«La aplicación de la Ley de Salud Mental no es sólo una cuestión de derecho: también una inversión con beneficios económicos y sociales»

Por: Usuarios y familiares de salud mental

La ley 26.657 representa un avance significativo para las personas con padecimientos mentales y la sociedad en general. Es fundamental que el Estado garantice los recursos necesarios para su aplicación efectiva en todo el país.

Cuando hablamos de salud mental nuestros prejuicios se interponen a las realidades. Nos acordamos de los miedos, las ansiedades, las depresiones, del “loquito” del barrio. Sin embargo, eso es solo la manifestación de los padecimientos. La salud abarca mucho más que signos, síntomas, estigma y discriminación.

Los usuarios y familiares del sistema de salud mental, es decir, las personas que necesitaron o necesitan de un Estado activo, abordan este tema a partir de los testimonios que atraviesan sus cuerpos y sus historias. A 14 años de su sanción, la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 sigue siendo un faro que ilumina el camino hacia una atención más justa y humana para las personas con padecimientos psíquicos.

Su correcta aplicación no solo es una cuestión de derechos, sino también una inversión que genera beneficios económicos, sociales y para la salud. Es decir, involucra a todo el Estado no solo al sector salud.

«Conozco desde adentro la cocina donde suceden las tragedias… el dolor es desgarrador», relata Nora Ceballos, madre de usuarios y representante del grupo de apoyo a familiares en Río Negro. Nora ilustra la importancia de «respuestas rápidas y adecuadas» ante situaciones de riesgo inminente, algo que la ley garantiza y ordena.

El caso de Luis Leguiza, de Alejandra, Santa Fe, es un ejemplo devastador de las consecuencias de la falta de aplicación de la ley. La ausencia de una atención adecuada en la comunidad llevó a un desenlace fatal. Luis, murió solo en su casa tras una crisis epiléptica. «Murió solo, tirado como un perro», clama su sobrina Evelyn Safón.

En contraste, el testimonio de Jesús Chevillard, de Río Gallegos, muestra la otra cara de la moneda: los beneficios de la ley cuando se aplica correctamente. Jesús, quien participa en talleres y grupos de apoyo, cuenta que la ley le ha permitido acceder a espacios que lo ayudan a mejorar su salud mental: «Todo esto fue muy importante y fue posible porque tenemos una Ley de Salud Mental que contempla estos apoyos».

La ley 26657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental representa un avance significativo para las personas con padecimientos mentales y la sociedad en general. Su plena implementación no solo genera beneficios económicos y sociales, sino que también mejora la calidad de vida de las personas y sus familias. Es fundamental que el Estado garantice los recursos necesarios para su aplicación efectiva en todo el país. Las historias de Luis, Jesús y tantas otras personas merecen que la ley se cumpla.

*Artículo elaborado por usuarios y familiares de salud mental

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