«Justicia que llega tarde no es justicia»: declararon cuatro testigos y pidieron más «celeridad» en los procesos

Se realizó este martes una nueva audiencia del Juicio Brigadas, en el que son juzgados represores por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención y exterminio conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno. Mónica Streger, hermana de una víctima; José Eduardo Moreno, sobreviviente y familiar; Alejandra Castellini, hermana de una desaparecida; y Clara Petrako, quien busca a su hermana nacida en cautiverio y apropiada, prestaron testimonio.

La primera en declarar (de forma virtual) fue Mónica Streger, hermana de Silvia y cuñada de Rodolfo Torres, secuestrados el 5 de septiembre de 1977 en Turdera. Fueron vistos por última vez en Brigada de Quilmes. Ella es la tercera de cuatro hermanos, dos de los cuales fueron desaparecidos durante los años de plomo: Silvia y Eduardo.

“Mi hermana Silvia tenía 24 años al momento de ser secuestrada, pertenecía a la familia que estaba ubicada en Banfield. Ella iba a a una escuela bilingüe de Temperley y luego fue a la escuela Antonio Mentruyt, de la cual debo decir que hay 30 desaparecidos, entre los que están mis dos hermanos. Egresó en 1970 y luego decidió estudiar Profesorado de Inglés en la Universidad Nacional de La Plata. Le faltaban pocas materias para terminar la carrera”, reseño.

Luego, la describió como persona. “Era una mujer muy vital, alegre y de esas personas que fácilmente hacen amigos y amigas, muy social, y siempre tuvo interés por la realidad social y política, igual que todos en mi familia. En mi casa siempre se hablaba de todo, aunque no coincidíamos para nada. Era normal hacer grandes debates, estábamos acostumbrados a la confrontación”, recordó.

“Nunca me enteré si tenía filiación política. Tenía inquietudes de su entorno, que la llevaban a participar en donde estuviera. Al mismo tiempo que estudiaba, comienza a trabajar en la parte administrativa de la fábrica Genalex de Llavallol, de insumos eléctricos. En el Pozo de Quilmes hubo más de una persona que pertenecía a esa empresa”, advirtió, luego de dar cuenta de su “sospecha” sobre los motivos de la desaparición. “Nunca tuvimos ninguna respuesta en relación al paradero de Silvia y Rodolfo. Tiempo después mis padres hicieron un hábeas corpus y después las diligencias en Interior”, precisó.

Hizo hincapié en el después de la desaparición y la preocupación de la familia. “No saber si viven, si no viven, dónde están, con quién están. Cada día de nuestra vida era pensar en ellos. Cada vez que cambiaba el clima, si tienen frío o calor. Continuábamos con la vida, con ese calvario. Sin tener respuesta de qué pasó con ellos. Cuando se crea la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) presento la carpeta de mis hermanos, con fechas y fotos. Al poco tiempo recibo un llamado diciendo que testigos habían reconocido a Silvia y Rodolfo como detenidos clandestinos en el Pozo de Quilmes”, relató. “Fue impactante saber esto”, apuntó.

“Han pasado 44 años, es mucho tiempo para realizar un juicio, tiempo en el cual los responsables de este genocidio han disfrutado estos años de su libertad o domiciliaria, guardando para sí el tema de la verdad, que todos los familiares y toda la sociedad argentina está buscando. Todo lo que se sabe fue por reconstrucción de los organismos de Derechos Humanos. Los genocidas están muy grandes y la justicia que llega tarde no es justicia. Pido mayor celeridad para llegar a una condena firme, que significa también cárcel común. Pido que todo el peso de la Justicia caiga sobre los imputados”, señaló al cerrar el testimonio.

El segundo testimonio (virtual) fue el de José Eduardo Moreno, secuestrado con su padre, Antonio, el 14 de septiembre de 1977, y su tío José en Merlo. “Fuimos trasladados a lo que sería la Brigada de San Justo. Nos fuimos dando cuenta por ciertos datos que fuimos obteniendo en el lugar de detención. Allí nos torturan, tratan de sacar información que no poseíamos y después nos dejan en un calabozo”, relató.

Luego, fue trasladado al Pozo de Banfield, junto a su padre y su tío, José Moreno Delgado. “Había otras personas, que las fuimos conociendo después”, mencionó. Tras contar las condiciones de detención, precisó que luego fue llevado a la Comisaría de Valentín Alsina, donde “los militares iban a decidir su destino”. “Estuvimos 10 días, prácticamente no comimos”, recordó, pero aclaró que “no hubo torturas ni malos tratos”.

Precisó que fue liberado junto a un grupo de detenidos. “Nos dijeron que nos iban a soltar y teníamos 24 horas para irnos de la provincia de Buenos Aires. al primero que soltaron fue a mi, después a los demás. Nos encontramos con mi papá y mi tío, sobre Camino de Cintura, y de los otros no supimos nada”, explicó ante el Tribunal.

La tercera en declarar (de forma presencial) fue Alejandra Castellini, hermana de María Eloísa, desaparecida el 11 de noviembre de 1976, embarazada de entre tres y cuatro meses. Los testimonios indican que estuvo en Puente 12 y el Pozo de Banfield. “Mi hermana siempre se caracterizó por ser muy solidaria, desde muy pequeña, y compañera, tanto en la primaria, secundaria y luego en la universidad, con mucha sensibilidad social y por tener muchos amigos”, explicó.

