Desde el organismo bonaerense explicaron que los discursos de odio producen y reproducen la violencia en la comunidad.
“Durante las últimas semanas a raíz de los juicios por los homicidios de Fernando Báez Sosa y del niño Lucio Dupuy, en redes sociales, medios de comunicación crecieron casos fuertes y violentas expresiones”, relató Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de CPM. Todo empezó cuando los responsables recibieron sus condenas; “nosotros consideramos que el tema amerita que la gente reflexione”.
“Argentina es un ejemplo para muchos países del mundo en materia de Derechos Humanos, porque durante las últimas décadas pudo realizar el tratamiento de los terribles crímenes protagonizados por el Estado durante la última dictadura cívico-militar”, aseguró el secretario. Continuó subrayando que los genocidas “han sido juzgados y lo siguen siendo, bajo las estrictas normas que garantizan procesos justos; del mismo modo cumplen sus condenas”.
Constitución Nacional
“Todavía no mostraron arrepentimiento ni revisión de lo actuado, las ejecuciones de sus penas siguen los lineamientos de la Constitución Nacional”, señaló García. También citó que en su artículo 18 estipula que “las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.
“Pese a las conductas atroces de los genocidas y la falta de remordimiento, nunca se buscó revancha ni venganza”, remarcó el abogado. Además profundizó que nunca se los midió con el “ojo por ojo, diente por diente”.
“Sin embargo, el legado de este largo camino transitado -que es ejemplo en el mundo entero- es puesto en duda en momentos como este”, aseveró García. Esto sucede cuando el sentido común frente a hechos aberrantes “como el asesinato de un joven o un niño, se instala en la reiteración de la violencia como modo de ‘hacer justicia’. Piden justicia, pero también violencia y muerte contra los autores de estos hechos”.
“La apelación en redes sociales y medios de comunicación es constante para que los responsables sufran represalias por parte de otros presos -con quienes compartirán sus reclusiones- o condiciones muy duras para purgar sus condenas”, explicó el secretario. Todas estas formas de castigo son “pre modernas, de periodos históricos en los que fueron suspendidas las garantías constitucionales, en esos periodos en los que el Estado se transformó en instrumento de terribles crímenes”.
Cifras de muertes en cárceles
“Estos discursos estigmatizan, deshumanizan a las personas detenidas, a quienes se les asigna la comisión de conductas aún más atroces”, dijo García. La realidad es que los hechos violentos “entre personas detenidas han disminuido en el último periodo, en cuanto a la cantidad de homicidios ocurridos en las cárceles bonaerenses, mientras que en el año 2015 murieron asesinadas 31 personas -una tasa de 9,6 cada 10.000- esto bajó a 6 personas -una tasa de 1,9 cada 10.000- en 2021”, enumeró el abogado.
Desde el organismo provincial aseguran que fue así porque, “la población carcelaria accedió al uso de telefonía celular que no solo garantizó derechos, sino que también disminuyó la cantidad de conflictos interpersonales intramuros”, resaltó García. Siguió relatando que esto sucedió “sin que crecieran exponencialmente los delitos cometidos hacia afuera, como también se afirma sin datos confiables. Pero si se mantiene la tasa general de muertes en cárceles, que fue de 4,5 cada 10.000 en 2015 y de 4,4 cada 10.000 en 2021”, detalló.
“La gran mayoría muere por falta de atención de la salud, es decir, las provoca el Estado”, denunció el abogado. En las cárceles las personas “mueren de tuberculosis, neumonías, VIH, de enfermedades que estando en libertad serían curables o alargarían sus sobrevidas”.
“El clamor por justicia ante hechos atroces solo se pide a ciertos sectores sociales, que se desprecian y expulsan de la condición humana, son condenados a ser el brazo ejecutor del odio y la venganza”, enfatizó el secretario. Ahondó en que esto solo conduce a “profundizar lo que se rechaza y generar nuevos hechos como los que se condenan; alimentar la violencia y el odio afecta a toda la sociedad, que termina siendo la víctima”.
También contó que los análisis, “en términos generales, no complejizan un tema que está directamente relacionado con la propia violencia generada por un sistema desigual y violento, donde los discursos de odio se profundizan a diario”, contó García. Explicó que en este sentido la intolerancia “se instala alimentando el camino del autoritarismo y la falta de diálogo”.
La democracia exhibe 40 años en forma ininterrumpida, “su consolidación no solo se advierte en la continuidad de la forma de elección de los gobernantes, sino en las formas de convivencia, la capacidad de dirimir las conflictividades emergentes sin violencia”, señaló García. Esto expresa la posibilidad “de que todes tengamos las mismas oportunidades y la plena vigencia de los Derechos Humanos”.
“Es por todo esto que pedimos que la sociedad reflexione, en particular aquellas personas que tienen responsabilidades públicas”, puntualizó el secretario. Finalizó aclarando que también lo dice por “los medios de comunicación y todos los que acceden a ellos”.
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