Este jueves la Legislatura porteña votó las normas que presentó el jefe de gobierno porteño. Desde el FdT y el FIT cuestionaron que no hace foco en la regulación de los precios, las viviendas ociosas ni los alquileres turísticos, sino que otorgan (más) beneficios a dueños y desarrolladoras.
Entre los proyectos, autorizaron una exención del pago de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y del impuesto inmobiliario, «con la finalidad de establecer un marco normativo que incentive el incremento de la oferta de inmuebles en alquiler y permita el acceso a la vivienda a las personas que quedaron fuera de esta posibilidad debido a la situación actual del mercado».
Esto estará vigente durante 36 meses desde el inicio del contrato y cesará cuando el acuerdo pierda vigencia. Estarán contemplados todos los contratos de locación que se suscriban desde la promulgación de la ley hasta el 31 de diciembre de este año; los inmuebles que no tengan una valuación fiscal homogénea superior a 10.000.000 de pesos; aquellas propiedades cuyo contrato de locación no supere los 220.000 pesos mensuales en el primer año de alquiler; y aquellos beneficiarios e inmuebles que no posean deudas impagas con el gobierno porteño ni estén incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
También aprobaron las modificaciones al Código Fiscal para impulsar un beneficio sobre los Ingresos Brutos, ampliando la exención que hoy rige para contratos hasta $75.000 a $220.000, «a fin de tener un mayor alcance en la población y generar un impacto de mejora las condiciones macro del escenario actual. La exención podrá abarcar hasta tres inmuebles. Actualmente son dos.
Además avanzaron con un sistema de acceso a la vivienda: la covivienda. Una herramienta orientada a «fomentar la constitución de comunidades habitacionales estructuradas en torno de valores y modos de vida comunitarios afines».
Pueden convertirse en coviviendas todas aquellas propiedades de dominio privado y del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC); inmuebles de dominio privado sujetos de derecho público estatales, no estatales y de personas jurídicas. Incluye los terrenos sin edificar; terrenos con edificaciones en obra, interrumpidas o en curso de ejecución; y los terrenos con edificaciones concluidas que deban ser refuncionalizados.
En esos predios, las partes desarrollarán, construirán o refaccionarán las viviendas que forman parte del régimen bajo el control del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Javier Andrade (FdT) criticó que este proyecto “permite que el IVC use tierras públicas para que fideicomisos puedan construir, no regula la conformación del fideicomiso, ni cómo serían los convenios, por cuánto tiempo, ni cómo se calcula y controla el valor de esos alquileres. O sea, no tiene ningún marco regulatorio y abre la puerta a que los convenios los hagan directamente los privados con la organización conviviente”.
Mientras que la legisladora del FIT-Unidad Mercedes De Mendieta afirmó que las mismas “fueron presentadas como propuestas para ‘aliviar los alquileres’, pero en realidad son beneficios para los propietarios, con exenciones impositivas para los dueños, las constructoras y ni una medida para los inquilinos que vivimos un verdadero drama. Mientras hacen marketing electoral, Larreta desaloja en Floresta a 36 familias de sus viviendas sin darle ninguna solución digna, trayendo y llevando a las familias por hoteles e inquilinatos inhabitables”.
Desde el oficialismo porteño de Juntos por el Cambio sostienen que el problema está en la falta de oferta. Y que está originado en la actual Ley de Alquileres, que a nivel nacional buscan modificar. Sin embargo, al menos en CABA, la tendencia a la baja en la oferta data de antes de la norma, entre 2018 y 2019, coincidente con la escalada de la crisis socioeconómica y otros fenómenos como Airbnb.
En Mataderos, por ejemplo, hay apenas 11 departamentos disponibles para alquileres y en Saavedra se estiman que son 23: casi todos en dólares y en formatos temporarios o turísticos. Pero ningún proyecto de los presentados apuesta a regular este sector.
“Estas iniciativas (las votadas este jueves) no son a favor de los inquilinos sino que son beneficios para los propietarios y las desarrolladoras, y por lo tanto, no tendrán un efecto relevante para mejorar el déficit habitacional porque están pensadas solamente para generar mínimos incentivos sobre la oferta”, expresó el diputado Matías Barroetaveña.
“No podemos seguir diciendo que es solo un problema de oferta cuando desde 2011 hasta hoy se han construido 10 millones de metros cuadrados y el problema de la vivienda y los alquileres es cada vez peor para los trabajadores y clase media de la ciudad; hay 330 mil más viviendas que hogares, tenemos casas sin gente y gente sin casa”, agregó.
“La problemática del alquiler no puede pensarse desligada de todos los segmentos del mercado de vivienda formal e informal, ni del impacto que tiene sobre los precios el mercado de alquileres turísticos temporarios”, acotó Barroetaveña, que presentó una serie de proyectos tendientes a «un abordaje integral del derecho a la vivienda», como el Marco de Vivienda y Hábitat, el Programa Puesta en Valor de Edificios de Propiedad Horizontal.
La misma apunta a brindar créditos blandos y subsidios para consorcios de baja y mediana escala para abaratar costos de mantenimiento del parque habitacional y la promoción de la práctica consorcial; y la modificación de la Ley de Alquileres Turísticos Temporarios que refuerza la obligatoriedad de inscripción en el registro y destina lo recaudado para programas de alquiler social.
Maru Bielli (FdT) añadió que «los alquileres temporarios son un fenómeno cada vez más preocupante en la Ciudad de la manos de empresas como Airbnb. Sin embargo, hay una falta enorme de control y regulación por parte del Gobierno de la Ciudad».
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Que esperaban??? Que latreta va solucionar los temas de los inquilinos. Olvídense...no ve ..no le interes
Beneficia al inquilino porque estos gastos se trasladan siempre al inquilino dentro del valor del alquiler