En la dictadura primaron el exilio y la persecución. En democracia hubo vaivenes presupuestarios y hoy vive un papel protagónico en la sociedad tras la pandemia.
La reconstrucción del sistema científico demandó años y recaídas. Emergió en los ’80, volvió a sufrir el vaciamiento en los ’90 incluyendo privatizaciones como la de YPF, renació en los 2000 y de nuevo cayó con el macrismo.
En ciencia, el Estado tiene un rol preponderante: más del 70% de los espacios de investigación son de gestión estatal o significativamente vinculados al Estado. Y las universidades nacionales tienen una participación decisiva. “Con la llegada de la democracia en 1983, de la mano de Raúl Alfonsín, el grueso de las instituciones del Estado, en general, así como las universidades y diferentes organismos científico-tecnológicos, en particular, experimentaron un proceso de reinstitucionalización y regulación de sus funciones”, comenta a este diario Gonzalo Miguel Castillo, investigador del Conicet y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.
Un hito sustancial fue la sanción de la Ley N° 23.068 en 1984. Entre otras cosas, designaba autoridades universitarias transitorias a fin de sustituir a las jerarquías impuestas durante la última dictadura y poder comenzar a normalizar la planta docente. Con Alfonsín en el poder, los cargos docentes universitarios aumentaron un 92%. Surgió entonces la figura de Manuel Sadosky, secretario de Ciencia y Tecnología, que fortaleció organismos como el INTI y el INTA, y creó otros como la Escuela Latinoamericana de Informática. Quitaron reglamentaciones de los militares que obligaban el envío periódico de informes sobre los investigadores a la SIDE. «Otro pilar fue la apuesta por la transferencia al sector productivo –resalta Castillo–. Ahora bien, tuvo sus claroscuros: cierto desinterés en invertir en I+D (Investigación más Desarrollo), y que la política científica durante la presidencia de Alfonsín no estuvo ajena a los embates económicos y políticos que tuvieron lugar durante la década de 1980. De hecho, las ampliaciones de planteles tanto de docentes universitarios como de investigadores fueron interpeladas con atrasos salariales y una economía muy golpeada, específicamente a partir de 1988”.
«¿Y si nuestra sangre también puede servir para identificar a nuestros nietos?». La pregunta les surgió a las Abuelas de Plaza de Mayo viendo un artículo del diario El día de La Plata que contaba que el análisis de sangre de un padre y su hijo sirvió para demostrar la paternidad en un juicio por manutención. Así nació el germen del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Era 1979.
En 1982 empiezan a contactarse con diferentes investigadores a ver si esa inquietud tenía respuesta. Víctor Penchaszadeh, un médico genetista argentino que estaba exiliado en los Estados Unidos, les dice que va a estudiar el caso, porque no tenía una respuesta. Nadie se había hecho esa pregunta en la ciencia hasta ese momento. Víctor empieza a nuclear a diferentes investigadores, desde matemáticos y antropólogos hasta genetistas, entre ellos Cristian Orrego, Luca Cavalli Sforza y la investigadora estadounidense de Berkeley, Mary Claire King, quienes avanzarían en otro hito: el Índice de Abuelidad.
“Es una cuenta matemático–estadística que permite vincular la genética de un abuelo con la de un nieto (en ausencia de sus padres) para establecer un vínculo sanguíneo biológico”, explica a Tiempo Nicolás Furman, director del Laboratorio del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). En 1984 lograrían la primera identificación de una niña a partir de la filiación genética de sus abuelos. Paula Eva Logares se transformaba así en la primera restitución de identidad en el mundo. En los primeros tres años restituyeron a 36 nietos. Pero los análisis genéticos eran “uno a uno”.
Así lo describe Furman: «Llegaba una denuncia. ‘Tal familia cree que esta persona es un nieto al que le apropiaron la identidad’, por ejemplo. La justicia convocaba a la familia supuestamente apropiadora, a la que reclamaba, y las comparaban con el nieto. Si la respuesta era positiva, se restituía. Después la familia se iba. Entonces las Abuelas se dieron cuenta que necesitaban que esa información fuera quedando todo el tiempo guardada. Que cuando tuviesen una duda no se comparara con una persona sino con todas las familias que estaban buscando nietos».
