Los legisladores macristas y sus socios, que en la última década han hecho un culto de la entrega de espacios públicos porteños a la especulación del real state, sumaron este jueves una nueva cucarda que lucir ante los desarrolladores inmobiliarios: nada menos que la privatización del acceso al río en una ciudad para muy pocos, cada vez menos.

Con 37 votos afirmativos contra 23 negativos, el oficialismo en la Legislatura aprobó en primera lectura el proyecto de readecuación urbanística de las casi 32 hectáreas frente al Río de la Plata en donde funcionaban los complejos Costa Salguero y Punta Carrasco, cuyas polémicas concesiones caducarán el año que viene.

Esto significa que en un lugar que podría sumar espacios verdes para que disfruten todos los ciudadanos, e incumpliendo el artículo 8 de la Constitución porteña, que dispone que «los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación», se acaba de autorizar la construcción de un barrio náutico de lujo, con edificios de hasta 29 metros de altura.

El barrio náutico es un viejo anhelo del macrismo, es decir, la privatización del acceso al río no ya para comercios y eventos sino para viviendas de lujo. Lo había intentado en 2012, con el proyecto Solares de Santa María S.A., del grupo IRSA, que pretendía construir un barrio exclusivo con 13 torres en lo que había sido la Ciudad Deportiva de Boca, en Costanera Sur, y hasta llegó a condicionar la urbanización de la villa Rodrigo Bueno, enfrente, a la rezonificación de aquellos terrenos. Ese proyecto fracasó entonces y volvió a hacer agua en 2016.

Ahora, la conquista del río para unos pocos se muda a la Costanera Norte, para lo cual procede ahora a reformular la zonificación de los terrenos de dominio público que ocupan unas 17 hectáreas que pertenecían al complejo Costa Salguero, y otras 14 hectáreas, separado por la desembocadura del colector del arroyo Maldonado, donde estaba Punta Carrasco. Ambas parcelas quedaron incluidas en el llamado «Distrito Joven», una herramienta ya habitual del Ejecutivo porteño para allanar el camino a la enajenación de tierras públicas.

El concurso nacional para definir el proyecto urbanístico que se desarrollará en ese espacio ya fue seleccionado, y cristaliza aquel sueño de privatización ribereña. En una ciudad donde escasean los espacios verdes (son 6 m2 per cápita, contra los 10 m2 que sugiere la OMS), el proyecto autorizado dice que un 40% de estas 32 hectáreas será destinado a espacios verdes (en rigor, serán las terrazas y jardines de estos edificios). Lo que no dicen los legisladores de Vamos Juntos, UCR-Evolución y el Socialismo, que votaron la iniciativa, es que el 100% de esos terrenos, caídas las concesiones, son de dominio público y podrían destinarse enteramente a un parque público ribereño, como por otra parte prevé la Constitución local.

Faltan otros dos expedientes que rara vez han sido un obstáculo para la política de enajenación de espacios públicos de Larreta: la audiencia pública y la sanción definitiva de esta polémica rezonificación, que libera a la especulación con el precio de la tierra los predios más apetecidos por los desarrolladores inmobiliarios.