La Justicia rechazó apelación de Matías Garfunkel en la causa por contrabando de obras de arte

La Cámara de Casación porteña rechazó un pedido de probation del ex empresario de medios de comunicación Matías Garfunkel, acusado de «malversación de caudales públicos» por «haber sacado de su inmueble tres obras de arte valuadas por una suma que ascendería a 1.300.000 dólares y haber procedido a su venta en el exterior, en las casas de subastas Christie’s».

El camarista Alberto Huarte Petite confirmó una decisión del Tribunal Oral Número Cuatro, en sintonía con la fiscalía y las querellas (una particular -su propio ex abogado Adolfo Verra por falta de pago de honorarios- y otra de la AFIP).

Verra, quien lo representó en el juicio de divorcio de su ex esposa Mariana Gersztein, no sólo lo denunció penalmente sino que también formuló un reclamo en el fuero civil por el cobro de sus honorarios. En ese contexto, este martes la Corte Suprema dejó firme la sentencia que lo condena a efectuar ese pago millonario a su abogado “por tareas extrajudiciales desarrolladas” y en relación con “los activos comprendidos, que exceden a los inventariados, y tienen una significación económica que ronda los cientos de millones de dólares”.

El máximo tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó la última apelación de Garfunkel, asignando a la condena a pagar los honorarios de su abogado fuerza de “cosa juzgada”.

Garfunkel fue socio del empresario Sergio Szpolski en el Grupo Veintitrés, que poseía entre otros medios a Radio América y Tiempo Argentino. Tras la asunción de Mauricio Macri en la presidencia de la Nación, en 2019, ambos abandonaron a su suerte a los trabajadores. Radio América desapareció y su frecuencia 1190 AM es operada hoy por Editorial Perfil y Tiempo se reconvirtió en un diario cooperativo y autogestionado por sus trabajadores. Este artículo que usted está leyendo es fruto de ese esfuerzo mancomunado tras el lock out patronal.

«Garfunkel se encuentra requerido a juicio, tanto por el Ministerio Público Fiscal como por las partes querellantes por haber quebrantado sus deberes como depositario judicial al haber sacado de su inmueble tres obras de arte» Se trata de «The Painted Bridge» o «Damas de la Terraza», del artista William Russell Flint, valuada en 130 mil dólares; «Deux Tapire FACE A FACE», de Rembrandt Bugatti (cotizada en 307.912 dólares) y un mueble-cómoda «Vautheret», de Emile Jackes Rullmann (627.615 dólares).

Garfunkel pidió la probation y ofreció para ello una reparación de 35 millones de pesos, que coincide con el embargo que le fue trabado en esta causa. La propuesta económica se fundamentó en la “manifiesta la imposibilidad de establecer el valor que tenían los bienes al momento de supuesta consumación del delito imputado”. El monto fue considerado «irrazonable» y, según el tribunal oral, «no evidencia una sincera voluntad de superar el conflicto por parte del imputado».

La jugada de Garfunkel apuntaba a dejar definitivamente atrás la cuestión relacionada con las obras de arte. En junio de 2023 había zafado de una acusación por un delito federal relacionado con las mismas obras de arte. El empresario estaba procesado por “haber quebrantado su obligación como depositario judicial de obras de arte que habían sido puestos bajo su custodia por el Juzgado Civil 79 en el marco de un incidente iniciado por un abogado por cobro de honorarios en su contra”. Además, se le reprochaba “haber sacado esos objetos del país sin someterlos al control de la autoridad aduanera y del Ministerio de Cultura (por ser patrimonio cultural), ni haber pagado los tributos de las operaciones de exportación, y haberlos posteriormente vendido en Estados Unidos”.

Cuando la imputación llegó a la etapa de juicio, el Tribunal Oral en lo Penal Económico número uno declaró la “extinción de la acción penal” según los parámetros de la “ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”, sancionada apenas asumió la presidencia Alberto Fernández, en 2019. Poco después, la Cámara de Casación Federal desestimó la apelación de la AFIP, que había argumentado que se había tratado de una maniobra de “contrabando agravado, siendo el fundamento de su punibilidad la clandestinidad en el egreso de la mercadería del territorio nacional”.

Caído el costado federal de la imputación, quedó en pie una derivación en la justicia ordinaria por dos artículos del Código Penal relacionados con la malversación de caudales públicos. Garfunkel está procesado por lo establecido en los artículos 261 y 263, que contemplan penas de entre dos y diez años de cárcel e inhabilitación absoluta perpetua al «funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.

Garfunkel no fue, ni es, funcionario público, pero la misma ley establece que la imputación alcanza a «los que administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares».

El juez Huarte Petite desestimó la apelación contra la negativa a la probation porque se basó sobre «meras objeciones genéricas que sólo expresan su discrepancia con lo resuelto», lo que significa «un defecto formal que obsta a la admisibilidad del recurso».

La apelación -dijo el tribunal- «carga con demostrar cuál es la naturaleza del error o inobservancia de la ley aplicable, de refutar los motivos brindados y, en su caso, de precisar cuál es la materia federal involucrada y cuál es la relación directa existente entre ella y la solución que se pretende».

«Esa carga -añadió- no ha sido satisfecha, pues la defensa de Garfunkel no demuestra acabadamente la arbitrariedad que alega respecto de la decisión del tribunal oral».