Las siete medidas del gobierno para vaciar la universidad pública

Falta de presupuesto, obras frenadas, salarios congelados, recorte de programas y de becas, investigaciones suspendidas, dólar disparado. El ajuste de Cambiemos sobre la educación pública tiene su caso testigo en las universidades, un sector clave para el desarrollo de un país. Tras las vacaciones de invierno, ninguna de las 57 universidades públicas retornó a clases y entran mañana en su cuarta semana de paro, en principio por la oferta insuficiente del gobierno en la paritaria: apenas un 15% y en cuotas. La última, en 2019.

El conflicto, invisibilizado en los grandes medios, se hace sentir con protestas masivas contra el recorte que se multiplicaron en ciudades de todo el país. El jueves 30 será el turno de la anunciada Gran Marcha Nacional Universitaria, con epicentro en la Plaza de Mayo. Una radiografía del sector permite apreciar la magnitud del proceso de desmantelamiento de la universidad pública, del que el salario docente es sólo una pata de una mesa cada vez más enclenque, de la que forman parte 200 mil trabajadores y un millón y medio de estudiantes.

Paritaria sin salida

El punto de inflexión fue la última oferta del gobierno a los gremios universitarios. «El anuncio de un 10,8% de aumento para todo 2018 puso el combustible que faltaba para que explotara la bronca en una huelga que, desde el 6 de agosto, viene en permanente ascenso», señala Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA. «Tendrán que escucharnos, para eso llevamos la universidad a Plaza de Mayo –el viernes hubo allí más de 70 clases públicas–. Fue una gran jornada en defensa de nuestro salario, para terminar con el trabajo gratuito de los ad honorem y denunciar el achique presupuestario».

En este contexto, Cambiemos elaboró un «manual» para desacreditar el reclamo de docentes y estudiantes, que sostiene que el presupuesto universitario es «muy bueno», que los salarios les han «ganado a los incrementos de precios» y que sobran docentes. Argumentos fácilmente rebatidos por los gremios.

En la Universidad Nacional de Moreno, estudiantes y docentes se juntaron con la comunidad educativa de primaria y secundaria, que acampa frente al intervenido Consejo Escolar, tras la explosión trágica en la escuela Nº 49. «Tenemos una matrícula de 15 mil estudiantes, que crece a razón de 2000 ingresos por año. El impacto presupuestario se siente, y si sigue así no van a dar los números», considera Luis Roa, docente de la UNM.

Asfixia presupuestaria

La madre de todas las batallas es el presupuesto. En 2017, los fondos para el Desarrollo de la Educación Superior fueron 89.891 millones. En 2018, 111 mil millones, apenas un 20% más, un aumento equivalente a la inflación de los primeros siete meses del año. De ese monto, ya se recortaron más de 4000 millones de pesos.

Hay casos de asfixia presupuestaria extrema. La Universidad Arturo Jauretche, en Florencio Varela, tiene para pagar sueldos hasta octubre. Necesitaría al menos 20 millones de pesos extra, sólo para salarios. Su matrícula crece: hace tres años eran 14 mil alumnos, hoy superan los 20.700. Pero esa dinámica no se sostiene sin mayores fondos de la Nación. «Si uno hace un análisis del presupuesto por alumno del sistema universitario, la Jauretche recibe un 40% de lo que tendría que recibir –sostiene su rector, Ernesto Villanueva–. Están pautados 63.144 pesos por alumno, y nosotros recibimos $ 23.479», sostiene.

Las universidades de la Patagonia perderán al menos 184 millones de pesos. «Nos deben cuatro meses y se nos está dificultando el funcionamiento, tratamos de manejarnos con la mayor austeridad posible», admitió días atrás Carlos de Marziani, rector de la San Juan Bosco (UNPSJB).

Para el año que viene, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió un presupuesto de 155 mil millones de pesos (133 mil millones más el aumento salarial), pero en sus  primeros contactos los funcionarios deslizaron la idea de un 25% de recorte nominal.

Obras frenadas

El ajuste también involucra el recorte de becas (360 mil jóvenes no recibirán este año su beca Progresar) y, sobre todo, los fondos para infraestructura. La falta de un edificio para la carrera de Fonoaudiología y la escasez de aulas en Medicina fue uno de los reclamos en la marcha multitudinaria que se vio en Rosario. Las protestas se multiplican. Cinco mil docentes y estudiantes se movilizaron en el Litoral. Otros tantos en Misiones. Veinte mil en La Plata. Cien mil marcharon el miércoles desde el Portal de la Reforma de la Ciudad Universitaria, en Córdoba. Dos lemas predominaron: «La educación pública se defiende» y «La educación no es un negocio, es un derecho».

Un área clave del Ministerio de Educación, «Infraestructura y Equipamiento», registra una profunda subejecución. Arrancó el año con una previsión de $ 9290 millones y con el correr de los meses fue reducida hasta los actuales $ 8329 millones, de los que se ejecutó apenas un 20 por ciento. Sólo a las universidades les recortaron este año $ 4000 millones en infraestructura.

Además, el gobierno nacional decidió no realizar más aportes en los proyectos de obra a través de convenios internacionales. Es el caso de los subsidios no reembolsables del Mercosur, que les exige a los países beneficiarios una contrapartida local equivalente al 20% de los fondos. Uno de esos proyectos era el Instituto de Ingeniería de la Jauretche, que contemplaba 17 laboratorios. De los 13 millones de dólares que otorgó el Mercosur en 2014, sólo pudieron utilizar tres. «En Montevideo tenemos ocho millones, y hay otro en el Banco Nación a nombre de la universidad, que no se pueden usar hasta que Argentina no haga la contraparte. Es una pena. La obra se frenó, la empresa se fue, y volver a hacer una licitación internacional es muy complicado».

