La fiscal apuntada por Riquelme avaló el desalojo de una familia en Pompeya y vecinos salen a resistirlo

Por: Federico Trofelli

La situación pone en evidencia la falta de políticas del gobierno porteño en torno al déficit habitacional.

Una familia de las 30 que conviven en el complejo habitacional denominado Cachi atraviesa horas de angustia: está previsto que este viernes a partir de las 9 sean desalojados por orden judicial, tras un pedido del gobierno porteño avalado por la fiscal Celsa Ramírez, la misma del riñón angelicista que ordenó la clausura de una bandeja de la Bombonera y que fue apuntada este jueves por el vice del club, Juan Román Riquelme. Es, además, la misma que lleva causas «sensibles» para la Ciudad, como la de los manteros de Once.

Pero los damnificados no están solos. Sus vecinos advirtieron a Tiempo que resistirán la medida por considerarla “injusta” y convocan a organizaciones políticas y sociales para que se acerquen al lugar.

En la actualidad, el complejo situado en Cachi 557 es habitado por unas 30 familias que fueron trasladadas hace casi dos décadas atrás como parte de una solución transitoria. Muchos, por ejemplo, vivían en la Villa 21-24 en casas a la vera del Riachuelo que fueron demolidas para dar espacio al Camino de Sirga. Lo que iba a ser momentáneo se transformó en definitivo, dada la falta de respuesta del Estado. 

“La gente de Cachi hace años que viene luchando por una solución habitacional definitiva y no lo han logrado. El tiempo pasa, las familias crecen y esas unidades funcionales quedan muy pequeñas”, explica a este diario una fuente que conoce la problemática y describe: “Viven hacinados y en condiciones deplorables”.

Tiempo pudo saber que los habitantes del lugar se conformaron en una cooperativa de vivienda e intentaron, sin suerte, que les dieran un crédito en el marco de la Ley 341 que la Ciudad debería entregarle a las entidades colectivas. Trataron de mantener vínculos con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, el gobierno porteño y de generar una mesa de trabajo. Todos los esfuerzos fueron infructuosos.

“Pero desde que comenzaron a organizarse, el Gobierno de la Ciudad tomó represalias en contra de ellos. Fueron bomberos, personal de la fiscalía, arquitectos, entre otros, con la excusa de peligro de derrumbe e hicieron una especie de censo. Todo esto inmediatamente después de que los vecinos comenzaran a enviarles cartas al IVC”, añade la fuente consultada.

«No nos queda otra que resistir«

Tiempo dialogó también con Teresa Garcete, quien es referenta del lugar y que contó los pormenores de este último conflicto al que enmarcó en una serie de desalojos por parte del gobierno porteño. “Diferentes familias que fueron desalojadas realizaron arreglos por un plan habitacional con la Ciudad, pero hay una familia que se niega a irse. La mujer, que en realidad es una nena porque tiene 20 años y vive con sus dos hijos, quiere quedarse. El desalojo lo venimos peleando desde hace ya un año y medio”, indica. 

Garcete precisa que en realidad esta familia pertenece a un grupo aún más grande: “Ellos son beneficiarios del programa de vivienda transitoria, le habían dado una unidad hace 12 años a ella y su familia, en un monoambiente donde vivían 15 personas, prometiéndole que en algún momento cuando se desocupara otra vivienda los iban a poder dividir para que pudieran vivir un poco más cómodos”. Eso nunca pasó.

“Se desocupó una unidad y fue usurpada; luego otra y pasó lo mismo. Después, una tercera se liberó y fue usurpada también. Entonces, hubo otra posibilidad y entre los vecinos dijimos ‘divídanse acá’. Le comentamos al director de Asistencia Inmediata todo esto y que esta familia iba a instalarse allí antes de que fuera ocupada”, insiste Garcete, quien sostiene que “una vez que la familia ocupó el lugar, inmediatamente le armaron una causa, siendo que a las otras familias no les pasó eso”. 

“Hay un ensañamiento. Ellos no quieren reunirse con nosotros. Van por la vía judicial y amenazaron con meterla presa. Intentamos por todos los medios posibles tratar de llegar a un acuerdo y fue imposible. Hoy hicimos una concentración en el complejo donde nos reunimos entre varias organizaciones, para ver si podemos de esa manera entablar una mesa de diálogo. De otra forma, no nos queda otra que resistir”, concluye la referente del complejo.

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