La militancia de Micaela frente a los oportunistas de la mano dura

“No pedimos mano dura. El reclamo es que la justicia patriarcal revea y reforme los procedimientos. Micaela quería una sociedad más justa. No vamos a claudicar en esa lucha”. Las palabras de la comunicadora entrerriana Sandra Míguez, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, resumen la congoja y el reclamo renovado tras otro cruel femicidio, a tan sólo un mes del 8M, y la paradoja de que el discurso punitivista del gobierno nacional, ante la decisión a todas luces polémica del juez que otorgó la libertad al violador Sebastián Wagner, exacerbe la crítica de todo lo que con pretendido menoscabo sus funcionarios llaman “garantismo”, precisamente a partir del crimen de una militante social.

Legisladores entrerrianos se reunieron hoy para definir un planteo similar al que ya había presentado el senador provincial Nicolás Mattiauda: un jury y la remoción de Carlos Rossi, el juez de Ejecución Penal de Entre Ríos que, a contramano de los informes negativos del Servicio Penitenciario provincial y antes de que cumpliera su condena a nueve años de prisión por dos violaciones, decidió otorgar la libertad condicional a Wagner.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, declaró que “lamentablemente, tomar este tipo de decisiones de un modo desaprensivo y sin mirar a las víctimas, ni el contexto, nos lleva a este tipo de tragedias”, y agregó que “hoy los jueces tienen facultades, y más aún con informes negativos, para mantener a las personas cumpliendo la pena a la cual se los había condenado”. En la misma línea y más allá se expresó el titular de la cartera de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, quien pidió “terminar con la libertad condicional” en casos donde se produzcan homicidios, secuestros seguidos de muerte y delitos sexuales. Para este tipo de crímenes, dijo, “si alguien es condenado a 25 años, tiene que cumplir los 25 años”, la posibilidad de revisar las condenas “significa un menoscabo del derecho de las víctimas”.

Ferrari advirtió que “esto no significa que (no) tengamos que trabajar fuertemente en la reinserción social de aquellas personas que cometen delitos de inferior gravedad”, trazando sin titubeos una línea entre las personas privadas de su libertad que podrían ser recuperadas para la vida en sociedad y las que no, en una provincia que acaba de alcanzar su récord histórico de detenidos (38.089 personas, 223 presos en cárceles, comisarías y alcaidías cada 100 mil habitantes, la tasa de encarcelamiento más alta del país) y en un sistema donde apenas el 39% de los presos tiene condena firme: el resto está bajo prisión preventiva.

Mientras tanto, el Tribunal Criminal Oral N°1 de Morón beneficia al cura Julio César Grassi con el derogado régimen del «dos por uno», a poco menos de un mes de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su condena a 15 años de prisión por abuso sexual. Según Juan Pablo Gallego, abogado de las víctimas del sacerdote que regenteaba la Fundación Felices Los Niños, y que apelará la medida, el tribunal presidido por el juez Claudio José Chaminade computó como días de prisión fechas en las que Grassi estaba libre, con lo que la pena impuesta al religioso detenido en la Unidad Penitenciaria de Campana se reduciría en dos años.

Gallego comparó los beneficios otorgados a Grassi y Wagner: “En estas horas, cuando la sociedad está conmovida por el horrible crimen de Micaela, estamos en peligro de que este feroz pederasta obtenga este beneficio aun cuando todas las instancias judiciales demostraron su culpabilidad y su enorme peligrosidad, porque sabemos lo que ocurre cuando estos delincuentes sexuales vuelven a las calles”.

En julio del año pasado, ese mismo tribunal –que también integran Juan Carlos Uboldi y Mariana Maldonado– dejó impune el homicidio de Héctor “Remo” González, víctima de un caso de “gatillo fácil” por parte del policía bonaerense Roberto Aquino, en uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional en la Zona Oeste del Conurbano. Ni Garavano ni Ferrari se pronunciaron aún sobre un eventual pedido de juicio político contra esos magistrados.

Mientras los medios adictos aprovechan la coyuntura para denostar lo que llaman la “doctrina Zaffaroni” –el ex miembro de la Corte Suprema defendió en 2015 al juez Axel López, absuelto en el jury que se le siguió por decidir la libertad de dos presos que reincidieron–, el movimiento de mujeres tiene bien claro hacia dónde dirigir la impostergable demanda que se volvió global con el grito de “Ni una menos”.

Atravesado por un clima de época que multiplica las detenciones arbitrarias, como ocurrió tras el 8M, y que tiende a naturalizar la violencia policial como un elemento más de la disputa por el espacio público, el movimiento de mujeres respalda las garantías del debido proceso y, desde luego, las palabras del papá de Micaela, quien advirtió que “no hay que hacer justicia por mano propia”, respetuoso, en medio del dolor, de los ideales de su hija.

Comprende, sin embargo, que “mano dura” y “gatillo fácil” son dos caras de la misma moneda, y que el problema no es el garantismo sino la violencia machista que se ejerce desde el Estado, en muy diversos ámbitos, pero sobre todo a través de la justicia patriarcal que genera fallos como el que liberó al asesino de Micaela, consonante en su sentido con el que ahora beneficia a Grassi.

Esa justicia que, como dice Sandra Míguez, “tiene que dar explicaciones respecto de un sistema que sigue protegiendo a violadores, abusadores y pedófilos”.