En la actividad participaron más de 140 educadores de los distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
“Esta diplomatura surge de la experiencia del programa Jóvenes y Memoria, que nuestro organismo lleva adelante desde hace más de veintiún años, la misma busca generar un espacio de formación para docentes y activistas en Derechos Humanos”, contó Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. Siguió relatando que todas estas personas estarán inscriptas “en una perspectiva crítica, además el objetivo no es sólo poner en común los distintos conocimientos, sino producirlos a partir de las prácticas concretas de los sujetos involucrados en las comunidades, bien desde el territorio y basándose en la experiencia””.
“Nosotros hicimos un breve repaso histórico sobre las últimas cuatro décadas, desde la recuperación de la democracia, como resultado de ello consideramos que el espacio de la diplomatura es una herramienta más en la disputa del sentido que damos en la sociedad”, remarcó el secretario ejecutivo. Cerró señalando que es así porque “las memorias locales son espacios en los que se consolida la resistencia y por eso nos interesa recolectar esas luchas que son tan importantes”.
“Nuestro programa Jóvenes y Memoria -que funciona hace más de veintiún años- ha sido una experiencia pedagógica muy importante que cuestiona en forma directa la idea de transmisión cómo transferencia de conocimiento en torno al pasado para garantizar la no repetición”, explicó Sandra Raggio, directora general de la CPM, a este diario. Continuó señalando que lo hace “como una experiencia que se constituye en el encuentro entre distintas generaciones, conectando el pasado con el presente”.
“Es por eso que la propuesta de esta diplomatura en Pedagogía de la Memoria y Derechos Humanos que presentamos junto a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, es generar un espacio de reflexión y de sistematización de esa experiencia pedagógica en el marco de un trayecto de formación”, enfatizó Sandra. También aseguró; “porque esas experiencias han acumulado y consolidado conocimiento”.
“La cursada de la misma será de manera virtual, posee seis módulos de veinticuatro horas de duración cada uno, más un taller para la elaboración del trabajo final”, detalló la directora general. Siguió relatando que entre los contenidos del trayecto de formación, “se abordarán aspectos conceptuales sobre historia, memoria social y Derechos Humanos. Además, la historia de la memoria y las políticas de institucionalización; la pedagogía de la memoria; los problemas y dilemas de la representación y los sitios de memoria”.
“Esta formación que brindamos es parte de una larga experiencia de investigación y formación de nuestro organismo, que actualmente estamos haciendo junto a la Universidad Nacional de Quilmes (UNQI). Se trata de la segunda cohorte del Diploma de Extensión Diseño Institucional y Gestión de sitios de Memoria”, contó Sandra. Cerró diciendo que esperan que esto “nos permita distintas formas de compartir, más solidaria y contemplativa con los demás”.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria participaron -en la mesa de apertura- la vicepresidenta Ana Barletta; el secretario ejecutivo Roberto Cipriano García y Gonzalo Conte. También la senadora Maria Reigada, quien es presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica.
Luego la directora general Sandra Raggio, el vicedecano de la FaHCE Martín Legarralde y la directora del programa Jóvenes y Memoria María Elena Saraví que coordinó la mesa, presentaron la iniciativa de formación que inscribirá aspirantes durante abril. El cierre estuvo a cargo de la socióloga e investigadora Elizabeth Jelin.
En el marco de las jornadas “Las memorias locales en la disputa por la democracia”, el sábado pasado también se realizó la presentación del Registro de Violencia Genocida en la Provincia (REVIGE). La exposición del documento la hizo la antropóloga social Ludmila Da Silva Catela.
Cabe destacar que el registro está conformado por fuentes judiciales, institucionales, archivísticas y de la sociedad civil. El mismo permite ver la dimensión de la práctica genocida y al mismo tiempo fortalece los procesos de construcción de memorias locales mediante la emergencia de nuevas historias, la que muchas veces son invisibilizadas en los registros institucionales.
También mostró la sistematización de toda la información ya producida y validada que resulta un aporte a la verdad. Es una tarea que los organismos de Derechos Humanos y otras organizaciones comenzaron a realizar durante los años de dictadura cívico-militar.
Algunos de los datos que expusieron surgen de los primeros trabajos sobre el registro construido, una de las fuentes es la Justicia que relevó 93 sentencias de juicios por delitos de lesa humanidad. También se registraron hechos de represión, con represores y víctimas. Otra de las fuentes está constituida por las producciones del programa Jóvenes y Memoria, que desde su inicio en 2002, recopiló que hubo 1.137 investigaciones sobre personas desaparecidas.
También está la fuente de información del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que la Comisión Provincial por la Memoria tiene bajo su custodia desde 2001. En todos estos años, se recibieron más de 15.000 consultas de información personal sobre el espionaje realizado por la fuerza policial.
El registro también exhibió el legajo 2703 de la Mesa Ds -delincuentes subversivos- en donde se contabilizan 9.000 personas detenidas bajo disposición del Poder Ejecutivo Nacional y más de 1.300 solicitudes de captura de otras personas.
Datos preliminares de la habitualmente confiable Usina de Percepción Ciudadana.
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