«La Ciudad de Buenos Aires está cambiando su perfil urbano. En ese proceso es fundamental que las personas puedan trasladarse con fluidez y eficiencia.» Lo dice el Ejecutivo porteño, que a tal fin creó la Dirección General de Movilidad Saludable, con el eje puesto en la peatonalización, ya un latiguillo en el discurso del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Pero tras el objetivo de una ciudad más amigable con la gente de a pie, subyacen obras por decenas de millones de pesos, ganadas por empresas con polémicos antecedentes y a grandes costos, que se manifiestan, como ejemplo paradigmático, en esos elementos que se multiplican a ritmo de epidemia en la nueva fisonomía urbana porteña: los bolardos.
Ya se colocaron más de 4600 de estos objetos, parecidos a antiguas balas de cañón fijadas al cemento, que inundan las veredas peatonalizadas de la Capital, y prevén llegar a 5000 este año. En algunas zonas costaron hasta 8400 pesos cada uno. Se produce, además y sistemáticamente, una cadena que arranca con el Ejecutivo disponiendo la colocación de bolardos de menor calidad y permitiendo luego a las empresas cambiarlos por los bolardos más caros, que derivan en nuevas erogaciones millonarias no previstas en las licitaciones originales.
Las «semipeatonales» del Microcentro que permiten el ingreso de vehículos pasadas las 16, a una velocidad máxima de 10 km/h, además de motos y camiones de caudales, arrancaron en Reconquista, después en Suipacha, y al fin se convirtieron en un programa en sí mismo: Prioridad Peatón. Desde 2012, la Ciudad peatonalizó casi 10 mil metros cuadrados. En los próximos meses, el PRO quiere llevar el modelo a Retiro, Tribunales, Caballito y Once. En esta última zona, el anuncio se produjo horas después del desalojo violento de cientos de manteros. La idea es peatonalizar, nivelando la calzada con la vereda, con diferentes equipamientos bolardos, maceteros, bancos y luminarias que impidan el retorno de los vendedores callejeros. La policía hará el resto. Eventualmente, el ensanchamiento de veredas permitirá a bares y restaurantes colocar mesas y sillas sobre las aceras, ocupación del espacio público en beneficio privado que la Ciudad no persigue con tanto ahínco.
Epidemia urbana
Los bolardos son el elemento paradigmático de esta avanzada. Según los describe la web del Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, son «mojones que forman parte del mobiliario urbano y cuya función es separar las zonas vehiculares de las peatonales, cuando ambas se encuentran a un mismo nivel».
Pueden tener distintas medidas, de proporción vertical o de baja altura, compuestos por hormigón armado, hierro fundido o galvanizado, como el llamado «bolardo bala», el más caro y extendido. Deben situarse a una distancia tal que impida el estacionamiento de vehículos, tener un bajo mantenimiento y ser resistentes a la intemperie y al impacto de vehículos. Y su presencia, como la de los «palitos amarillos», viene expandiéndose como una plaga urbana, no solo en las peatonales céntricas.
El omnipresente bolardo que muchos transeúntes consideran directamente un nuevo obstáculo urbano es apenas el símbolo de un negocio varias veces millonario. En el plan Microcentro Peatonal ya se gastaron más de 300 millones de pesos. Hay empresas que se repiten en las adjudicaciones, algunas con polémicos antecedentes. En Retiro (donde el costo será de $ 67.882.107), están al frente las firmas Da Fré Obras Civiles (que en octubre de 2016 obtuvo por 17 millones la etapa II de Tribunales), Dal Construcciones y Cunumi. Esta última realizó por 3 millones el bulevar de la Avenida Cabildo, demolido antes de ser inaugurado para emplazar en ese mismo tramo el Metrobus. Uno de sus titulares es Raúl Nicolás Orsini, imputado en la causa Skanska y sobreseído por el entonces juez después ministro de Seguridad y Justicia porteño Guillermo Montenegro, quien, según denunció la legisladora Gabriela Cerruti, luego contrató a esa misma firma para remodelar el cuarto piso del ministerio. Una nota del diario Perfil indica que el contador de Cunumi es Angel Guidoccio, «contador oculto» de Daniel Angelici, «involucrado en una investigación por una red de facturas truchas».
