Según proyecciones de exportaciones, serán entre 40 mil y 60 mil millones de dólares los que se saldrán por el río de aguas marrones. Ese monumental flujo de dinero ya no podrá ser pensado para mejorarle la vida a cualquier familia del país. Porque la planificación y el control de su circulación está lejos de la realidad nacional.
Ahora el Paraná esta cada vez más lejos del anhelo de una existencia en la que se pueda democratizar la felicidad.
“No serán aceptados como oferentes o como integrantes de una asociación quienes se encuentren incluidos en las listas elaboradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, dice el punto 9 del pliego de la licitación pública nacional e internacional por concesión de obra pública por peaje a riesgo empresario sin aval del estado, decreto 709 del año 2024.
Este pliego no habla de ningún bien común estadounidense como supone la idea de considerar las reflexiones y listas de esa oficina de control de activos “extranjeros”.
Este pliego es el de la concesión del dragado, balizamiento y peaje del río Paraná, el número 14 en longitud en el mundo y por el cual sale el 80 por ciento de la producción nacional.
Y vale la aclaración, producción nacional argentina.
Sin embargo, la Argentina va a tener en cuenta lo que dice ese ignoto órgano estatal de Estados Unidos. Es posible, entonces, que una firma argentina resulte extranjera en su propio país.
Dependencia pura y grotesca.
Lo que resulta extranjero peligroso para el imperio es lo peligroso para Argentina. El país forma parte del dominio norteamericano. Y ya no se trata de una consigna de los años ’70, es un documento oficial de este cruel y crepuscular siglo veintiuno.
Consecuencia directa del memorándum de entendimiento con el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos firmado por el ex presidente Alberto Fernández el 30 de noviembre de 2023, a imagen y semejanza de lo acordado por el Paraguay años atrás.
Los 79 puertos existentes en las siete provincias argentinas vinculadas al Paraná, Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, mayoritariamente explotados por multinacionales, ingresarán y exportarán lo que quieran. Una declaración jurada bastará para cumplir con requisitos formales ante los restos del viejo estado nacional.
En otra parte de los pliegos le piden al concesionario que se haga cargo de la seguridad de las aguas a través de un sistema de drones, haciendo realidad el proyecto de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina de encargarse de los potenciales embarques del narcotráfico sin injerencia alguna del estado.
En varios renglones de los pliegos también aparece la cuestión ambiental pero nunca como prioridad, sino como posibilidad siempre subordinada a lo que haga y deshaga del concedente de la llamada vía navegable troncal.
En esta licitación se le promete al concesionario ingresos anuales por 410.035.027,52 dólares y una tasa internacional de retorno del 12 por ciento. Hasta incluso se habla de “ética”.
Ese dinero, esos más de 410 millones de dólares, es una muy pequeña parte de lo que ahora forma parte de la planificación del estado nacional norteamericano.
Siendo absolutamente modestos en términos de proyecciones de exportaciones argentinas por el Paraná, serán entre 40 mil y 60 mil millones de dólares los que se saldrán por el río de aguas marrones. Ese monumental flujo de dinero ya no podrá ser pensado para mejorarle la vida a cualquier familia del país, viva en la selva misionera, las montañas multicolores salteñas, las sierras cordobesas o las estepas patagónicas. Porque la planificación y el control de su circulación está lejos de la realidad nacional.
La extranjerización del Paraná es una muestra más que adelanta más pobreza y violencia en la hermosa geografía que supo abrazar sueños emancipatorios, hoy prácticamente olvidados.
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