El 7 de diciembre de 2020, el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street, evidenciando su doble condición de recurso limitado y mal distribuido. En la Argentina, aunque a muchos todavía les cueste imaginarlo, alrededor de 7 millones de personas no tienen acceso a una red pública que los abastezca de agua potable. La poca o nula inversión en infraestructura por parte del Estado y la falta de escrúpulos de productores y emprendedores privados que, incluso, llegan a desviar los cursos naturales de los ríos para su propio beneficio, fomentan un reparto desigual de eso que ya muchos consideran el “oro azul”. La industria extractiva –petroleras y mineras– juegan un papel estelar en la crisis hídrica, acaparando millones de litros diarios y condenando a los pueblos a la sed o, algo aún más perverso, al riesgo de consumir agua contaminada.
“El Estado nos vende”
Los vecinos de la neuquina Añelo, capital de Vaca Muerta, hartos de no tener agua, cortaron las rutas y los accesos de los camiones a las instalaciones petroleras. Los 40 grados de enero y la imposibilidad de higienizarse en un contexto de pandemia hubieran alcanzado para justificar la protesta en cualquier rincón del país. En Añelo tienen un motivo extra.
“Los vecinos de la capital nacional del fracking no tienen agua, pero a 20 kilómetros de ellos se desarrolla una técnica hidrocarburífera que gasta millones de litros. Los pozos más grandes, como los de Tecpetrol, usan 90 millones de litros de agua en cada proceso de fractura, el equivalente a unos 3800 camiones cisternas al tope o lo que gastaría una familia en 120 años de consumo. Las empresas pagan por esa agua que usan 4,9 pesos el metro cúbico, es decir, mil litros de agua a menos de cinco pesos. Entonces, por un pozo grande gastan hasta 450 mil pesos que a priori parece mucho, pero que no llega a ser el 0,01% de lo que reciben por subsidios”, explica Fernando Cabrera, investigador del Observatorio Petrolero Sur (OPSur).
Los vecinos de Añelo levantaron los cortes luego del compromiso del municipio de finalizar la red de agua para el correcto abastecimiento de un sector del Barrio El Mirador. Prometió, además, realizar un seguimiento permanente en las líneas troncales para identificar posibles problemas de baja presión. Nada se dijo, sin embargo, de las sospechas de contaminación que le quitan el sueño a todo el pueblo.
“Entre el 20 y el 80% de esos millones de litros usados en los pozos retornan y se vuelven a inyectar en otros pozos sumideros o piletas abandonadas. Esa agua, a la que se le habían inyectados químicos, algunos de ellos probadamente cancerígenos, para la técnica de fracking, se mezcla con los minerales y todo lo que se arrastra del subsuelo, pero no existe ninguna información o estudio publicado sobre el tratamiento que reciben. Lo que sí es evidente es el peligro de que esa agua residual filtre hacia abajo y contamine otros acuíferos o fuentes de agua pura”, señala Cabrera.
La lucha por el agua se libra en toda la Patagonia. En Caleta Olivia, al norte de Santa Cruz, el comienzo de año encontró a los vecinos en las calles, luego de que barrios enteros pasaran hasta un mes entero sin abastecimiento. No fue una sorpresa. El reclamo de una red de agua potable es histórico. También el incumplimiento de las promesas de solución por parte de los funcionarios.
“El agua a Comodoro Rivadavia nos llega a través de un acueducto de unos 150 kilómetros de recorrido que trae agua de los lagos Musters y Colhué Huapi. El primero está desapareciendo y el segundo directamente se secó”, se lamenta Zulma Usqueda, del Foro Ambiental y Social de la Patagonia.
Comodoro «a secas» como le dicen los locales, tiene más de 100 años de explotación petrolera, lo que haría pensar en una zona de desarrollo económico e infraestructura importantes. La realidad es que, para mantener las reservas de agua, los vecinos sufren dos cortes de suministro semanales de 24 horas de duración cada uno.
“Todas las localidades de la Cuenca del Golfo de San Jorge –continúa Usqueda– vamos camino a desaparecer. En Las Heras y en Koluel Kaike (ambas en Santa Cruz), por ejemplo, la gente no toma agua de la canilla porque está contaminada. Conozco vecinos que deben trasladarse 80 kilómetros para buscar agua potable. El Estado, en vez de hacer algo por los que vivimos en estos lugares, sale a vendernos. A la minería se le suma el petróleo y al petróleo se le suma el fracking. También permite que empresarios desvíen ilegalmente los cursos de los ríos para regar sus propios cultivos. Ninguna ciudad puede sobrevivir sin agua. Sentimos que nos quieren matar”.
