«Necesitamos más de 50 enfermeras profesionales para cubrir a nuestros compañeros con licencia por riesgo, las UFU (Unidades Febriles de Urgencia) y para cubrir la inauguración de la UTI con seis camas nuevas previstas para pacientes Covid». Quien lo reclama es Claudio Gómez, miembro de la comunidad sanitaria del hospital Ramos Mejía del barrio porteño de Balvanera, que tiene tres contagios y 40 trabajadores en aislamiento. El hospital cuenta con dos cautelares a favor que obligan al gobierno de la Ciudad a cumplir con todas las medidas de protección del personal.
El número general marca que un 15% de los infectados son miembros de la comunidad médica, entre los que ya hay nueve fallecidos, pero la realidad del personal difiere en cada distrito. Los profesionales piden por mayores test, equipos de protección y aislamientos efectivos. El problema con el covid es que con un médico contagiado, se pone en cuarentena a todo el equipo, y servicios enteros pueden suspenderse, como sucedió esta semana en el Centro de Atención Primaria de Los Eucaliptos, en Quilmes, donde atendió un médico cardiólogo que luego dio síntomas positivos de covid y falleció dos días después. Doce compañeros, al igual que sus pacientes, quedaron aislados. De acuerdo a la información oficial, a la espera del pico de contagios y en la necesidad de relevar personal que vaya cayendo en cuarentena, hay 4031 trabajadores de salud incorporados al sistema para afrontar la pandemia.
Ante toda esta situación, como reveló Tiempo este domingo, el gobierno nacional anunciará en los próximos días un plan nacional para el cuidado del personal de salud que incluye una coordinación operativa en todos los niveles (nacional, provincial, municipal y dentro de los establecimientos) y garantizar la participación de todos los actores en los comités de emergencia, incluidos gremios y sociedades científicas.
«¿Quién cuida a los que cuidan?», «Ni héroes ni heroínas: trabajadorxs», «Taparnos la boca no significa callarnos», rezaban las consignas de médicos en las protestas que se generaron las últimas semanas en distintas provincias del país, cuando los contagios entre el personal médico comenzó a dispararse. La Ciudad de Buenos Aires, el segundo con más positivos después del territorio bonaerense, cuenta con demandas del personal de sus 33 hospitales públicos. En el Ramos Mejía precisan 8000 barbijos quirúrgicos diarios y sólo reciben 4000. «Necesitamos contar con mil kits diarios (gorros, botas, camisolines hemorrepelentes) y solo entregan entre 400 y 500. Solicitamos escafandras y nos enviaron una protección precaria que fue donada. Necesitamos urgente personal de enfermería para cubrir las dotaciones incompletas, debido a las licencias por enfermedades de riesgo (embarazos, enfermedades crónicas) y no hay respuesta», sostiene Gómez.
Al poco stock se le suman polémicas adquisiciones. Esta semana se conoció que los 1600 barbijos que la administración de Horacio Rodríguez Larreta compró por $ 3000 cada uno a la firma Green Salud, del abogado clarinista Ignacio Sáenz Valiente, no sólo llevaban un sobreprecio del 200%, sino que además estaban vencidos: fueron fabricados en mayo de 2013, y tienen una vida útil de tres años. En el Penna no sólo piden por insumos o más incorporaciones. También se centran en prácticas naturalizadas por años en el mundo de los hospitales y que hoy son caldos de cultivo del virus. Por ejemplo, las habitaciones para los médicos de guardia, donde duermen 8 juntos en la misma (y diminuta) pieza. O el salón comedor, en el que deben convivir todos a escasos centímetros de distancia. Ya elevaron el reclamo al Ministerio de Salud porteño, pero aún no tuvieron modificaciones.
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El Borda atravesó la cuarentena y la pandemia rememorando el 7° aniversario de la represión del macrismo, el 26 de abril de 2013, para un negocio inmobiliario con el Centro Cívico. Una jornada que dejó huellas que perduran hasta hoy, como presagio del invierno y la falta de gas, la otra gran huella del neuropsiquiátrico en todos estos años. En el Borda no tuvieron contagiados ni de cólera en los ’90 ni de Gripe A en el 2009, y por ahora mantienen esa racha. Por eso aprovecharon esta cuarentena para generar una política de cuidados, caminatas controladas por las 14 hectáreas del predio, talleres de salud y de fabricación de tapabocas. Igualmente, el 13 de marzo ya establecieron una restricción de permisos de salida de pacientes y de entrada de visitas. El peligro, como casi siempre, no son los de adentro, sino los de afuera. «Es claro que los posibles vectores de contagio a nuestros pacientes internados somos los propios trabajadores, que además nos desempeñamos en otras instituciones de salud más comprometidas con pacientes sospechosos o contagiados –manifiesta Gabriel Cavia, psiquiatra del establecimiento–. Si no se nos provee de los Equipos de Protección Personal (Barbijos tricapa, barbijos N-95, antiparras, guantes, cofias, camisolines hemorrepelentes), la situación se torna aun más grave. Es aquí donde se plantea el mayor problema: el Ministerio de Salud ha tenido una vacilante y lenta respuesta de idas y venidas con respecto fundamentalmente a los barbijos, primero declarando que no debíamos usarlos sino cuando estábamos en presencia de sospechosos o contagiados, dado que el virus era muy pesado y no alcanzaría más de un metro y medio, y más tarde cuando se planteó el tema de los aerosoles y gotitas de saliva, que podían mantenerse en el aire por más tiempo, todos los que trabajamos en relación a pacientes pasamos a tener que usar barbijo quirúrgico». El Borda necesita 800 barbijos diarios: 24 mil al mes. Sólo les entregaron un 30%. «Y unas máscaras muy precarias que fueron una donación. A la fecha, en el mejor de los casos, nos entregan un barbijo diario, y no a los administrativos. Dejan a los trabajadores en total estado de indefensión», acota Cavia.