Lo de Dal Construcciones es muy abarcativo. En una UTE formada con Teximco y EMA, ganó la licitación por 400 millones para llevar a cabo el Centro Cívico de la Ciudad en terrenos del Borda, proyecto frenado tras el episodio de represión a médicos y pacientes. También obtuvo la realización del Metrobús San Martín por 72 millones. Y el contrato para quitarle casi la mitad de los espacios verdes al Parque de la Ciudad y construir allí el complejo «Buenos Aires Ciudad del Rock», una obra que costó 68 millones, se inauguró en 2013 y duró menos de tres años, con apenas once eventos. Ahora trabaja a pocas cuadras otra vez con Teximco en el estadio Arena Parque Roca, para los Juegos Olímpicos de la Juventud, por otros 165 millones.
Pero la especialidad de Dal Construcciones parece ser la peatonalización. En octubre pasado, obtuvo 31,6 millones para la obra «Área Ambiental Centro Cívico-Proyecto Manzana Cívica». Quince días antes había ganado la licitación para semipeatonalizar Tacuarí entre Belgrano y Avenida de Mayo por 19 millones. La firma simboliza el paradigma de un sistema de adjudicaciones del macrismo a empresas amigas, a las que luego otorga más fondos en concepto de adicionales o «demasías». Dal ganó inicialmente por $ 26.962.603 la obra Prioridad Peatón del primer tramo de calle Esmeralda. En diciembre de 2016, le asignaron otros 5 millones de pesos más en concepto de redeterminación de precios, incluida la colocación de 122 maceteros y 30 bolardos más «que no fueron contemplados en el proyecto original». Solo esa calle, entre Avenida de Mayo y Santa Fe, tendrá 160 bolardos: 110 de los más caros, los «bolardos bala», a un costo de $ 5347 cada uno.
Poner, sacar, volver a poner
Lo más rentable del negocio es la reposición. Y un mecanismo que se repite: tras colocar bolardos de menor envergadura, se «redeterminan» precios favorables a la empresa para que los quite y reemplace por los bolardos bala, cuyas desventajas señala la propia web de la Ciudad: «alto costo inicial y de reposición»). El ejemplo más grosero data de 2012: Dal sumó $ 4.542.621 a los $ 12.917.447 que costaba originalmente la peatonalización del primer tramo de la calle San Martín. La excusa fue la instalación de contenedores soterrados. La obra rehecha incluyó cambiar 383 bolardos semiesféricos metálicos por otros de hierro fundido «tipo bala» rellenos con hormigón, que costaron 8421 pesos cada uno. Con similar justificación, Vidogar Construcciones SA recibió casi 2 millones adicionales para reemplazar 230 bolardos en Marcelo T. de Alvear, entre L. N. Alem y Carlos Pellegrini, a $ 8407 la unidad. La mecánica de reposición de los bolardos originales por otros más caros se repite en todo el Microcentro, beneficiando también a las firmas Salvatori, Altote y Planobra.
La peatonalización, por fin, genera decenas de cuadras idénticas. Y el reclamo de ONG como Basta de Demoler, que se opuso a la nivelación de calles y veredas y la incorporación de elementos contemporáneos descontextualizados, «como bolardos, cazoletas, rejillas y otro mobiliario urbano ajeno al Área de Protección Histórica». También despierta críticas entre comerciantes, como los garajistas, que anuncian la pérdida de 2500 puestos de trabajo.
Mientras tanto, la invasión de los bolardos entrega paisajes curiosos. Frente a la estación Retiro, en el paseo de compras de la calle Gilardi y la Avenida Ramos Mejía, junto a unos oscuros bolardos prismáticos de hierro decidieron poner los «bala», sin quitar los anteriores. Una doble hilera de bolardos que sintetiza el perfil PRO de la Ciudad. «
Un plan para los daneses
El Gobierno de la Ciudad contrató en forma directa al estudio del arquitecto danés Jan Gehl por 1.035.000 dólares para la «asistencia técnica integral para la elaboración del Plan Estratégico Buenos Aires 2017-2027, el cual incluirá, entre otros documentos, el Master Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto y el Anteproyecto de obra de la Calle Comercial del Barrio 31». En los renders predominan los bolardos y las veredas al nivel de las calles. La Sociedad Central de Arquitectos pidió que la contratación quede sin efecto y llamar a un concurso nacional e internacional que ofrezca igualdad de condiciones para todos.
