«La UniCABA sigue adelante, probablemente cambien todos los artículos de la ley»

Recién en septiembre», advierte Soledad Acuña. Dice que sólo entonces va a sentarse a discutir una propuesta superior al 15% de aumento salarial para los maestros porteños, lo que pone en peligro la reanudación de las clases tras las vacaciones de invierno. Asegura que en la Ciudad de Buenos Aires «no hay falta de vacantes», pese a los miles de chicos que quedaron en lista de espera y a los que asisten, como alternativa, a los Centros de Primera Instancia (CPI). En relación a la UniCABA, admite que el proyecto será modificado para llegar a un consenso con los profesores, y que para eso «pueden cambiar todos los artículos de la ley». Se pronuncia a favor de la «despenalización» del aborto –no de la legalización– y está convencida de que en el distrito «hay una implementación correcta de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles». Esa norma, dice la ministra de Educación porteña, «es una responsabilidad de las maestras y los maestros».

–¿Pañuelo celeste o pañuelo verde?

–Estoy a favor de la despenalización del aborto.

–Muchos legisladores se expresaron durante el debate sobre la necesidad de una Ley de Educación Sexual Integral, cuando ya existe hace 12 años. ¿Se implementa en la Ciudad de modo integral y en todos los niveles?

–En la Ciudad estamos convencidos de que hay una implementación correcta de la Ley de ESI en todos los niveles. Sí creemos que tenemos que trabajar mucho en el cambio cultural, en la cabeza de todos los actores del sistema educativo. Cuando uno empieza a hablar de autonomía y de la integralidad del concepto de ESI, es más difícil medir y probar si se está dando bien o mal, porque deberíamos tener evaluadores en cada curso, en cada actividad.

–¿Realizaron algún tipo de relevamiento?

–Sí, a principios de este año, sabiendo que iba a haber mucha movilización social en torno a esta cuestión, a raíz de la discusión de la despenalización o no del aborto. La primera semana de clases hicimos una encuesta en todas las secundarias públicas. Primero mandamos una carta a todos los estudiantes donde les informamos todos los espacios y los derechos que tienen en términos de lo que dice la ley, qué tiene que pasar dentro de la escuela y a qué números pueden llamar si eso no ocurre. Y luego la encuesta, que contestaron 44 mil chicos, es decir, el 70% de los estudiantes y casi el 95% de las escuelas.

–¿En primarias no?

–No. Por las características de la encuesta, la hicimos para secundaria.

–¿Pero en primaria y en jardín se implementa? ¿Esos niveles no los relevaron?

–Lo que pasa es que ahí es difícil. En jardín, sobre todo, trabajás conceptos que tienen que ver con competencias, con habilidades,  con autonomía. Sí tenemos mucho para trabajar en cómo transmiten las cosas los docentes. Los chicos manifiestan muy claramente que ellos prefieren trabajar con material multimedia, con cuestiones digitales: la forma de enseñar que piden los pibes es distinta a la que usan los docentes.

–Muchos docentes critican la falta de capacitación. El Ministerio de Educación de la Nación reconoció que en 2015 se capacitaron en ESI 55 mil docentes y en 2017, sólo 1050. ¿Cómo repercutió esa merma en Ciudad?

–Somos la única jurisdicción en todo el país con nuestra propia escuela de capacitación docente, la Escuela de Maestros. A veces usamos fondos de Nación, pero otras son líneas prioritarias que las definimos y financiamos nosotros.

–Hay un pedido de informes de la legisladora María Inés Gorbea para conocer cómo se implementó el presupuesto para la ESI en los últimos tres años. No fue respondido.

–Es un enfoque equivocado buscar, a través del presupuesto, si la ley se está cumpliendo o no. La verdad es que esto es una tarea docente. La Ley de ESI es responsabilidad de nuestras maestras y maestros, de nuestras escuelas.

–Le pregunto por el proyecto de la UniCABA, ampliamente rechazado por la comunidad educativa. ¿Van a seguir adelante con esa iniciativa?

–Absolutamente. Es necesario transformar la formación docente. Hay planes de estudios extensos que están alejados de las prácticas. Es una carrera terciaria que no dura menos de cinco años de teoría y que en la práctica les lleva ocho años, en una ciudad donde, a diferencia del resto del país, hay menos jóvenes que quieran estudiar para ser maestros y maestras. Nosotros presentamos el debate a partir de la creación de una universidad. Hoy estamos yendo a un modelo de discusión donde probablemente cambien todos los artículos de la ley.

–O sea que van a modificar el proyecto.

–¿Qué otras opciones hay sabiendo que tenemos que cambiar? Estamos en ese proceso de discusión con legisladores y especialistas.

–Pasaron ocho meses desde que se presentó el proyecto y todavía no se sabe quiénes son los autores.

–El problema del mundo de la intelectualidad pedagógica es que tienen una especie de criterio censor sobre quién está habilitado a hablar de todos los temas. Nosotros tenemos mayoría en la Legislatura desde el 11 de diciembre de 2017, podríamos haber votado este proyecto ese mismo día, pero hace ocho meses que estamos discutiendo, escuchando y dando nuestros argumentos.

–Hay buenas experiencias de formación superior que coexisten con la formación terciaria, como la UNIPE, y eso no significa eliminar los profesorados.

–En el modelo que propusimos originalmente no hablábamos de cerrar los 29 institutos. Eso dijeron los que están en contra de cualquier formación para no discutir nuestro argumento. Hablábamos de una transferencia gradual donde además se garantizaban los puestos de trabajo de todos los docentes. El docente que crea que puede ser despedido en la Ciudad es porque no conoce la realidad. Nosotros necesitamos maestros. Si alguien hoy se recibe en un instituto de formación docente, entra a trabajar seguro. Somos permanentes tomadores de empleo en el sistema educativo.

