Las grúas vuelven al Estado porteño: denuncian negociado y piden investigar a Larreta

El "frente anti-grúa" conformado por los partidos de la oposición en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires festejaron el fin de la concesión del servicio de acarreo de autos mal estacionados pero anunciaron que avanzarán en una investigación más profunda. La empresa pagaba solo 55 mil pesos por año desde 2014.

Legisladores del arco opositor porteño, que conformaron el «frente anti-grúa» que exige la suspensión de la licitación del sistema de acarreo en la Ciudad de Buenos Aires, consideraron este martes como «un logro» el anuncio del Gobierno local de tomar el control del servicio temporalmente, no obstante indicaron que mantendrán la convocatoria a una sesión el jueves para debatir el tema en el recinto, además de exigir una investigación al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Según evaluó el legislador del Frente de Todos Juan Manuel Valdés, la decisión del Gobierno porteño «es un logro de la oposición que constituyendo el ‘frente anti-grúas’ puso sobre la mesa este negociado que recauda a expensas de los contribuyentes» y manifestó que «esperamos un sistema de tránsito que priorice el derecho a la circulación y no el lucro de unos vivos».

En su cuenta de Twitter, el legislador dijo que «hasta tanto podamos leer la resolución del Gobierno porteño, la sesión tiene que realizarse» y señaló que «no sólo debemos terminar estos 21 años sino además investigar por qué Horacio Rodríguez Larreta no hizo nada en este tiempo».

De esta manera, el diputado se refirió al anuncio de la gestión porteña de tomar el control del servicio de acarreo de autos mal estacionados en la Ciudad, que actualmente está en manos de dos empresas que operan desde hace más de 20 años con un contrato vencido, aunque prorrogado, y con un canon congelado desde 2014 establecido en $55 mil.

«La Ciudad ha decidido hacerse cargo del servicio de acarreo de manera transitoria hasta tanto termine el proceso de licitación y el nuevo concesionario entre en funciones», adelantó el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, quien remarcó que la medida fue trabajada «con el interbloque de Juntos por el Cambio (JXC)» en la Legislatura porteña.

La aclaración del funcionario fue en respuesta al llamado para la sesión especial del jueves en el Parlamento porteño, en la cual el arco opositor tiene previsto poner en debate la concesión del servicio de grúas.

Para lograr que la sesión arranque se requiere de un quórum de 31 legisladores, cifra que la oposición no alcanza dado que cuenta con 28 escaños, por lo que se especuló que las tres bancas restantes podrían ser aportadas por los diputados de la Coalición Cívica debido a las fricciones internas que atraviesa el espacio referenciado en Elisa Carrió en JxC.

Sin embargo, el titular del bloque de la CC, Facundo Del Gaiso, evaluó que «con el anuncio de hoy, donde la Ciudad se hace cargo del servicio de acarreo hasta que se adjudique, no tiene sentido realizar la sesión especial».

Por su parte, el legislador Eugenio Casielles, del monobloque Consenso Federal, que integra el «frente anti-grúas», dijo a Télam que «la sesión sigue en pie por ahora».

«Hoy después de tres años de trabajo intenso y de muchísimos pedidos de informes, proyectos de ley presentados y demás, podemos decir que pusimos fin a una mafia estatal que llevaba más de 21 años robándole al ciudadano. Celebro terminar con la corrupción y el negocio de amigos», sostuvo en una publicación en redes sociales.

Para Alejandrina Barry, legisladora del PTS en el Frente de Izquierda, consideró que «Larreta sostuvo el negocio de las empresas de acarreo que operan con irregularidad hace más de 20 años en la Ciudad, y ahora anunciaron que se hará cargo transicionalmente».

El diputado del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, afirmó que «el escándalo del negociado de las grúas debe investigarse hasta el final» y señaló que «la estatización anunciada por Larreta no debe bloquear la investigación de las responsabilidades de los funcionarios y su lazos con las empresas concesionarias».

Por último, Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, también integrante del «frente anti-grúas», indicó que «21 años tuvieron que pasar para que el Gobierno de CABA decida poner fin al robo y corrupción del sistema de acarreo» y destacó que pasaron «más de dos décadas operando sin licitación y con el único fin de alimentar a los amigos del Estado».

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