El gobierno porteño licitó la construcción de un parque costero por 1500 millones de pesos, en el marco de la reprivatización de las concesiones vencidas en Costanera Norte. Pero un juez acaba de dar pie a una cautelar que cesa la obra, ya que no pasó por la Legislatura porteña ni fue informada a la Nación.
A través de la Resolución 28/2022, el 2 de agosto de este año la Subsecretaría de Obras llamó a Licitación Pública 10179-0079 para la construcción del “PARQUE COSTERO BA”, el nombre administrativo con el que se conoce a BA Playa.
La iniciativa se desarrolla en la Costanera Norte, frente a la zona delimitada por Tierra Santa y Aeroparque. Consiste en un nuevo espacio público cubierto de arena para dar una idea de playa pública a lo largo de casi 3 hectáreas. Para eso el gobierno porteño encomendó el relleno (uno más) del Rio de la Plata. El 7 de noviembre se lo adjudicó a la empresa CRIBA S.A. por $1.523.334.227.
“Ocupar el espacio que le pertenece al rio, no sólo altera la propia dinámica del curso sino también su geomorfología. Por eso, es que las acciones de relleno y dragado, nada tienen que ver con una perspectiva de sostenibilidad”, apunta Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC).
Subraya que el relleno es ilegal: “Desde que se anunció el BA Playa sostuvimos que este nuevo relleno del Rio de La Plata constituía una violación al Plan Urbano Ambiental (Ley 2930, aprobada en 2008 y de máxima jerarquía en la Ciudad luego de la Constitución), que en su artículo 9 establece que se debe ‘preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes’. Y que en todo caso, se requería una ley de la Legislatura que autorizara el relleno, la cual no había sido sancionada para el caso del BA Playa”.
Frente a esa situación, la Defensoría del Pueblo de la ciudad presentó una acción de amparo colectivo ambiental solicitando la nulidad de la licitación de la obra. El ODC, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (como integrantes de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos) y la Fundación Ciudad se sumaron a la causa, y aportaron como fundamentos la violación del Plan Urbano Ambiental y que la ley que creó el Distrito Joven no había autorizado a realizar ningún relleno como interpretaba el Gobierno de la Ciudad.
Finalmente, 22 de diciembre de 2022, el juez Martín Converset hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al GCBA suspender las obras que se desarrollan en el sector individualizado como BA Playa. «Puede apreciarse con meridiana claridad que a los fines de transformar o desafectar un espacio determinado de la rivera del Río de la Plata –bien de dominio público natural– en un ‘parque público de 3 ha de superficie y con capacidad de hasta 6.000 personas, que funcionará como una playa pública’ se requiere, necesariamente, la debida intervención de la Legislatura de la Ciudad”, remarcó el magistrado.
El BA Playa estará ubicado en el Sector N°2 del Distrito Joven en la Costanera Norte, donde se encontraban los restaurantes Rodizio, Tequila y Gardiner y el boliche Pacha. Estas concesiones empezaron a vencerse y el GCBA prorrogó las concesiones o avanzó reprivatizando estos espacios, a pesar de que por la Constitución debían volver a ser públicos. El gobierno aspira a reprivatizar 6 espacios que suman una superficie total de 2,2 hectáreas. Hasta el momento cuatro de ellos ya fueron licitados y adjudicados.
Considerando la superficie del Sector 2 y la obligación de respetar la limitación del 25% de espacio privatizable, dispuesta por la Ley de creación del Distrito Joven, el GCBA se vio en la necesidad de rellenar el Rio de la Plata para compensar las superficies que nuevamente está concesionando. Eso derivó en el relleno para crear el Parque del Vega y el BA Playa.
El Ejecutivo liderado por Horacio Rodríguez Larreta sostiene que la ley 5961 de 2018 que crea el «Distrito Joven – Costanera Norte» ya lo habilita a los rellenos, pero Converset considera que la norma “ordena, con suma vaguedad ‘[afectar] al Distrito U (N° a designar) Distrito Joven-Costanera Norte los terrenos ribereños colindantes con el Polígono delimitado en el Anexo I, producto de los sucesivos rellenos costeros realizados o a realizarse al Río de la Plata. Los mismos se regirán por las normas instituidas en la presente Ley…’. Por ello, a tenor de que el articulado de la ley 5961 se encuentra revestido de una generalidad tal, no se puede tener por facultado al Gobierno de la Ciudad a proseguir con las obras en cuestión en el espacio denominado BA Playa hasta tanto la Legislatura de la Ciudad subsane las deficiencias apuntadas”.
“Entiéndase bien, el texto de la ley 5961 implica otorgarle un margen de discrecionalidad al GCBA sobre el Río de la Plata lo que redundaría en una autorización genérica –nótese que no se establece ubicación y superficie a rellenar– que conllevaría la realización de obras sin encontrar un límite legal determinado sobre la rivera del Río de la Plata”, añade.
Además, el fallo enfatiza que “no se advierte que el GCBA haya puesto en conocimiento del Estado nacional las obras a realizar sobre la rivera del Río de la Plata a efectos de evitar futuras y eventuales responsabilidades. Nótese que, en el sentido indicado, el Tratado del Río de la Plata -aprobado por la ley 20.645– establece el deber de las partes de informar las obras a realizarse a la Comisión Administradora, ‘…la cual determinará sumariamente y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible, al interés de la navegación de la otra Parte o al régimen del Río’”.
“Estamos frente a un nuevo capítulo de la constante actuación al margen de la ley del gobierno de la ciudad. Rodríguez Larreta ha decidido gastar 1.500 millones de pesos del conjunto de la ciudadanía porteña para garantizar que la misma cantidad de metros cuadrados que se encontraba privatizada en los ‘90 en este sector siga explotada bajo manos privadas. Existe una correspondencia entre la superficie que se privatiza y la superficie que se necesita rellenar para compensar el espacio verde que se pierde con las privatizaciones en este sector”, denuncia Baldiviezo.
Y completa: “la alternativa que reclamamos durante años es la que establece la Constitución de la Ciudad. La recuperación de estos predios costaneros para destinarlos 100% a un parque público de acceso libre y gratuito”.
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