La desinversión y el recorte que sufrió la salud pública los últimos años, incluida la baja de rango de Ministerio a Secretaría, se traducen en efectos concretos. En Provincia de Buenos Aires, el último presupuesto de Salud de la administración de María Eugenia Vidal fue el más bajo de la historia: apenas un 5,5%. «Hay un grandísimo cuello de botella, sobre todo por los recursos humanos que son escasos. Particularmente creo que en los contagios del personal de salud también influye el pluriempleo, que hace que trabajadores deban ir a 3 o 4 lugares por semana para tener un buen ingreso, y si son portadores llevan el virus de un lugar a otro», expresa Fernando Corsiglia, vicepresidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop). Y enumera compañeros infectados «en varios hospitales, como el Belgrano y el Eva Perón de San Martín, el Gutiérrez de La Plata, y esta semana se sumaron casos en el Paroissien y el Balestrini de La Matanza, el Carrillo de Ciudadela, y siguen apareciendo más. En este contexto nos disponemos a brindar nuestro conocimiento y compromiso para cuidar la salud de la población, pero debe cuidarse de manera particular a los equipos médicos, porque luego en los momentos más difíciles no vamos a estar en condiciones de dar el cuidado que la gente requiere».
En Salta, la gobernación se enfrentó con los médicos por la baja salarial y por el escaso envío de equipos de protección. En su lugar, el ministerio de Salud firmó un memorándum afirmando que no se responsabiliza por el uso de materiales de bioseguridad que llegan vía donaciones a los hospitales, por si algún médico se contagia al usarlos. El problema –aducen los profesionales– es que si no es por esas donaciones o por envíos de Nación, no tienen con qué protegerse. Desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) hablan de una docena de médicos y enfermeros infectados en toda la provincia cuyana, un 20% del total de casos de Mendoza. El gobierno del radical Rodolfo Suárez, prefiere hablar de sólo seis internados. Entre los reclamos de Ampros, destacan la necesidad de insumos en algunos centros asistenciales, controles periódicos a los profesionales, áreas de aislamiento voluntario y prioridad de atención en supermercados, bancos y organismos públicos. En Chaco, donde también hay 1665 casos de dengue, casi cien de los 315 contagiados son personal médico. Es el mayor porcentaje del país. La mitad ya recibió el alta. Pero no es sólo eso. Cuando un profesional da positivo, deben poner en cuarentena a todos sus compañeros, y en la mayoría de los casos el servicio debe suspenderse por dos semanas. En centros de salud más pequeños o de ciudades más chicas, eso puede significar una parálisis total.
En Chaco uno de cada tres contagiados es personal de la salud. «La tasa sigue aumentando rápidamente, poniendo en riesgo la falta de profesionales en la provincia cuando sean más necesarios –enfatiza la licenciada Ramona López, de la Asociación de Trabajadores de la Salud Pública de Chaco (Aptasch)–. Todos los días recibimos llamados por pésimas situaciones en las que se trabaja, sobre todo en el interior, donde declaran que no se respetan protocolos y proveen elementos de baja calidad y con discontinuidad. Lo principal es tener los elementos de protección adecuados y testeos a todo el personal. Pensemos que sin la atención primaria, no existe la salud colectiva, y así no vamos a lograr vencer esta pandemia».
El eslabón más débil del sistema sanitario es el de los recurrentes y concurrentes, sobre todo estos últimos que no cobran salario ni ART ni aportes, y que significan el 5% de la plantilla laboral. En CABA son 800 residentes y concurrentes. «En nuestro hospital son los residentes los que están capacitando al resto, incluso a gente de planta. Hay especialidades médicas donde les dijeron a los concurrentes que como no están dadas las condiciones, no vayan, y en lugar de hacerles convenios laborales el gobierno de la Ciudad contrató gente de afuera que no está capacitada y que no conoce el hospital. En Kinesiología, por ejemplo, ni siquiera están formados en patologías respiratorias. Ahora como falta personal se planteó que los concurrentes vuelvan para ayudar en servicios o en tareas administrativas», relata Florencia Delgado, concurrente en salud mental del Argerich, donde se les pidió su presencia para calmar angustias de pacientes o sospechosos de covid. Acota que «la situación es grave porque si nos pasa algo nadie se hace cargo, no cobramos ni salario ni ART». Y menciona el caso de un compañero concurrente del Hospital Belgrano, que se contagió y está grave, internado, intubado. Tiene 24 años. No posee factores de riesgo.