Dice Jaime Perczyk, rector de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNHur) y vicepresidente del CIN: «No dejaron que se inicien obras nuevas. Nosotros teníamos un aulario de dos plantas con 20 aulas para arrancar en febrero, y aún no pudimos empezar».

Sin ciencia no hay futuro

Ciencia y universidad van de la mano. En la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, buena parte de los docentes hacen investigación, ya sea con becas (a los becarios también les ofrecieron sólo un 15%) o cargos del Conicet. «Para los investigadores, el aumento total será de sólo 2025 pesos», remarca el vicedecano Luis Baraldo. La gestión de Lino Barañao en el Ministerio de Ciencia y Tecnología profundiza el ajuste que inició en 2016. Primero, reduciendo a la mitad el ingreso de investigadores permanentes al Conicet, e incluso traspasándoselos a las universidades para que se hagan cargo de los que quedaron afuera. Luego, achicando el presupuesto de Ciencia, que pasó de ocupar el 1,53% del total en 2016, a un 1,27% este año. Por fin, se congelaron los salarios y los subsidios. Hace más de un año que no se pagan las cuotas correspondientes a los Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP), y el Ministerio avisó que dejó de girar fondos para cubrir las investigaciones que se realizan en cooperación con otros países o con institutos internacionales. Por ejemplo, los pagos comprometidos con Francia en los proyectos internacionales ECOS. «Hay más de mil proyectos científicos que están frenados», alerta Baraldo. La fuga de cerebros ya es una realidad.

La crítica situación generó  días atrás una gran movilización al Congreso, donde el oficialismo congela un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado y que prevé destinar el 3% del presupuesto total del país para financiamiento de Ciencia y Tecnología. Por el contrario, la propuesta, aún extraoficial, de Hacienda para el presupuesto 2019 estipula para el Conicet una reducción del 20% en el rubro funcionamiento (investigación, viáticos y PIP).

Contratos suspendidos

Otro factor clave para el desguace del nivel superior educativo ha sido la baja de contratos del Estado con las universidades. Serán 7000 personas menos, según anunciaron en junio los ministros de Hacienda y Modernización, Nicolás Dujovne y Andrés Ibarra, en el marco de un «plan de control y reducción de gastos». Conectar Igualdad, contenidos de TV Digital y el canal Encuentro, además de consultorías en áreas técnicas, fueron los sectores damnificados por la decisión. Cuando asumió Cambiemos, eran 16 mil los contratados por esta vía.

Dos ominosas presunciones sobrevuelan el actual ajuste en las universidades. Una, que las condiciones impuestas por el FMI alcanzan también a la educación (en lo que refiere al «Programa de Inversiones Prioritarias» que el organismo de crédito busca flexibilizar). Otra, que el corolario buscado sea el arancelamiento de la universidad pública. Desde el gobierno prefieren no explayarse públicamente sobre el tema, salvo por el impulso de un sector del Ejecutivo de arancelar a extranjeros.

Las incumbencias

En mayo, el Ministerio de Educación modificó las incumbencias profesionales de diversas carreras universitarias «de interés público», como Medicina, Ingeniería y Arquitectura, desregulando las «actividades profesionales reservadas exclusivamente» para los graduados de esas carreras. Psicología pasó de tener 16 actividades reservadas a sólo cinco. El objetivo fue recortar grados y atribuciones de las carreras de las universidades públicas. La medida favorece a las universidades privadas y sus posgrados pagos: ante el recorte de incumbencias, los recibidos deberán adquirirlas nuevamente en posgrados específicos, usualmente arancelados, mientras que antes bastaba con las carreras de grado, que son gratuitas.

Tarifas impagables

El sector universitario no está exento de un contexto que padecen todos los argentinos: la falta o pérdida de empleo amenaza la continuidad académica de los estudiantes, y los aumentos de tarifas, desde el transporte hasta los servicios públicos, jaquean aun más el presupuesto universitario. «El impacto de los servicios es una novedad –acota Roa, de la UNM–. Antes págabamos 17 mil pesos, en promedio, la boleta de luz, y la ultima llegó con 1700 por ciento de aumento». En universidades grandes como La Matanza, los valores se miden en millones de pesos. En otras se agrega la deficiencia del servicio. Exactas de la UBA está sin gas desde abril.

Además, más del 90% del presupuesto universitario está dolarizado. «La devaluación se ve con el ajuste de gastos de funcionamiento, que ya supera los dos meses. No sólo combustible, computadoras o reactivos, también el costo de los libros está dolarizado», apunta Perczyk.

Baraldo, investigador principal del Conicet especializado en Química, es titular de un proyecto de investigación que comenzó en 2015, pero apenas cobró un tercio, hasta 2017: «Prácticamente todo lo que presupuestamos en investigación está impactado por el dólar. Pero lo hicimos con el dólar a 15 y hoy está a 31. Y para peor, ni siquiera están pagando los subsidios».

Buena parte de los alumnos de la Jauretche cursa carreras de Medicina, Ingeniería, Electromecánica e Ingeniería en Petróleo. Casi todos los insumos y equipamientos tienen precios internacionales. «Es una situación dramática –enfatiza Villanueva–. En diciembre del año pasado logramos una donación en pesos de una petrolera para insumos. Ahora, con la suba del dólar, sólo podemos adquirir un 60% de lo que teníamos comprometido. Todo se nos fue al diablo». «