Los empresarios y el gobierno van por la Ley de Glaciares

“Si no es ahora, cuándo”. El título que eligió el empresariado para el Coloquio de IDEA representa con claridad sus intenciones. Si no es ahora, cuándo. Durante el encuentro hubo representantes de mineras que explicitaron su pedido al Gobierno de ir contra la Ley de Glaciares. Con pocas semanas de diferencia, la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió que se está trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. Traducido: se apunta a reducir el alcance de protección de la ley para beneficio de las mineras.

“Varias provincias nos hicieron planteos, estamos conversando con la Secretaría de Minería también, pero el tema acá pasa por la cuenca. A nosotros como Ambiente lo que nos interesa es conservar el agua, el agua de los glaciares, la cuenca hidrográfica, la cuenca que no perjudique aguas abajo si hacemos una explotación minera y estamos arruinando el agua. En la Ley de Glaciares hay mucha indefinición. Se está trabajando en ver cómo se puede definir mejor para sacar todos estos escollos”, dijo la funcionaria a La Nación. Este medio consultó cuáles serían esos «escollos» a revisar. No hubo precisiones.

El tema emerge en un contexto crítico. Mientras en el mundo se ven los efectos concretos de la crisis climática, con evidencias como el drama de Valencia, la Argentina de Javier Milei rechaza las políticas ambientales. En los primeros días de octubre, a través del decreto 888, el Ejecutivo eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos establecido por la Ley 27.431. Días más tarde la Corte Suprema (siempre adaptándose a los tiempos) cerró una de las causas ambientales más importantes: la contaminación del río Matanza-Riachuelo.

En tanto, esta semana se dio el debut formal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). YPF, Galan Lithium y Posco –dos mineras extranjeras– se inscribieron con proyectos de litio en Catamarca y Salta. Pero el planteo de ciertos empresarios del sector, como lo dejaron claro en IDEA, es que con el RIGI no alcanza. Quieren más, y eso implica ir contra la Ley de Glaciares. Si no es ahora, cuándo.

La Ley de Glaciares: un viejo anhelo

“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad”, advierte el abogado ambientalista Enrique Viale.

“Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma«, acota.

Apunta que el gran objetivo del lobby minero es derogar las prohibiciones –razonables– que establece la ley en cuanto a la realización de actividades mineras sobre glaciares y ambiente periglaciar: “nos vamos a oponer muy fuertemente a cualquier modificación, que sería manifiestamente inconstitucional por violar el principio de no regresión ambiental. Pero además lo haremos porque si efectivamente logran derogar una ley que tuvo tanto apoyo popular, que fue tan debatida por especialistas y universidades en los territorios, es una especie de vía libre para destruir toda la legislación ambiental del país”. Si no es ahora, cuándo.

«También afecta a sectores productivos»

La intención de las mineras de avanzar contra zonas protegidas se puede ver aún con la ley vigente. En 2019, por caso, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), en Mendoza, difundió que en el sector donde se pretendía instalar el proyecto Cerro Amarillo había “47 cuerpos de hielo que cubren una superficie de 3,42 km², todos ubicados en la subcuenca del río Grande (…). La mayor parte del área cubierta corresponde a glaciares de escombros representativos del ambiente periglacial”.

En el mismo sentido, la Asamblea El Algarrobo informó días atrás –según consignó ANRED– que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó seguir investigando a directivos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) por la validación de yacimientos de Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA) sin tener en cuenta la existencia de glaciares y ambientes periglaciares.

“Tanto los glaciares como el ambiente periglaciar son reservas hídricas estratégicas porque ayudan a regular el ciclo hidrológico de cuencas de área andina. Cualquier tipo de actividad sobre estas reservas afecta este ciclo del agua, con impacto negativo no sólo en la biodiversidad sino también en poblaciones aledañas y en actividades productivas«, explica Leandro Gómez, coordinador del programa de Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Y se pregunta: «¿Qué impacto puede tener por ejemplo sobre el sector vitivinícola en Mendoza? A veces la importancia de las poblaciones y su acceso al agua son relegados y prima una mirada más economicista, pero incluso en estos términos esto también afectaría a sectores productivos”.

Los intentos de modificación de la ley, señala Gómez, apuntaron especialmente a esas zonas periglaciares. Cambiar la esencia protectora sobre esas áreas, de hecho, era algo que formaba parte de la versión original de la Ley Ómnibus, al inicio del gobierno de Milei. Ese ítem no quedó en la versión final, pero la intención sigue firme.

“Cualquier tipo de intento  llevaría a un reclamo y a una serie de inicios de judicialización y solicitudes de inconstitucionalidad –advierte el referente de FARN–. Muchas veces se postula la reforma de la Ley en nombre de una supuesta seguridad jurídica. Pero la Ley de Glaciares fue debatida dos veces en el Congreso, su constitucionalidad fue reafirmada por la Corte, fue aprobada en un proceso sumamente participativo. Que sea reformada por decreto o por otra vía no va a hablar de seguridad jurídica, sino al revés. Va a mostrar la debilidad institucional por la que estamos atravesados”.  «