«[Mi] proyecto de vida, […] inherente a mi condición de ser humano, no puede depender de un mercado que decida por nosotras. Por eso […] este gobierno, lejos de ser libertario, está implementando un plan político liberticida». La que habla es Natalia Israeloff, antropóloga, docente e investigadora en temas de salud y género. El plan liberticida es la destrucción de la iniciativa ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia), una estrategia de los entonces Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación para “garantizar los derechos de los y las adolescentes al acceso gratuito a los métodos anticonceptivos, la educación sexual integral y las asesorías en las escuelas”, y gracias a la cual se logró reducir un 50% la cantidad de embarazos no intencionales en adolescentes.

Este plan es prácticamente único en el mundo: “En materia de abordaje de derechos sexuales y (no) reproductivos no encuentro uno que se le compare”, agrega Israeloff. Algo similar dice Silvia Oizerovich: “un Plan que es ejemplo en América Latina y el Caribe”. Profesora y ginecóloga, encabezaba la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación cuando el plan se originó durante el gobierno de Macri, en 2017.

En la misma línea se pronuncia Juan Carlos Escobar, pediatra y ex director nacional de Adolescencias y Juventudes: el plan, cuenta, fue “modelo para otros países de la región [y nos] han invitado a parte de quienes hemos trabajado a diferentes foros para mostrar resultados.  [E]l Fondo de Población de Naciones Unidas elaboró el informe Milena que da cuenta del éxito del plan”.

Sin embargo, siete años después de lanzado, el plan ENIA está en peligro de extinción por el ahogo presupuestario: “no sufre un ataque, sufre un desmantelamiento; se lo desarticuló absolutamente”, afirma Oizerovich.

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De acuerdo con datos de la ONU, en el 2022 la mitad de los embarazos en el mundo tenían carácter no intencional. En Argentina las cifras eran aún peores. En 2015, según los datos agregados 2010-2014 del Sistema Informático Perinatal (SIP) el 68,1% de los embarazos adolescentes de entre 15 y 19 años era no intencional: 7 de cada 10 personas embarazadas no habían buscado ese embarazo, no estaba en sus planes. Y la cifra en niñas menores de 15 años trepaba a 8 de cada 10 embarazos, la mayoría como consecuencia de abuso sexual y violación. Un número dramático por donde se lo mire.

Y entonces, llegó ENIA.

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En enero de 2017, como parte de los compromisos asumidos con los Objetivos de la Agenda 2030, se decidió un trabajo conjunto para desarrollar una estrategia integral respecto de la prevención de embarazos en la adolescencia. La implementación del Plan ENIA comenzó con una estructura intersectorial coordinada por la Unidad Ejecutora Nacional (UEN).

La ejecución del plan pasó por varias fases: una primera etapa para definir los planes operativos en las provincias que incluían la creación de equipos territoriales, responsables de coordinar la implementación en cada jurisdicción; una segunda fase en la que se pusieron en marcha dispositivos específicos en departamentos priorizados, como asesorías en salud y programas de ESI en las escuelas, y una fase de implementación plena a partir de enero de 2019 en todas las provincias.

Sobre las asesorías, Escobar destaca que los éxitos fueron aún más allá del ámbito reproductivo: “al ser en salud integral”, generó que “los chicos y las chicas puedan consultar por cualquier temática: nutrición, salud mental, estados de ánimo, violencia, ideación suicida, consumo de sustancias”. En resumen, todo un abanico de herramientas para acercar la salud pública a la población.

A lo largo de estos años, gracias al plan ENIA se entregaron más de 33 mil métodos anticonceptivos de larga duración y se lograron prevenir más de 25 mil embarazos no intencionales en adolescentes. Según los datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, entre 2019 y 2020, la tasa de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años pasó de 40,7 a 30,3 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes, mientras que la tasa de fecundidad de menores de 15 años disminuyó de 1,1 a 0,7.

Este es un logro enorme si además tenemos en cuenta que Latinoamérica tiene la mayor concentración mundial de nacimientos en mujeres adolescentes: la tasa de fecundidad adolescente en la región  solo es superada por la de África subsahariana, mucho menos poblada. Atacar este problema era (y continúa siendo), por lo tanto, una necesidad política de primer orden.

