Desde lo político y lo jurídico, considero que es una huelga de hambre innecesaria. En su génesis fue una medida programada con más de 20 días de anticipación, dándoles aviso al Servicio Penitenciario y a las autoridades que el día 5 de diciembre comenzaba. Queda en evidencia entonces que es algo gestado y fogoneado por el gobierno saliente, que preparó una bomba de relojería muy difícil de desactivar.
De todas formas, reconozco que el reclamo es lógico y necesario. No se puede seguir teniendo una ley que en 2017 modificó la estructura de las salidas transitorias. Estas son las consecuencias. Si se legisla restringiendo las excarcelaciones y el modo de ejecutar la pena conforme al Código Penal, no se va a obtener otro resultado que un gran incremento de la población carcelaria. Cuando esto sucede, el presupuesto aumenta, porque se necesitan más alimentos, más agentes penitenciarios y construir más cárceles.
Además, esto ocurre en un contexto en el que los recursos siempre son escasos para nuestra provincia. Si esto no se modifica, en poco tiempo los presos pasarán de 50 mil a 70 u 80 mil. Es por todo esto que hay que diseñar una nueva política criminal para la provincia de Buenos Aires y para todo el país. «
