Los dueños del fuego: quiénes están detrás de los incendios en el Delta

Un apellido que resulta familiar de tanto verlo en mesas y góndolas. Un intendente de la zona que también es ganadero y que invita a pensar que no es ajeno a la práctica extendida de quemar campos para renovar pasturas. Empresas que ocultan socios, cargos y reputaciones, pero a la vista de todos provocan un desastre ambiental. Muchos de los responsables de los incendios en las islas del Delta de Paraná –el mismo humo que llegó al AMBA y que motivó la intervención de las Fuerzas Armadas– ya están identificados, algunos hasta tuvieron que dar explicaciones ante la Justicia. Ninguno, por ahora, recibió un castigo ejemplar.

“El agronegocio está usando al territorio del PIECAS (en referencia al Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta) como zona de sacrificio. Los incendios expresan la expansión compulsiva de la frontera agrícola ganadera sobre el humedal. Más allá de algunos procesamientos e indagatorias, en gran medida se trata de corporaciones o sociedades que la única lógica que tienen es la del negocio”, explica Lucas Micheloud, de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas y miembro de la Multisectorial Humedales Rosario.

“La mayoría de estas personas jurídicas –continúa– son establecimientos ganaderos que utilizan la práctica del fuego para la renovación de la pastura. No estamos hablando de gente que realiza agricultura familiar y que tiene la lógica del arraigo, sino de empresarios como el caso de Baggio, que ni siquiera residen en la zona, pero convierten al humedal en una zona productiva ganadera”. Según un informe que la Municipalidad de Rosario presentó a la Justicia, en los dos últimos años detectaron que en 10 puntos del Delta se iniciaron hasta 59 incendios.

En junio de 2020, el Juzgado Federal N°2 de Paraná, en Entre Ríos, inició una causa contra Rufino Pablo Baggio, “Pino” para los íntimos, uno de los hijos del fundador de la empresa reconocida por comercializar, entre otros productos, los jugos en cajitas. También es dueño de más de 30 mil hectáreas de campo sobre las islas del Delta que, según los registros satelitales, suelen prenderse fuego. El propio ministro de Ambiente, Juan Cabandié, le pidió públicamente a la Justicia entrerriana un “disciplinamiento” para el heredero con el objetivo de “desalentar los focos”.

Además de Baggio, Ambiente también es denunciante en otras dos causas penales que investigan quemas intencionales en las ciudades entrerrianas de Diamante y Victoria ocurridas durante abril, junio y julio pasados. Como todavía no se logró identificar a los autores, el expediente duerme en los despachos de los fiscales.

El periodista rosarino Juan Chiummiento publicó un mapa interactivo del Delta medio del Paraná cruzando datos catastrales de propietarios de campos con imágenes satelitales de los focos activos. Así surgió que la familia del intendente de Victoria por JxC, Domingo Maiocco, es dueña de más de 10 explotaciones agroganaderas. “Existe una pamperización de los humedales porque el modelo sojero desplazó la actividad ganadera hacia zonas bajas. En las islas siempre hubo una ganadería de muy baja escala, pero desde 2007 aumentó exponencialmente la cantidad de cabezas de ganado en la zona y por ende el abuso del uso del fuego. Fue una herramienta de manejo del pajonal, ahora es una herramienta de aniquilación”, remarca María Fernández Benetti, de la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM).

Según los registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentario (SENASA), solo en los últimos cinco años la cantidad de ganado en las islas creció casi un 50% con el consecuente aumento de los pedidos de permisos de explotación. “Lo que te dicen los ganaderos –agrega Micheloud– es que las quemas son tradicionales, lo cual no implica que sean legales. Sabemos que los autores materiales pueden ser peones, puesteros o perejiles, pero la Justicia debería investigar y llegar a los autores intelectuales. Ahí está la clave. La discusión de fondo son los modelos productivos absolutamente incompatibles con la salud de los humedales”. Cabandié habló de «la avaricia del sector productivo, que en vez de esperar que se renueven naturalmente las pasturas o conformarse con la superficie de pastoreo, queman pajonales, pasturas para renovarlas antes de las lluvias de primavera». Un tercio de los 9350 focos iniciados en el Delta durante 2022 ocurrieron solo en agosto.

Tierra pública, ganancia privada

Mientras la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) confirmaba que hasta el jueves pasado se habían quemado de 95 mil hectáreas del Delta del río Paraná y daba cuenta, además, de la presencia de aerosoles y otros contaminantes en el aire de la región, el SENASA respondía un pedido de información pública del diario La Capital de Santa Fe: revelaba que el gobierno de Entre Ríos es titular de 76 establecimientos –con una superficie total de 83.925 hectáreas– donde funcionan 523 unidades productivas vinculadas a la ganadería.

“El 80% de las tierras del Delta es entrerriana y de ese porcentaje solo una parte menor es privada. Una de las cosas de las que nadie habla, o se habla a media voz, es que la mayoría de las tierras que se están incendiando son de dominio público provincial, o sea que no pueden tener dueños. Entre Ríos no tiene una ley que regule la tierra pública por lo que durante años fueron otorgadas a dedo por los políticos”, denuncia Fernández Benetti.

“La tierra de dominio público –completa– no puede ser vendida ni arrendada; lo que te pueden dar son permisos de uso gratuito u oneroso. Por ejemplo, las Islas de las Lechiguanas, en el departamento de Gualeguay, están prendidas fuego. Allí hicieron terraplenes para la explotación ganadera, pero ¿quién dio ese permiso? Si pagan algo, ¿dónde va esa plata? ¿Están usurpadas? ¿Por qué la provincia no las recupera?”.

La abogada aclara que los usurpadores de las tierras del Delta no son los isleños históricos, contemplados como pobladores nativos, sino “las enormes explotaciones ganaderas que están pulverizando todo. La propiedad de la tierra es clave para entender la demora del gobierno de Entre Ríos en dar información sobre los titulares reales; no quiere abrir el catastro (un censo de la propiedad inmobiliaria) no solamente para encubrir a los dueños privados, sino para dejar en una nebulosa su gestión de la tierra pública”.

Micheloud aporta: “todas las organizaciones del tercer sector estamos compulsando información, pero hay muy poca en lo que refiere a cómo se fueron dando las autorizaciones para realizar estas actividades». Y concluye esperanzado: “ojalá que este ecocidio sea el punto de inflexión para que Argentina finalmente tenga una Ley de Humedales y el Delta deje de ser una zona liberada a los negocios agropecuarios e inmobiliarios”. «