Pero, ¿cómo es que se logró lograr este logro?

Valeria Isla, ex directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva y ex coordinadora general del Plan ENIA, nos lo responde: fue ciencia aplicada. 

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El plan, nos dice Isla, es “una política pública basada en la evidencia”, basada“en un diagnóstico sobre el problema del embarazo no intencional en la adolescencia, en investigaciones empíricas sobre el problema y las estrategias de abordaje para incidir en dicho problema. Construyó una teoría de cambio que explicó por qué ciertas acciones producirán el cambio deseado en un contexto determinado”.

En un contexto en el que la investigación en ciencias sociales necesita constantemente justificarse ante el tribunal de luminarias encabezado por Adorni, vale insistir: es indispensable defender la investigación social argentina porque, incluso para fenómenos internacionalmente estudiados como el embarazo en adolescentes, necesitamos saber en qué medida la situación local se presenta con las mismas características.

Por caso, sabemos que en nuestro país los principales determinantes que desembocan en el embarazo adolescente son “la falta de oportunidades para el desarrollo personal, la pobreza, la desigualdad y la violencia, así como las dificultades de acceso a los métodos anticonceptivos y la incapacidad del sistema educativo para retener a los alumnos” y lo sabemos por un trabajo coescrito por una investigadora del CONICET.

La deserción escolar es un determinante clave: como subrayan otras dos investigadoras del organismo, un 55% de las madres adolescentes ya había abandonado la escuela al momento de su primer embarazo.

Pero la investigación en el área es relevante para entender no solo las causas del embarazo en la adolescencia sino también sus consecuencias: en 2014, el embarazo se presentaba  como la primera razón por la cual las mujeres jóvenes no habían terminado el secundario y también como una causa del adelantamiento de la edad de ingreso de los varones en el mundo laboral, con un consecuente aumento de  la precariedad.

Desde una perspectiva biomédica, un trabajo coescrito por un especialista del CONICET subraya cómo el embarazo adolescente se asocia con una inquietante lista de consecuencias: para la persona gestante, mayores riesgos de hemorragia posparto, infecciones en el útero y parto prematuro; para el bebé, bajo peso al nacer, menor desarrollo con relación a la edad gestacional y más probabilidad de condiciones neonatales severas.

Dada su importancia y su éxito, ¿cómo es posible que sea desmantelado un plan pionero a nivel internacional, desarrollado como política pública a través de diferentes gobiernos y basado en evidencia?

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En cierto sentido esto no es sorprendente para un gobierno que ya ha tomado otras decisiones que atentan contra los logros de la ciencia nacional, incluso los que debería reconocer como “útiles” —como el reactor CAREM— en aras de ahorros en lo inmediato. Pero el reciente discurso de Milei ante la ONU permite echar luz sobre algo más inquietante.

Dirigiéndose a la asamblea general, Milei declaró que la promoción de programas de derechos sexuales y reproductivos se daba en el trasfondo de que “la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando, lo que anuncia un futuro sombrío”. El presidente, que plagió esta frase sin citarla, para sorpresa de nadie, no ahondó en detalles  pero, si lo leemos en esta clave, la línea de “análisis” (llamémoslo así) es que “pueblos enteros están dirigiéndose hacia la extinción”.

La ironía es que los programas que ataca no se interponen en la decisión voluntaria de dejar descendencia; son, como lo enuncia ENIA desde su nombre mismo, un abordaje del embarazo no intencional. Lo cual quiere decir que el presidente —quien, dicho sea de paso, no se ha ocupado precisamente de poblar la nación, y su “familia” se limita a cinco perros presuntos— lamenta las consecuencias “sombrías” de que las personas gestantes puedan decidir sobre su vida sexual. 

Y esto va más allá del desfinanciamiento del plan ENIA: es un pronunciamiento político en contra de una mayor autonomía sobre nuestras vidas. Vaya ironía, viniendo de parte de un personaje que se piensa a sí mismo como un adalid de las “ideas de la libertad”.