“Hemos y seguimos siendo víctimas del terrorismo de Estado porque mi hermana fue secuestra el 11 de noviembre de 1976 a la salida del jardín de infantes donde ejercía como profesora de música, al mediodía, por varias personas”, advirtió ante el Tribunal. “A las 19 llegó un grupo muy grande de civil, estaban muy armados y con ella. Entraron al departamento y estuvieron como hasta las 3 de la mañana. Esperaban la llegada del compañero de mi hermana. Comieron, robaron todo lo que se podía robar y lo más duro es que mi hermana, que estaba embarazada, había sido muy torturada. Esa imagen es muy difícil de sobrellevar. No podía hablar, estaba esposada”, describió.

Admitió que “a partir de ahí, todas las relaciones cambiaron”. Ella se fue con Clarita, la hija de su hermana, y su padre a Las Heras hasta que su papá (Constantino Petrakos) le pidió que se la llevara porque “corría riesgo”. “La llevé a Buenos Aires y la entregué en una plaza de Primera Junta”, apuntó. “Algo que fue absolutamente traumático fue no saber absolutamente nada del embarazo de mi hermana”, mencionó, al tiempo que dejó asentado que su hijo-hija debió nacer en abril de 1977.

Habló de una “familia mutilada”. “De una familia normal y feliz, en cinco años perdimos a cuatro de los seis y ninguno por muerte natural. Mi hermana, particularmente, fue asesinada después de haber sido torturada”, se explayó, y remarcó que hay un sobrino que aún no conoce. Clara se fue a vivir a Salta con sus abuelos paternos. “Fue una situación muy conflictiva”, sostuvo.

“Pasaron 46 años y a nivel justicia, todo ha sido muy limitado, muy acotado, con pocos genocidas presos, menos aún en cárcel común. Los aportes han sido siempre de la familia o compañeros de cautiverio. El Estado acompañó pero no generó situaciones. Es poco y nada lo que se sabe de mi sobrina nacida en cautiverio y no sabemos nada de los restos de mi hermana. Por eso pedimos la apertura de los archivos”, solicitó al cerrar su testimonio.

Clara Petrakos, hija de María Eloísa Castellini y Constantino Petrakos, fue la última testigo, también de forma presencial. Ella busca a su hermana. “Los secuestraron porque militaban por una sociedad más justa y por el derecho de todos a una vida digna”, aseguró.

Y pasó a describir a sus padres. Sobre Eloísa, señaló que “fue una joven, que con 18 años, en vez de ir con su familia a Mar del Plata decidió ir a un pareja de Río Negro para hacer los cimientos de una escuela primaria”, y mencionó que en el jardín en el que ella trabaja es recordada con mucho cariño. Quería estudiar Historia del Arte y Agronomía. “Llegó a dar tres materias de cada una”, recordó. Y consideró que empezó a militar probablemente en 1973.

“Mi papá fue una persona muy querida por sus pares, sus compañeros, a tal punto que cuando él estaba en cuarto año y a raíz de un intercambio con un preceptor, hicieron una sentada y no la levantaron hasta que lo reincorporaron. Tuvo dos desarraigos muy importantes: a los 4 años, cuando vino con sus padres de su Grecia natal y luego con mis abuelos vivieron en Salta, y a los 12 años creyeron que lo mejor para él era estudiar en colegio pupilo en Buenos Aires”, describió.

De acuerdo a la reconstrucción, ella estuvo detenida en Puente 12 desde noviembre de 1976 a una parte de enero de 1977 y luego fue trasladada al Pozo de Banfield. “No hay testimonios de ella en febrero y marzo de 1977, también es posible que haya pasado por algún lugar en Quilmes o en Bernal”, apuntó Clara.

“Es muy factible que mi hermana haya nacido el 14 de abril de 1977“, planteó, tomando como dato el testimonio de un detenido que sólo estuvo 24 horas en el Pozo de Banfield y escuchó un nacimiento. Las mujeres detenidas pedían la presencia de un médico pero fue asistido por ellas mismas.

Su padre la dejó con los abuelos paternos y se fue a Europa en marzo de 1977, pero quería volver. Iba a encontrarse con su tío pero ese encuentro nunca se concretó.

Luego, recordó algunas cuestiones de su infancia y admitió que no se animaba a hablar con nadie y “hablaba con una ramita” y que hasta tuvo intenciones de tirarse de un balcón. “Fue difícil”, señaló. Finalmente, se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo y comenzó su propia búsqueda.

Mostró una foto familiar y advirtió: “Esto es lo que destruyeron, lo que quitaron”. “No hay reparación posible para tanto daño y tanto dolor”, admitió. “Yo no puedo creer que robar, comprar y vender bebés no es delito. Es una vergüenza que no esté tipificado el robo de bebés como delito”, dijo. “A 46 años de iniciadas las apropiaciones de nuestros familiares, sólo un tercio de ellos fue encontrado. Muchos murieron sin poder encontrar y abrazar a sus familiares encontrados, es el caso de mis abuelos, de Chicha Mariani y de muchísimos familiares“, completó.

En el cierre, pidió la incorporación de la técnica SNP en el Banco de Datos Genéticos, porque permitiría obtener mejores resultados, ya que hay 50 familias cuyos datos son insuficientes.