El problema narco creció aquí al igual que en el mundo, porque es el crimen trasnacional más lucrativo.
Argentina no es una excepción a nivel global. El problema narco ha crecido aquí en últimas décadas, al igual que en el resto del mundo, porque es el crimen trasnacional más lucrativo. Los 50 años de la guerra contra las drogas lanzada por Richard Nixon no han tenido ningún resultado positivo. Ni uno. Hay más cárteles, más ganancias, más sustancias, más presos, más lavado de dinero, más consumidores, más corrupción, más víctimas.
En el caso específico de Rosario (todavía) no existen cárteles, sino bandas aliadas (o al servicio) de la Policía. La violencia se expandió, en parte, porque el sistema corrupto de fuerzas de Seguridad no es vertical (como sí ocurre en la provincia de Buenos Aires), lo que exacerba disputas de territorios y de plata.
Podríamos resumir la ecuación en corrupción policial y política + armas traficadas desde Brasil + uno de los puertos más grandes de Argentina + ciudad con altos ingresos + lavado de dinero + desigualdad social + justicia debilitada, con falencias estructurales + disputas entre los gobiernos local, provincial y federal. Lo que resulta es un combo ideal para que florezca la violencia.
Cada vez que revive el debate sobre narcotráfico en Rosario, los políticos vuelven con la idea de mandar más gendarmes. Pero los vienen mandando desde 2014 y no funcionó, ni funcionará. Es sólo una medida efectista, insuficiente y sin continuidad. Mucha foto oficial, muchas declaraciones y nulos resultados, porque el negocio sabe adaptarse. Por ejemplo: los «soldaditos», esos jóvenes usados para traficar al menudeo, dejaron de vender en bunkers y ahora deambulan por las calles con su mercancía escondida en mochilas. «Los Monos» fueron condenados, pero siguen controlando el negocio desde la prisión.
Después de los intermitentes operativos anunciados desde 2014, el negocio siguió y la violencia aumentó porque lo que no ha habido es un enfoque social integral que atienda la desigualdad social, que ofrezca oportunidades a los jóvenes de los barrios periféricos que terminan cooptados por las bandas. Tampoco se han impulsado reformas policiales y judiciales efectivas.
Todo ello se debe a que las políticas de drogas no han variado tanto entre el kirchnerismo, el macrismo y el actual gobierno.
Macri y «el mejor equipo en 50 años» sólo se aprovecharon políticamente del tema con su famosa y fracasada promesa de «Narcotráfico cero». El macrismo retomó el lenguaje bélico contra el narcotráfico, pero todo fue teatralidad. En 2017, la Sedronar informó que el consumo había aumentado del 3,6 al 8,3% en apenas seis años. ¿Hubo más prevención? ¿Se reforzó la atención de consumos problemáticos? ¿Se descriminalizó a los usuarios? ¿Se terminó la violencia en Rosario? ¿Dejaron de operar las bandas en Buenos Aires, Santa Fe, Salta? ¿Se terminó el negocio? No.
Lo que sí hizo el macrismo fue llenar cárceles. De diciembre de 2015 a 2018 detuvieron a 64.063 personas por delitos narco, lo que representó un aumento del 145% en solo tres años. Cuatro de cada 10 causas fueron por tenencia. ¿Por tráfico? Apenas entre el 10 y 20 por ciento. La mayoría de los detenidos fueron jóvenes y pobres. Esa fue la «lucha contra las mafias» que tanto presumen y que forma parte del relato que ahora vuelven a usar con miras a las presidenciales.
No son los únicos irresponsables. La clase política argentina en general no se hace cargo de una problemática que se va a seguir profundizando si no se hacen cambios radicales que reconozcan la urgencia de cambiar políticas de drogas y el fracaso del prohibicionismo.
Por supuesto, siempre es más sobreactuar, exigir renuncias, pedir «mano dura», más punitivismo, partidizar, intercambiar culpas. Eso es lo que hemos estado viendo desde que se conoció la amenaza a Messi. Lo difícil es hablar en serio y desmalezar la narrativa sobre narcotráfico basada en ignorancia y prejuicios que ha prevalecido durante más de un siglo.
En lugar de eso, el presidente Alberto Fernández dice, entre suspiros, que «algo más habrá que hacer» con la violencia en Rosario; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, reconoce que «los narcos ya ganaron»; y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, oportunista como siempre, lamenta que acá no se usen las políticas represivas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Capaz no se ha enterado de que su ídolo está violando los derechos humanos a mansalva y que ese país ya no es una democracia.
Desde la oposición, la diputada Amalia Granata hace su propio unipersonal y se viste con chaleco antibala para recorrer las calles de Rosario. Bullrich, como siempre, bravuconea y dice que el país «necesita ministros que le ganen al narcotráfico» (algo que no ha logrado ningún país del mundo.
Se imponen los gritos, las falacias, la ignorancia y la hipocresía, pero nada de ello ayudará a reducir la violencia.
Seguimos.
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