En las últimas semanas la ciudad de Rosario ha sido noticia al estar cubierta por columnas de humo, algunas veces incluso alcanzando la Región Metropolitana de Buenos Aires en función de la dirección del viento. Su origen viene de los sistemáticos incendios que se han sucedido últimamente en el sector entrerriano del Delta del Paraná. Esto condujo a que la sociedad demandara enfáticamente el cese a los fuegos cuyo hito culminante fue la movilización en el puente Rosario-Victoria. Esta situación vuelve a instalar en la agenda pública la necesidad de contar con una Ley de Humedales.
Esta legislación, además de avanzar sobre aspectos vinculados a inventariar, conservar y gestionar los bienes comunes de estos ambientes, debe regular especialmente las actividades productivas e inmobiliarias junto a las consecuentes modalidades de uso que ellas hacen de estos ecosistemas. Así, se trastocarían los intereses de aquellos actores que históricamente han hecho usufructo de los beneficios de estas intervenciones y sociabilizando sus consecuencias negativas y adversas. Estas tensiones y conflictos no son ajenas al debate parlamentario y por ende, atravesarán todo el tratamiento del proyecto de Ley que iniciará este jueves en el Congreso Nacional.
Los incendios en el Delta del Paraná no son ninguna novedad. Desde el 2008 se repiten estos episodios ante el avance de la ganadería —cuya zonas tradicionales de actividad han sido desplazadas por el monocultivo de la soja—, como así también ante la multiplicación de urbanizaciones cerradas, donde el frente fluvial queda reservado sólo para los grupos más acomodados de la sociedad. De la misma manera, el trastocamiento y total erradicación de los humedales se registra a lo largo y ancho del país. Algunos casos elocuentes de este avance extractivista se centran en la minería del litio sobre los salares de altura en la Puna y la megaminería a cielo abierto en Cuyo y su pretensión de expandirse en Chubut, entre otros ejemplos.
Este contexto también explica que con el correr del tiempo el tema haya ganado interés social, no sólo por la relevancia que han cobrado los espacios ambientalistas sino, y especialmente, por la trascendencia social de las luchas de las comunidades locales sobre las que recaen los impactos negativos de las intervenciones comentadas anteriormente. De este modo, la cuestión de los humedales en particular -y del ambiente en general- comenzó a ser un tema relevante para la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones públicas. Un claro ejemplo de ello resulta la reciente creación de la Subsecretaría de Políticas Ambientales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA que viene trabajando en la materia desde el Programa de Investigaciones en Recursos Naturales y Ambiente (PIRNA) del Instituto de Geografía.
Todo lo anteriormente comentado explica que en las últimas décadas se hayan presentado un significativo número de proyectos de Ley de Humedales, los cuales perdieron estado parlamentario. El primer antecedente data de 2013 cuando se ingresaron dos iniciativas, una del hoy Frente de Todos y otra del Socialismo que se unificaron, pero en 2015 perdieron estado parlamentario.
Entre 2016 y 2020 se presentaron otros 6 proyectos con la misma suerte. El último de ellos estuvo relativamente consensuado por buena parte de las fuerzas políticas y tuvo como corolario los incendios sistemáticos en el Delta del Paraná durante la pandemia. Ante la inminente pérdida de estado parlamentario, se aglutinaron una parte importante de las organizaciones ambientalistas, las comunidades locales y referentes de la esfera académica que ya contaban con una extensa trayectoria y militancia por la protección de los humedales. Mediante el evento “Humedales al Congreso”, se exigió su tratamiento a la Cámara de Diputados. Sin bien el proyecto obtuvo dictamen de mayoría por la Comisión de Recursos Naturales, luego no fue tratado por la Comisión de Agricultura y Ganadería ante la capacidad de lobby de los sectores agropecuario, minero e inmobiliario, perdiendo así su estado parlamentario.
Una vez más la dirigencia política tiene la posibilidad de hacerse eco de una demanda social que es insoslayable, habida cuenta (en términos de David Harvey) del proceso de acumulación por desposesión del que son objeto los humedales del territorio argentino. Les legisladores deberían comprender que los temas ambientales ya no son una cuestión sectorial ni exclusividad de las y los ambientalistas, sino que interpela a toda la sociedad. Más aún, tras la declaración de la ONU que estableció el acceso al ambiente sano como derecho humano universal.
Si bien una normativa de presupuestos mínimos no es la panacea –tomando como base el derrotero de las leyes de bosques nativos y de glaciares–, es un instrumento indispensable para comenzar revertir el camino de despojo que atraviesan los humedales. Nuevamente, se renueva la esperanza de que el lucro privado no se sobreponga a los bienes comunes de la sociedad y que diputades y senadores estén a la altura de las circunstancias para acabar con este bucle cíclico que anida en el Congreso.