El Banco fue creado por la Ley N° 23.511 en 1987. El primero en su tipo del mundo y uno de los pocos creados para la resolución de delitos de lesa humanidad.
De hecho en los primeros años (funcionando en el Hospital Durand), al ser el único laboratorio con esa especialidad, también recibía pedidos para resolver otros conflictos relacionados a filiaciones de la justicia civil o penal, como podían ser estudios de paternidad o crímenes. Eso sí: solo se almacenaban perfiles genéticos para casos de lesa humanidad. Pero esas otras causas muchas veces demoraban los tiempos de identificación. Hasta que en 2009 se sancionó una nueva ley. La N° 26.548, que redefinió las tareas del Banco y las centró específicamente en restituciones de identidad por lesa humanidad.
Por año consultan 1200 personas. Hasta el momento halló a 132 nietos y nietas. Una cuarta parte de los robados durante el Terrorismo de Estado. Más de 14 mil personas dieron negativo en el Banco de Datos Genéticos. En el último tiempo permitieron cruces entre algunas de ellas. Así se dieron 14 encuentros de hermanes, y 9 de madres e hijes que finalmente pudieron resolver su identidad.
En 1984, el mismo año que encontraron a la primera nieta, César Milstein ganaba el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre inmunología y anticuerpos monoclonales. Desde 1962 vivía en Inglaterra, exiliado. En 2000, dos años antes de su muerte, declaró: «La ciencia sólo va a completar sus promesas cuando los beneficios sean compartidos equitativamente por los verdaderos pobres del mundo».
Tras el perfil expulsivo y privatizador del menemismo, afín a los intereses de países centrales, llegó el kirchnerismo. Y diferentes hitos: los satélites de telecomunicaciones, los astilleros y la reparación de submarinos, la sustitución de importaciones como los chalecos antibalas para las fuerzas de seguridad, la producción de vagones nacionales, las centrales atómicas, Y-TEC, el Plan Conectar Igualdad (CI) y el programa Raíces, que hasta hoy repatrió a casi 1500 científicos y científicas.
Otro hito fue la Ciencia como Ministerio en 2007. En 2018 Mauricio Macri le rebajó el rango (junto a una quita del 40% del presupuesto en términos reales), con el cambio de gestión volvió a ascender.
Entonces, el coronavirus. Su llegada, a tres meses de iniciar el gobierno de Alberto Fernández, marcaría un parteaguas. «La sociedad en la pandemia entendió que tener un sistema de ciencia y tecnología de pie le daba mayores certezas y seguridades: los tests rápidos, los tratamientos que se aplicaron y en lo cotidiano el impacto del barbijo Conicet. Estamos realizando 9000 evaluaciones por año para apoyar 2000 proyectos nuevos. Acá el Estado funciona», remarcó días atrás a Tiempo Fernando Peirano, titular de la Agencia I+D+i del Ministerio de Ciencia.
Hoy la ciencia es sinónimo de progreso y se vuelve fuente estratégica de divisas. Un ejemplo es la vacuna contra el Covid, que este año se transformará en la primera fabricada y realizada en Argentina. También el lanzador de cohetes Tronador II; Pampa Azul, con la investigación estratégica del Mar Argentino, la nanotecnología, la tecnología nuclear, el desarrollo inédito de baterías de litio en La Plata o la Ley de financiamiento que además propone la federalización en un país donde el 80% de la ciencia se produce en el Área Central. Los vaivenes económicos y el dólar vuelven a jugar en contra de un sector que depende de insumos importados. Lejos quedan la dictadura y las persecuciones, pero aún persisten matrices económicas, políticas y complicidades con sectores extranjeros que no dejan de reflejar lo arduo y placentero que es hacer ciencia en la Argentina. «
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Se dieron cuenta que en la foto de la esposa de Videla está también Estela Carloto? Triste cruce de vidas.