“Nosotros los docentes iniciamos este reclamo con una lucha por nuestros salarios postergados por años, los más bajos del país. Pero en un contexto muy complejo de una reforma constitucional que no nos conviene, que sabemos que no propende al bien común” dijo a las cámaras de TV Silvia Vélez, Secretaria General de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), mientras este viernes al mediodía se realizaba la décima marcha de reclamo docente en San Salvador de Jujuy.
La movilización fue masiva y contó con la presencia de los trabajadores de salud, organizaciones sociales, choferes de la UTA e incluso personal de vialidad. A ellos, se sumó el “Malón de la Paz ”, un contingente de comunidades originarias de pueblos de Puna y Quebrada que se trasladaron hasta la capital jujeña para exponer su rechazo a la reforma. De forma simultánea, se mantienen los cortes de ruta en La Quiaca, San Pedro, Fraile Pintado y Libertador General San Martín, en rechazo a la reforma constitucional.
Es que durante la noche del jueves 15 de junio, mientras se sucedía la novena jornada de lucha de la docencia primaria, secundaria y terciaria con una marcha de las antorchas, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reapareció en la convención y de manera exprés se aprobó una reforma constitucional “a espaldas del pueblo”, según denunciaron diferentes sectores gremiales y de organizaciones sociales y políticas.
La marcha multitudinaria de Jujuy
En comunicación con Tiempo desde la movilización de este viernes, Gastón Remy, concejal de San Salvador de Jujuy (Frente de Izquierda) y ex convencional constituyente (renunció este miércoles junto a otros cinco del mismo Frente) dijo que “se siguen manteniendo dos puntos de reclamo: uno respecto al salario ya que no conforma la última oferta que hizo el gobernador Morales a los docentes, dado que sigue quedando el mínimo (del salario) muy por debajo de la línea de pobreza y también, el rechazo a la reforma parcial de la Constitución que finalmente, en la madrugada del día de hoy, se aprobó con el voto de la UCR y del partido justicialista”.
Tras la aprobación de la reforma, se produjeron diferentes movilizaciones y cortes de ruta en otras localidades de la provincia como San Pedro de Jujuy, Libertador General San Martín y La Quiaca. “La cuestión de la reforma tiene un punto muy fuerte que es prohibir las manifestaciones sobre rutas, sobre calles, hay otros puntos reaccionarios que cayeron producto del paro y la movilización de las últimas semanas, los que permitían quitar el derecho a votar cada dos años o una cláusula que establecía que aquel que ganara la gobernación se quedaba con el control de la mitad más uno de la legislatura”, aseguró Remy.
No obstante, la disposición acerca de los cortes de rutas y calles se mantuvo. “Se trata de poner en pie un régimen de cada vez más mano dura para hacer pasar todo el ajuste y el saqueo que hay”, concluyó.
El pueblo de Jujuy contra una reforma ilegítima
La reforma constitucional también fue cuestionada por organismos de Derechos Humanos, entre los cuales se encuentran ANDHES, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, ACIJ, Amnistía Internacional Argentina, CELS y SERPAJ.
En una carta, dirigida a Gabriela Burgos, presidenta de la Convención, expresaron que “el articulado que se propone reformar aborda, entre otros, temas centrales para el ejercicio de la democracia como son el derecho al ambiente sano, la consulta a pueblos indígenas, el derecho a la protesta.
La regulación de estos derechos debe respetar la prelación constitucional de nuestro país, y adecuarse a los preceptos establecidos en las normas de jerarquía superior a las provinciales, en la Constitución Nacional, y en los instrumentos internacionales correspondientes”.
En la comunicación, manifestaron que “en relación con el derecho a la protesta, la Constitución hoy vigente en la provincia reconoce y garantiza los derechos a la libertad de expresión, de reunión y manifestación, de petición y de libertad de asociación (arts. 31 a 34). En lugar de ampliar y profundizar estos derechos (…) se los limita y bloquea con un supuesto ‘derecho a la paz social’, un eufemismo tras el que se esconden medidas de restricción, en particular, el derecho a la protesta”.