El mal ejemplo
Carolina Caliva nació en Jáchal, San Juan, al igual que sus padres y abuelos. Ese linaje, dice, le otorga más derechos que “estas empresas y gobiernos que vinieron a vendernos y a declararnos un pueblo sacrificable”. Jáchal está ubicado “aguas abajo” de la mina Veladero, de la empresa canadiense Barrick Gold, recientemente también propiedad de la china Shandong Gold. En septiembre de 2015, en uno de sus derrames, vertió más de un millón de litros de solución cianurada al cauce del río Potrerillo, contaminando, además, otros cuatro ríos.
“La megaminería sigue destruyendo glaciares y ocupando agua. En diciembre realizamos varios cortes de calles denunciando esta situación, pero vivimos en una provincia que censura y criminaliza la protesta. Hubo detenciones solamente por pedir agua”, se queja Caliva, organizada, desde 2015, en la Asamblea Jáchal No Se Toca.
“Si hablamos del problema del agua a nivel nacional, no se trata solo de la cantidad, sino de la calidad. Tenemos muchos lugares en donde el agua está contaminada y la gente sigue consumiéndola”, dice Julieta Lavarello, abogada de las Asambleas por el Agua Pura de Mendoza.
“En Mendoza –detalla– está la amenaza latente de la minería metalífera a gran escala. Se sabe que usa enormes cantidades de agua, y que esa agua que pretende usar proviene del deshielo. En San Juan, el agua de los cinco ríos que alimentan el norte están contaminados por culpa de la Barrick Gold, pero el gobierno provincial no ha hecho nada. Entonces, se sigue consumiendo agua que contiene metales pesados que no se eliminan, sino que se acumulan en la sangre”.
«Hay que tomar decisiones –agrega Caliva–, porque todos sabemos en qué condiciones está nuestro ambiente. Nosotros, en Jáchal, declamamos a viva voz nuestra desgracia, que es la contaminación de nuestro río por la megaminería, y lo hacemos para que no les pase a otros pueblos. Nosotros somos el mal ejemplo.»
Día de los Humedales sin festejo
El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, pero en la Argentina lejos está de significar un festejo. Si bien representan aproximadamente el 21% del territorio y ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías y las fuertes lluvias, entre otros beneficios, aún no existe un marco legal que los proteja, siendo permanentemente amenazados por actividades como la ganadería, los proyectos inmobiliarios y la minería.
Se calcula que más de 300 mil hectáreas fueron arrasadas por los incendios de 2020, provocados intencionalmente por productores o emprendedores privados, en la zona del Delta de Paraná, lo que causó un grave daño a la biodiversidad del lugar, conformada por unas 700 especies de plantas y otras 500 de vertebrados, entre mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios.
Varias organizaciones ambientales exigen una ley urgente que incluya un inventario de los humedales a nivel nacional, una moratoria para impedir que se sigan deteriorando y que agregue una figura de delito penal con multas significativas para quienes los destruyen.
La amenaza de otro Veladero
El emprendimiento minero Veladero consume 110 litros de agua por segundo, es decir, 9 millones de litros por día, y opera sobre un área periglaciar, según destacan expertos internacionales y reconoce la propia empresa en su informe de impacto ambiental, violando la Ley de Glaciares, sancionada hace más de diez años. En paralelo, el Artículo 264 del Código de Minería establece el cierre definitivo de la explotación luego de tres infracciones graves. Veladero ya pasó ese número y, sin embargo, solo purgó suspensiones.
Esos derrames contaminaron el río Jáchal con mercurio (hecho constatado por los análisis de la Universidad de Mendoza), un metal pesado que el propio Ministerio de Salud de la Nación califica de “altamente tóxico”, explicando que la exposición (incluso a pequeñas cantidades) “puede causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida, ya que puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones, riñones y ojos”.
Pese a estos antecedentes, también en San Juan, en el departamento Iglesia, se puso en marcha la mina de cobre Josemaría (de acuerdo al informe técnico presentado consume 550 litros de agua por segundo, unos 45 millones al día). Proyecta la construcción de un dique de cola de unos 190 metros de altura, que recuerda al de Mina Gerais, en Brasil que, luego de una rotura en 2019, causó las muertes de más de 250 personas. El plan ignora el terremoto que hubo en la zona en 1984 y que alcanzó los 8,2 en la escala de Richter.
