en el tema dengue, pero quedó afuera del listado final, cuyos criterios y orden de mérito nadie explicó. “Conozco a alguien que no fue recomendado por la Junta e igual entró”, denuncia Fernando.

El discurso

Desde que arrancó la toma surgió una feroz campaña en redes sociales y ciertos medios, persiguiendo a los investigadores. Justificando los recortes. Primero los trolls difundieron “las 20 peores investigaciones del Conicet”. Clarín echó mano de esos tuits y tituló su nota: “Polémica por las investigaciones de Star Wars, Anteojito y el Rey León”. La principal difamación apunta al financiamiento en Ciencias Sociales y Humanas, que representan el 25% de las investigaciones del Conicet. Los tuits citan a investigadores que hicieron públicas sus posturas políticas o que participan activamente de la protesta en el Ministerio. “En su escandalizada ignorancia, no comprenden que estas investigaciones no estudian las barras de fútbol, el rock nacional o las películas de Disney, sino las lógicas de la violencia en las relaciones sociales, la identificación con la nación a través de la música y el papel de las industrias culturales en la educación infantil –puntualiza Haidar–. Proponen soluciones novedosas a problemas públicos, como la violencia de género o la gestión eficiente del Estado”.

Huellas en el mar

Todos tienen entre 34 y 37 años. Eran adolescentes durante el menemismo y aún guardan esa imagen de científicos mandados a lavar los platos o yéndose del país. Yanina está pensando en irse a un laboratorio del extranjero. Brasil ofrece pagarle el doble que a sus científicos por un posdoctorado. Mariana Sacchi, doctora en Arqueología, resalta que países como México esperan con brazos abiertos a los investigadores argentinos, altamente calificados. Se habrán ahorrado la inversión de 15 años de estudios costeados por el Estado argentino. El actual recorte desmembra equipos enteros, casi siempre interdisciplinarios. El de Mariana estudia los grupos que habitaban la Patagonia hace 5000 años, vinculándolos con las comunidades actuales. De los siete integrantes quedarán un investigador principal del Conicet jubilado, una técnica y un investigador asistente. Ella sólo conservará un sueldo docente universitario de 5000 pesos. Angustiada, concluye: “Uno eligió apostar acá. Desarrollar el proyecto en el país. Y en cambio, nos llevan al exilio.” «

Cargos frenados por Modernización

También hay investigadores que obtuvieron el ingreso en 2015 y aún no fueron efectivizados, por la intromisión del Ministerio de Modernización. Son más de 200. Y el Conicet no paga retroactivo. Es el caso de Martín, que pide reserva de su apellido. Fue el primer medallista dorado en las Olimpíadas Internacionales de Matemáticas, y entrena a las delegaciones nacionales. Se doctoró en Austin, Texas, e hizo trabajos posdoctorales en Oxford, Trieste y Lausanne. Su ingreso a la carrera de investigador fue aprobado en 2015. “El Conicet me había aceptado el título de doctor pero me mandó a legalizar el de licenciado. A una amiga le pidieron copia legalizada del título secundario”, cuenta. Modernización lo mandó a traducir el título: “No parece muy moderno un ente en el que nadie sabe suficiente inglés como para entender lo que dice mi título.” Su tutor en Oxford ahora trabaja en Viena, Austria, y le ofreció trabajar con él.

“Muchos empiezan a aplicar a becas en el exterior –acota Mariana Sacchi, doctora en Arqueología–. Y lo primero que te preguntan en la entrevista es por qué no se puede hacer tu proyecto en tu país.”