El Tercer Malón de la Paz
Como se mencionó, las comunidades originarias definieron acciones comunes para rechazar la reforma que terminaron en el “Tercer Malón de la Paz”, en conmemoración de las dos históricas caminatas realizadas por los pueblos indígenas de Jujuy en los años 1946 y 2006 para exigir su derecho al territorio. Las comunidades se plegaron a la movilización de este viernes en expreso rechazo a las disposiciones aprobadas por la Convención constituyente.
Según publicó la Agencia Tierra, Erica Chañari, presidenta de la comunidad Pozo Colorado dijo que “cada vez tenemos menos protección sobre nuestros derechos y territorios. Mucha gente lo votó (a Morales) sin saber que implica esta reforma porque no fuimos informados”. Asimismo, aseguró que “nuestra calidad de vida se defiende, es por el aire y por el agua. Esa es nuestra riqueza, como nos enseñaron nuestros ancestros, este es nuestro lugar y lo protegemos”.
En este sentido se pronunció Mercedes Maidana, docente indígena de la nación Omaguaca, desde la ciudad de Humahuaca. “Como no somos abogados ni juristas no sabemos lo que significa esta reforma en su aplicación, porque no hubo consultas ni información”, denunció.
Apuntó que la reforma “es gravísima porque Jujuy es tierra minera y podría significar que toda la producción y modos de vida de la población sean modificados”. Y agregó: “Lo más grave es que vamos a perder el agua y no solo las comunidades, la vamos a perder todos”.
Para los docentes no alcanza
“Vamos a evaluar cual fue la actuación del gobierno porque hasta el momento cerró, unilateralmente, el diálogo y nosotros tenemos esa disposición, queremos seguir conversando, queremos un salario de 210 mil pesos que no esté por debajo de la línea de pobreza”, aseguró este viernes Mercedes Sosa, Secretaria General de Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), a las cámaras de El Tribuno de Jujuy.
Detrás de ella sucede la movilización y se escuchan algunas canciones de protesta. En comunicación con Tiempo desde Jujuy, Abel Arroyo, docente de la Agrupación 9 de Abril contó que la medida de fuerza es por tiempo indeterminado y que así se decidió por asamblea en amplia mayoría. “Es por los salarios pero también por la reforma de la Constitución que se aprobó anoche, ahora también en la asamblea se van a tomar los pasos a seguir”, contó.
Asimismo, expresó que “las movilizaciones son enormes en Jujuy, hace años que no se ve ese tipo de movilizaciones, con la participación de todos los docentes, organizaciones sociales y el resto de los gremios”. En este sentido, resaltó “el apoyo a la comunidad y de las familias, también de los pueblos originarios y organizaciones sociales, la lucha continúa hasta que caiga la reforma, la consigna es arriba los salarios, abajo la reforma”.
La lucha de los docentes jujeños
Cabe recordar que el 4 de junio pasado, los sindicatos que agrupan a los docentes de nivel inicial, primario y medio de Jujuy comenzaron con las medidas de paro y movilización en rechazo al aumento del 10% otorgado por el Gobierno provincial, por la falta de convocatoria a paritarias y para pronunciarse contra la reforma constitucional por considerarla lesiva a los derechos del trabajador. Entre otros puntos, solicitaron que se incorpore el ítem “presentismo” al básico docente, un bono por tarea insalubre, un boleto docente solidario y un bono de contingencia al salario de forma permanente.
Según publicó Télam, el 11 de junio, entre las marchas masivas de la docencia, la gestión de Gerardo Morales acercó una nueva propuesta: un salario inicial docente para el mes de junio 2023, de $175.000. Además, propuso incorporar los conceptos remunerativos bonificables y no bonificables e incrementar este monto en un 10% para llegar a un salario básico de $48.911. Asimismo, llevar a 7 mil pesos el monto por Título y modificar el cálculo del Presentismo. La oferta fue considerada insuficiente por los gremios.
Mientras tanto, ante la movilización y repudio, Morales decidió derogar el decreto que había impulsado de forma reciente, que habilitaba la represión policial, daba intervención a la Justicia penal y castigaba con multas, despidos e inhabilitaciones a los protagonistas de reclamos en las calles. No obstante, al hacer el anuncio aseguró que si los docentes no levantaban las medidas de fuerza “se descontarán los días de huelga”. Además, ratificó que su gestión seguiría adelante con la reforma constitucional, la que fue aprobada durante la noche del jueves, mientras se realizaba la novena marcha docente.
