A través de sus redes, en un nuevo guiño hacia Javier Milei, el ex presidente Mauricio Macri apuntó horas atrás contra las universidades, y más específicamente a la UBA. Sostuvo que «enfrenta una crisis de transparencia» y habló de «la necesidad urgente de conocer el destino del dinero que reciben las universidades». Y fue la UBA quien precisamente salió a responderle: enumeró las auditorías que reciben, y acotaron: «queremos ex presidentes que estén a la altura de lo que el debate público necesita».
«En el debate televisivo sobre la universidad, quedó claro que la UBA enfrenta una crisis de transparencia; desde 2015 no ha presentado ni una sola factura. Lo cierto es que acá no se está discutiendo la autonomía universitaria. Tampoco se está cuestionando el acceso a la universidad ni su funcionamiento», sostuvo el ex mandatario.
Acotó que «lo que realmente está en disputa es «la suya»: la parte del presupuesto que se desvía hacia la política. La necesidad urgente de conocer el destino del dinero que reciben las universidades y su uso no se limita solo a la UBA, sino que abarca también a la red de universidades que, durante el kirchnerismo, fueron utilizadas con fines políticos. Algunas de estas instituciones han estado involucradas en escándalos de sobreprecios en la compra de equipamiento a gran escala e incluso en la producción de telenovelas que nunca fueron emitidas».
Y completó: «Para el populismo, todas las instituciones son herramientas para acumular poder. Por eso, cuando estuvieron en el gobierno, intentaron apoderarse de la justicia, silenciar a los medios y corromper a las universidades mediante la manipulación de los presupuestos. Las consecuencias de esa manipulación siguen hasta hoy. El manejo del dinero sigue siendo opaco en muchas universidades».
La respuesta de la UBA
«Los comentarios del ex presidente Mauricio Macri están totalmente equivocados. O tiene un profundo desconocimiento sobre el tema o falta groseramente a la verdad». Así comenzó la respuesta de la UBA, en palabras firmadas por su rector, Ricardo Gelpi.
Sostuvieron que las Universidades Nacionales son auditadas dentro del marco normativo vigente por la Auditoría General de la Nación (AGN), «que audita a todo el Estado Nacional y no solo a las universidades». En el caso particular de la UBA, la última auditoria que la AGN realizó, finalizó en el año 2023, tal cual se desprende de la propia página web del organismo (https://www.agn.gob.ar/)
En las Universidades existen, además, auditorías internas, cuyos responsables son elegidos por cuerpos colegiados donde todos los claustros están incluidos: «Esto marca una importante diferencia con la auditoría interna del resto del Estado Nacional, donde el responsable a cargo es una persona designada exclusiva y directamente por el Presidente».
«Como si ello no bastara, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, recibe mensualmente una rendición de ingresos y gastos. Esa información llega todos los meses a Alejandro Alvarez, con máximo nivel de detalle según lo estipulado en las leyes de presupuesto anuales y la Ley de Administración Financiera», acotan.
Adicionalmente, dos veces por año (con fechas de corte 30/6 y 31/12), la Universidad le remite al Ministerio de Economía (Contaduría General de la Nación) sus estados contables y cuadros de cierre, con la totalidad de los recursos y erogaciones del periodo. Finalmente, toda la información y documentación que recibe el Ministerio de Economía es consolidada y remitida al Congreso de la Nación.
«Durante el gobierno del Ing. Macri, el Estado Nacional impulsó numerosos convenios de cooperación técnica con nuestra Universidad. La decisión de su gobierno de solicitar dicha asistencia a esta casa de estudios, como también lo hacen empresas, la Justicia Federal o el Congreso de la Nación, son indicativos del prestigio y la transparencia de nuestra institución», remarca Gelpi.
Y concluye: «Queremos una universidad pública a la altura de la formación e investigación que nuestra sociedad necesita y ex presidentes que estén a la altura de lo que el debate público necesita: que no falten a la verdad, que no desconozcan lo que administraron».