Columna de opinión.
Hay dolores que no se toleran. Broncas que no caben en el cuerpo. Tucumán fue el escenario de un caso de gatillo fácil que hoy se naturaliza y hasta se celebra en las redes sociales por el aval del propio Presidente de la República con la llamada Doctrina Chocobar.
Los niños y adolescentes constituyen el sector más vulnerable de la sociedad y, ahora, con el discurso estigmatizante que se impulsa desde lo más alto del poder político, casos como el asesinato de Facundo (un niño de 12 años, ejecutado por un balazo policial que impactó en su nuca) serán el amargo pan nuestro de cada día. Los policías fueron liberados casi como héroes. Los dejan jugar al tiro al blanco con los jóvenes y niños pobres, que dejan de ser víctimas de la exclusión para convertirse presas propiciatorias del sistema.
Las estadísticas en Tucumán son alarmantes: El 27,7 por ciento vive en condiciones de pobreza. Cada 60 horas muere un pibe de entre 10 y 19 años, en 6 de cada 10 casos hubo violencia. A nivel nacional hay 5,6 millones de niñas y niños en situación de pobreza y 1,3 millones que viven en la pobreza extrema. Son cifras ocultadas.
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) señala que Cambiemos es el gobierno más represor, con un promedio de 1,1 persona asesinada por su aparato represivo por día, es decir, una cada 23 horas. Índice que, como consecuencia directa de la Doctrina Chocobar, no hace más que crecer, al calor del incentivo de Mauricio Macri.
Desde el Foro por la Niñez declaramos nuestra más firme condena al avance de discursos y prácticas de funcionarios de gobierno que abonan a políticas segregativas y xenofóbicas. Las vulneraciones de derechos que sufren nuestros pibes no son problemas aislados. Como tampoco el retroceso de la ya débil implementación del sistema de promoción y protección de derechos en nuestro país, la falta de generación de figuras como la del abogado del niño y el defensor/a nacional del niño, como otros déficit importantes, con la certeza que las acciones deben ser nacionales con financiamiento y participación popular, más allá de las diversidades de implementación en cada provincia de nuestro país.
*Coordinador del Foro por la Niñez de la Provincia de Buenos Aires e integrante del espacio #NoALaBaja.
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