El inicio de nuevos estudios sobre el crimen del joven mapuche corrió riesgo por el sospechoso extravío de pruebas.
«La pericia comenzará a realizarse el próximo lunes en el Centro de Investigaciones Fiscales de la ciudad de Salta, donde este viernes llegaron los elementos que faltaban», explicó a Tiempo el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de San Carlos de Bariloche, Rubén Marigo. Es que el peritaje debía comenzar el miércoles pasado, pero al abrir los paquetes con la evidencia, los peritos de las partes advirtieron que no estaban ni el proyectil en cuestión ni los subfusiles marca Heckler & Koch, modelo MP5, calibre 9×19 mm, que pertenecían a los agentes del Grupo Albatros más comprometidos en la causa.
Tanto Pintos como Obregón integraron el comando de Prefectura Naval Argentina que intervino aquel 25 de noviembre de 2017 en el brutal desalojo de familias mapuches que habían tomado unas tierras en Villa Mascardi, que reivindican como ancestrales. Ese día, agentes de esa fuerza federal abrieron fuego con postas de plomo y Rafael, de 22 años, se llevó la peor parte: una bala ingresó por su glúteo izquierdo y quedó alojada en su pecho cuando la víctima estaba de espaldas y en plena huida. Murió antes de llegar al hospital.
El miércoles hubo una profunda preocupación por parte de los organismos de Derechos Humanos porque los peritos de Gendarmería habían sido los últimos en tener en su poder los elementos que debían analizarse en Salta. La fuerza federal había establecido, en un sugestivo peritaje, que la bala no era coincidente con el fusil de Pintos. De esta manera se contradecía el peritaje realizado por la Policía de la provincia de Río Negro, que había sido concluyente en ese sentido.
Vale decir que desde la APDH, una de las dos querellas en la causa, habían cuestionado que Gendarmería hiciera aquella pericia porque, al igual que Prefectura, está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, que en ese entonces conducía Patricia Bullrich, quien había realizado una encendida defensa de los agentes y que justificó el uso letal de la fuerza al argumentar que los prefectos respondieron un presunto ataque con armas de fuego por parte de los mapuches.
El viernes, los padres de Rafael, que conforman la otra parte querellante, se reunieron con el juez federal de Bariloche, Gustavo Zapata, quien les explicó los detalles de lo ocurrido con las pruebas en Salta. Un día antes había dicho a través de un comunicado que el faltante «obedeció a un error involuntario, producto de la elevada cantidad de efectos incautados en el marco de este expediente», y que le había ordenado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al propio secretario de su juzgado que llevasen los elementos olvidados.
«Controlamos los materiales que llegaron y estaba todo correcto. Veremos el desarrollo de la pericia la semana que viene», describió Marigo.
Tiempo pudo saber que apenas trascendió la noticia del faltante de la bala y los fusiles, y mientras aún no se conocía el lugar donde estaban, desde el Ministerio de Seguridad que hoy conduce Sabina Frederic se llevaron adelante averiguaciones para desandar el recorrido de la prueba.
Voceros de esa cartera confirmaron a Tiempo que en las próximas semanas se realizará una reunión entre la familia de Rafael Nahuel y las autoridades del ministerio. Además, señalaron que están revisando las actuaciones disciplinarias adoptadas tras el operativo durante la gestión pasada. Esto último en paralelo al trámite de la causa.
Por estas razones, se prevé un considerable cambio de actitud del gobierno ante el caso. Más allá de esto, la suerte procesal de los imputados podría comenzar a definirse la semana entrante con la realización de este peritaje pendiente en Salta. Por el momento, Pintos fue el único sospechoso que estuvo apenas un mes tras las rejas. Pero todo puede cambiar en las próximas horas. «
CADENA
La familia de Rafael Nahuel y la APDH buscan desandar el camino de la prueba, que hoy está en debate, para saber si fue debidamente resguardada la cadena de custodia.
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