«La ley de salud mental es un modelo en la región pero existe un lobby muy poderoso que pone trabas»

Ante todo, debemos decir que ley 26.657 es obligatoria para el sector público y el sector privado. Es para los hospitales generales, clínicas y sanatorios y también para las clínicas y hospitales psiquiátricos. Por lo general, cuando se critica la falta de implementación de la ley, se pone el acento en los hospitales psiquiátricos públicos, eso nos hace perder de vista muchas de las cuestiones importantes que no se cumplen. Y no solo no se cumple para las personas de escasos recursos económicos, también se le está incumpliendo a quienes pueden p[agar una prepaga o tienen obra social. Por ejemplo, si hoy una persona que está pagando una prepaga, tiene una crisis por causas de salud mental y necesita una internación o un tratamiento, por ley, debe poder hacerlo en cualquier clínica o sanatorio (como ejemplo, el Otamendi, Alemán, Británico o Bazterrica). Esto hoy no existe, es internado en una clínica psiquiátrica o a una autodenominada comunidad terapéutica. Las clínicas y sanatorios privados ni siquiera cuentan con guardias de emergencias.

La ley nacional de salud mental cambió el paradigma de la atención de la salud mental. Es decir, fortalecer la atención primaria de la salud y trasladar los tratamientos e internaciones desde el hospital psiquiátrico a la comunidad, es decir, posibilitar que las personas tengan derecho a hacer sus tratamientos cerca del lugar donde viven. Este punto no se está cumpliendo, todavía hay jurisdicciones, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, en la que la mayor parte del presupuesto está orientado hacia los hospitales psiquiátricos, mientras que de los 34 hospitales, solo tres cuentan con internación por causas de salud mental.

Las internaciones deben ser el ultimo recurso terapéutico, y cuando son necesarias, estas deben realizarse en hospitales generales (públicos y privados) y por un lapso lo más breve posible y no, en los hospitales o dispositivos de internación monovalentes. psiquiátricos. Este punto tampoco se está cumpliendo. Hoy la mayoría de las internaciones se realizan en hospitales psiquiátricos y dispositivos especializados en consumos problemáticos.

Tampoco se cumplió la fecha limite estipulada para la adecuación de los hospitales psiquiátricos, todavía se resisten y estamos lejos de que se cumpla.

Tampoco se han adecuado los hospitales generales públicos y las clínicas y sanatorios privados, es decir, incorporar tratamientos, internaciones, guardias y acompañamiento para personas con problemáticas de salud mental.

La ley prohíbe las internaciones por cuestiones sociales (falta de trabajo, falta de familia o de vivienda). Tampoco se cumple, en el ultimo censo, que fue hecho a medias, porque nos se incluyó a las personas internadas por motivos de adicciones, indicó que hay doce mil personas internadas en hospitales psiquiátricos con un promedio de ocho años de internación. Esto quiere decir que muchas veces la causa de internación no es la salud mental, sino la falta de recursos.

Para evitar internaciones, deben crearse los dispositivos intermedios, como son: a) Hospitales de día. b) Dispositivos habitacionales con diferentes niveles de apoyo. c) Dispositivos laborales, cooperativas, empresas sociales. d) Dispositivos artísticos y culturales. Podríamos decir que estos dispositivos son prácticamente inexistentes.

La ley incluye a las adicciones como parte de las políticas de salud mental, por lo que las personas que transitan situaciones de consumos problemáticos tienen todos los derechos que enumera la ley, por lo que no pueden ser abordadas como algo diferenciado y separado de los tratamientos de salud mental, ya que, todas las personas con consumos problemáticos tienen algún tipo de padecimiento mental que originó ese consumo problemático. Este punto tampoco se cumple, hoy es prácticamente imposible lograr un tratamiento por motivos de consumo en un hospital general, y mucho menos una internación.

De acuerdo a la ley, no puede rechazarse el tratamiento a ninguna persona por problemáticas de salud mental de ningún hospital general. Tampoco se cumple. La adecuación a la ley tiene muchas trabas, ya que existe un lobby muy poderoso que pone trabas, ya que toca intereses económicos y corporativos. Estos intereses, muchas veces, están cerca de los gobiernos, ejerciendo muchísima presión. No olvidemos que entre 2015 y 2017, esos poderes lograron poner uno de sus hombres al frente de la Dirección Nacional de Salud Mental, que estuvo a punto de modificar la ley de salud mental por decreto. La defensa de la ley fue tan fuerte, que el gobierno de entonces terminó pidiéndole la renuncia al funcionario.

Somos muchos los que pensamos que hay que trabajar e insistir para que esta ley termine aplicándose en su totalidad. Esta Ley de salud mental es considerada la mejor del mundo. Es destacada y es modelo, no solo en los países de nuestra región, sino también en los europeos. Restituye derechos y toma a la persona como sujeto de derechos.

Debemos decir que hay sectores que, al tener intereses económicos o corporativos, o que tienen una visión muy conservadora, critican fuertemente la ley, pero lo hacen usando frases hechas o fundamentos falsos para lograr una derogación o modificación de la misma, muchas veces con la complicidad de ciertos medios de prensa.

La Ley 26.657 es una ley que es poco conocida por la sociedad, pero también por muchos sectores profesionales, por lo que creen y repiten esas frases que circulan, entre ellas: que la ley impide internar, que el profesional que interne a una persona será acusado de privación ilícita de la libertad, que es antipsiquiatrica, que nunca participaron las asociaciones psiquiátricas en los debates por la ley o que las personas con diagnostico de psicosis o con adicciones necesitan un espacio cerrado para realizar el tratamiento. Nada de esto es cierto, pero circula en ámbitos profesionales y también en los medios. Si leemos la ley, observaremos que nada de esas cuestiones aparecen en ninguno de los artículos, y en relación a la participación de psiquiatras, basta con leer las actas taquigráficas del congreso para que esa afirmación caiga. Participaron todas las asociaciones psiquiátricas, médicas, universidades y grupos de usuarios y familiares de los servicios de salud mental.

Sabemos que existen prejuicios en relación a las personas con padecimiento mental y hacia aquellas que tienen problemáticas de consumo. Por lo general están asociadas a la peligrosidad y la violencia. Estos prejuicios no solo existen en la sociedad en general, también existen en profesionales de la salud, generando rechazo y falta de comprensión de la problemática, dando como resultado la exclusión de las personas del sistema de salud. Es decir, no solo son rechazadas por la sociedad, sino también por el área de salud que utiliza como herramienta predilecta la lógica del encierro.

Las representaciones sociales sobre este tema genera un enorme prejuicio y estigma sobre este colectivo. Se cree que son peligrosos y por el solo hecho de tener un diagnostico psicopatológico son capaces de agredir o matar. Las estadísticas nos indican que eso no es cierto. El porcentaje de personas con problemáticas de salud mental que cometen delitos es ínfima, en su mayoría los que cometen delitos son personas consideradas normales.

En este contexto, los medios producen, generan y refuerzan esos prejuicios y representaciones. En los medios existe espectacularización y violación de la vida privada de las personas. También es común que periodistas ejerzan diagnósticos sin saber de que están hablando. Este tipo de acciones refuerzan los estereotipos, prejuicios y mitos sobre las personas con padecimiento mental.

Es común que en los medios, los periodistas y entrevistados utilicen términos despectivos hacia esa personas. También utilizan diagnósticos como insultos, como psicótico, esquizofrénico, autista o idiota, otros ejemplos son: “gobierno esquizofrénico”, “el loco del martillo” u otros por el estilo. También existe vulneración del derecho a la intimidad.