A 100 años de la Reforma, la Universidad Pública debate su subsistencia y su rol histórico. Desde 2016, la precarización castiga al sistema público universitario. Con la restauración liberal-conservadora la transferencia de recursos de los sectores vulnerables hacia el decil más concentrado impacta en el funcionamiento de nuestro sistema. Hasta 2015, el 80% del presupuesto universitario se destinaba a salarios, mientras que con el otro 20% se pagaban servicios generales. Pero el sideral aumento de los servicios públicos y el plan macrista de hundir los salarios debajo de la inflación causó un desequilibrio por lo que de las 53 universidades públicas nacionales, 20 ya se declararon en emergencia presupuestaria.
Nada indica que la situación mejore. Por el contrario. Nuestros estudiantes y sus familias sufren la peor parte del ajuste macrista. El aumento del costo de vida se refleja, además, de manera inmediata e inexorable en la caída de los niveles de ingreso y egreso de estudiantes en el sistema educativo universitario.
La debacle es resultado del desfinanciamiento de las políticas públicas que entre 2006 y 2015 generaron una mejor distribución del ingreso y democratizaron como nunca la Universidad Pública. Como «no fue magia» el crecimiento de aquella década, el deterioro actual no es una «tormenta». Fueron antes y son hoy decisiones políticas. Antagónicas, por cierto.
Lo que está en juego va más allá del presupuesto universitario y la paritaria docente; más allá del paro y las aulas vacías, algo invisibilizado en los medios hegemónicos cómplices de tantas calamidades. Se juega el derecho de millones a una educación pública, libre, gratuita y de calidad, un derecho humano inalienable.
Las universidades son patrimonio de sus pueblos. Ahí radica su fortaleza, fuerza como la que expresó la unidad de obreros, docentes y estudiantes la tarde que despedimos a Chicha en La Plata a pesar de los gases lacrimógenos y las balas de goma.
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