El Ejecutivo provincial de Santa Fe cuestionó la decisión del Tribunal, que lleva adelante el juicio sobre el accionar de la banda Los Monos, de conceder a los 8 acusados que están presos el traslado diario a la cárcel de Piñero luego de cada audiencia. Los jueces cedieron ante una pintoresca protesta en calzoncillos que hizo retrasar casi tres horas la primera jornada del proceso. El ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein, transmitió la absoluta disconformidad, del gobernador para abajo. El funcionario utilizó una comparación dramática: Hay un paso (tras la decisión judicial) hacia un crimen organizado que construye su propia cárcel, como en Colombia.
Silberstein no ahorró palabras para dejar sentado el enojo oficial por hacerle lugar a lo que pedían los imputados, que deciden el lugar donde iban a ser detenidos. No obstante, admitió que el Ejecutivo provincial se cuadra ante la división de poderes y que acatará la resolución judicial. Vamos a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de los traslados, se resignó el ministro. Precisamente, la objeción, en particular del Ministerio de Seguridad, está centrada en la dificultad logística para custodiar los viajes. Antecedentes de que no es fácil, o de que no hay capacidad suficiente, existen. En marzo pasado, la camioneta del Servicio Penitenciario que trasladaba a los tres imputados por el asesinato de Claudio Pájaro Cantero fue emboscada. Un grupo de personas disparó con armas largas desde un VW Bora cuando el vehículo oficial iba hasta la cárcel de Coronda por la autopista Rosario-Santa Fe.
El Ejecutivo estableció un mecanismo de seguridad planificando los lugares (en el flamante Centro de Justicia Penal, donde estaba el viejo Heca) que son mucho mejores que las celdas de Piñero. Y sólo por haberse desnudado logran imponer el lugar de detención. Así ponen en riesgo la seguridad por lo que significa el traslado de personas a las que se las está juzgando por amenazar jueces, matar y amenazar testigos, se quejó el titular de la cartera de Justicia.
Silverstein insistió con la gravedad enorme de lo que resolvieron los jueces Ismael Manfrín, María Isabel Más Varela y Marisol Usandizaga: Si el Estado no tiene poder coactivo, y detenidos e imputados eligen su lugar de detención, de ahí a que el crimen organizado construya su propia cárcel como en Colombia estamos a un paso, comparó el ministro con el cártel de Medellín que comandó Pablo Escobar Gaviria y la lujosa penitenciaría conocida como La Catedral, en Antioquia.
Artículo publicado en El Ciudadano