Falta de vacantes

–¿Sabe cuántos chicos hay sin vacantes? Y, en consecuencia, ¿cuántas escuelas y jardines deberían construir y en qué barrios?

–En la Ciudad no hay falta de vacantes en la educación obligatoria desde los 4 años. Durante los primeros diez años de gobierno se construyeron 64 escuelas, y en estos cuatro años de gobierno de Rodríguez Larreta nos pusimos una meta de 52 escuelas nuevas, y de esas, 33 son jardines con salas de 3. El 60% de estos jardines son en zona sur.

–Usted dijo que están obligados a dar una vacante a partir de los 4 años, pero la Constitución porteña los obliga a partir de los 45 días de vida.

–Sí. Por eso estamos construyendo 52 escuelas en este período. Hoy garantizamos sala de 5 y de 4, para eso tuvimos que hacer escuelas. El 80% de los chicos que pidieron sala de 3 también obtuvieron vacante en la escuela pública.

–¿Tiene el dato de cuántos chicos de 45 días de vida o más hay sin vacante?

–Podemos saber cuántos chicos vinieron a pedir la vacante en la escuela pública, ¿qué sé yo cuántos chicos quieren venir a la escuela si no vienen a pedirlo?

–Pero la demanda en esa franja etaria existe y la Justicia siempre falló a favor de las familias.

–Sí, claro. En esos casos, nosotros lo que les decimos a los jueces es, ¿a quién saco? Entonces, esos casos después no avanzan.

–¿Cree adecuado suplir la falta de vacantes con los Centros de Primera Infancia, que no son una institución pedagógica sino una herramienta de contención social?

–Los CPI los armé yo cuando era subsecretaria de Promoción Social y no surgieron como una política para suplir vacantes, son parte de una política de promoción social y familiar en los barrios. Tienen una perspectiva de desarrollo social y por eso están vinculados con organizaciones de la sociedad civil. Son complementarios, no reemplazan.

–¿Podrían traspasar esos centros a la órbita de su ministerio?

–Por el momento no hay una decisión tomada. En tal caso dejarían de ser Centros de Primera Infancia y pasarían a ser jardines maternales, con una mirada puramente educativa. Hoy tienen supervisión de Educación, para que garanticen determinadas cuestiones básicas curriculares, pero tienen un proyecto social.

–Muchos profesionales de la educación sospechan que la creación de los CPI es una medida contra los gremios docentes, al no generar empleos bajo la órbita de Educación.

–Es una perspectiva particular de quienes hacen esa afirmación. Nosotros no tenemos políticas antigremiales. Si pasás los 77 CPI vas a tener la misma cantidad de docentes, sólo que en el ámbito de Educación.

–Pero denuncian que no hay docentes en los CPI.

–Claro que hay docentes dentro de los CPI. Un docente y un auxiliar por sala.

–Pero no están agremiados como trabajadores de la educación.

–Eso no lo sé.

–El presupuesto 2018 destina 6050 millones de pesos a subsidiar la educación de gestión privada, y de ahí $ 1200 millones reciben colegios católicos. ¿Se estudia reducir esos subsidios?

–Para reducir hay que cambiar la normativa. Nosotros no dejamos de invertir un peso en la educación pública por transferir a las privadas. Plantear una discusión de sacarle a la Iglesia para darle al Estado me parece equivocado. Pensar que el problema de la educación tiene que ver con el financiamiento es no entender el problema de fondo. Con más presupuesto no van a mejorar los resultados necesariamente.

–Por lo pronto sí se podrían construir más escuelas.

–En las zonas donde la gente elige la escuela privada, yo tengo escuelas donde pueden ir los chicos. El problema es que necesitamos que la clase media vuelva a elegir la escuela pública como opción. Hoy no la eligen porque no creen que les dé el valor que quieren para sus hijos.

–En cualquier caso, en los últimos diez años el presupuesto de Educación en la Ciudad pasó del 27,5% del total al 18%, bajó casi diez puntos.

–Repito: no bajó el presupuesto, incluimos servicios. Ahora tenés la transferencia de la Policía, la transferencia del subte, todo eso fue haciendo que la proporción de Educación bajara, pero porque se amplió la torta.

–Por último, si Larreta volviera a presentarse como candidato en la Ciudad. ¿Cómo se ve como vice?

–Me veo como una gran ministra de Educación. «

El protocolo antitomas

–¿Qué pasará con el protocolo antitomas? Dos veces ya fue suspendido por la Justicia. ¿Por qué no se sentaron a hablar con la comunidad educativa antes de elaborarlo?
–No es verdad que no nos sentamos, nos sentamos tres millones de veces. Primero con los centros de estudiantes, tuve reuniones todas las semanas, y después con los supervisores, los sindicatos y las cooperadoras. Lo que presentamos el año pasado no era un protocolo antitomas sino pautas de acción para las autoridades de las escuelas. Cuando se produce una toma, los directivos siguen siendo responsables sobre el patrimonio y sobre la seguridad e integralidad de los chicos. Entonces, durante las tomas del año pasado nos pedían herramientas para poder actuar.
–Varios estudiantes fueron la semana pasada a la Legislatura a hablar con las comisiones de DD HH y Violencia Institucional para dar su visión sobre este protocolo. Querrían que usted los recibiera.
–Nunca me pidieron reuniones. No tengo ningún problema en recibir a nadie.