Por cierre, traspaso o privatización: el gobierno busca el fin de los hospitales nacionales

En la conferencia de prensa del 20 de septiembre el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al “traspaso de hospitales nacionales a jurisdicciones provinciales, entre ellos el Bonaparte”. Lo dijo al pasar, entre otras “mejoras” implementadas por el Gobierno en salud. El comentario pasó casi desapercibido hasta que la orden de cerrar la internación del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte encendió todas las alarmas. La fuerte lucha de esa comunidad obligó al Gobierno a garantizar los puestos de trabajo y la continuidad de los tratamientos, aunque no está claro qué implica la “reestructuración” en marcha. En tanto, en Casa Rosada confirman que aquel comentario del vocero sigue vigente.

“Vamos a traspasar todos los nacionales a sus jurisdicciones. Si no, se cierran o privatizan”, dijo una alta fuente del Gobierno a este diario. Según esa voz, el conflicto en el Bonaparte estalló porque Ciudad de Buenos Aires no aceptó hacerse cargo. En el gobierno porteño niegan que haya habido un ofrecimiento formal. Por su parte, desde la cartera sanitaria bonaerense indicaron a este medio que tampoco hubo planteos por el traspaso de hospitales nacionales ubicados en Provincia de Buenos Aires. Entre ellos, algunos tan emblemáticos como el Posadas o el Hospital El Cruce.

Todo esto, en el marco de un conflicto de alta intensidad en el Garrahan. Algunas versiones exceptuaban al hospital pediátrico de la intención de traspaso de los nosocomios nacionales a sus jurisdicciones. La fuente de Casa Rosada no hizo esa distinción. En la semana que pasó hubo otros dos paros en ese hospital. Reclaman mejoras salariales, tras haber obtenido un bono de 500 mil pesos por única vez que llevó a que el ministro de Salud, Mario Lugones, echara al Consejo de Administración que había decidido otorgarlo, pese a que se financiaba con recursos propios del hospital.

Una de las protestas de estos días confluyó en Casa de Gobierno y dejó un mensaje simbólico. De rodillas y haciendo fuerza sobre corazones imaginarios, personal del Garrahan le hizo Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a la salud pública. Con una premisa: “Hay que salvarle la vida a los hospitales”.

No es sólo cuestión de camas

“Recibe un presupuesto de 17 mil millones de pesos anuales y cuenta con una muy baja ocupación”, fue el argumento esgrimido por el Gobierno Nacional para apuntar contra el Bonaparte. Según el informe de ejecución presupuestaria elaborado por el Centro de Economía Política (CEPA) y difundido el mes pasado, el ajuste interanual sobre el presupuesto de ese hospital es de casi el 20%. Es decir que antes del anuncio de “reestructuración” ya había comenzado el recorte.

El comunicado del ministerio de Lugones sobre el Bonaparte apuntó también contra la “internación promedio anual de 19 de pacientes diarios” como un dato para justificar el achique. “Poner el acento en la cantidad de ocupación de camas es no comprender los modos de intervención y abordaje que hay que hacer en salud mental actualmente», remarcó Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de salud del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interpuso una demanda ante la Justicia apenas comenzó la amenaza de cierre del Bonaparte.

«Si el Bonaparte tiene una menor cantidad de camas utilizadas que las disponibles, habla muy bien del hospital. Significa que tiene otros servicios ambulatorios, consultorios externos y un seguimiento de los equipos tratantes que logran adherencia a los tratamientos sin requerir internación. Es casi el ejemplo modelo de cómo hay que trabajar”, acotó.

El miércoles, mientras el Congreso avalaba el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, comenzó a circular la versión de que estaban empezando a trasladar a pacientes del Bonaparte. Delegados gremiales lo desmintieron. “Lo que sí es cierto es que seguimos esperando el acto administrativo que dé marcha atrás la orden de cerrar la internación”, dijo una trabajadora. Antes que el Gobierno emitiera el comunicado sobre la “reestructuración”, el cierre momentáneo se concretó con unos 40 pacientes que permanecían internados, sin información sobre qué pasaría con ellos y ellas.

Sabin Paz alertó que derivar a los pacientes a otras instituciones no es un simple trámite: deben firmar el consentimiento informado, los casos judicializados requieren autorización y el Ministerio de Salud de la Nación solo dispone de una alternativa propia especializada en salud mental: el Hospital Ramón Carrillo, en Luján. “Con 500 pacientes, sigue en gran medida con la lógica de un hospital asilar. Sería un retroceso gravísimo el traslado de pacientes allí”.

Cuando el Estado no está

Los otros hospitales que dependen de Nación –además del Bonaparte, Carrillo, Posadas y El Cruce- son Baldomero Sommer, Cuenca Alta, El Calafate, Bicentenario Esteban Echeverría, General de Agudos Dr. René Favaloro y SAMIC Presidente Néstor Kirchner. Casi todos, de alta complejidad. Se suman los de gestión compartida con predominio de Nación, como el Garrahan, y los que dependen de universidades nacionales, como el Clínicas.

También da cuenta de la crisis en el sistema sanitario la situación del Hospital Español, que recibe a personas mayores afiliadas al PAMI. “No podemos atender a un paciente más. Estamos sobrepasados, agotados, cansados”, expresó el jefe de Clínica Médica, Fernando Wahlmann, en un video que se viralizó.

“La gente se está yendo, cuanto más gente se va, más trabajo para los que estamos”, dijo sobre el impacto de la reducción de la planta. La institución arrastra una historia compleja: entró en concurso preventivo en 2002 y se decretó en quiebra en 2017. Desde entonces quedó bajo la órbita del PAMI, para salvarlo del cierre. El año pasado se presentó su puesta en valor tras una inversión millonaria: “Si no hay Estado condenamos a las personas mayores a una fragilidad enorme”, dijo en ese acto la entonces titular del PAMI, Luana Volnovich.

Este año el hospital fue intervenido por la gestión libertaria. Quedó congelada la posibilidad de compra por parte del PAMI –algo que se había anunciado en 2023- y el personal reclama que no les dan información ni aumentos desde enero. En tanto, según denunció Wahlmann, quedan seis médicos para atender a un centenar de pacientes.

Salud en agonía

A fines de septiembre, el CELS presentó un relevamiento de las principales medidas –y sus efectos- que tomó el gobierno de Javier Milei en materia sanitaria durante su primer semestre. El documento –titulado Salud en agonía– advierte que “los aumentos en las prepagas incrementaron el pasaje de afiliados hacia el sistema de obras sociales y al sistema público de salud. Esto ocurre mientras que el sector público ya no tiene capacidad para atender más población de la que está atendiendo y que representa un 33% de la población”.

En este contexto de mayor presión sobre el sistema público, la posibilidad de que haya menos hospitales nacionales sólo puede agravar el panorama. “Siempre es necesario el hospital público, pero en este momento se está incrementando la demanda porque las políticas de gobierno están produciendo una caída de la cobertura al bajar el empleo, y además con la pobreza se produce un aumento de la cantidad y la complejidad de los casos que se atienden. Necesitamos más hospital público del que tenemos, no menos”, sentenció el médico sanitarista Mario Rovere, director de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara.

El especialista resaltó que “Nación no hace salud pública ‘de onda’. Tiene una responsabilidad primaria y así lo establecen todos los pactos internacionales con rango constitucional -como el de los Derechos del Niño- que son mandatorios y el garante último es el Estado nacional”.

“Cuando uno ve los despidos en el Posadas, lo que pasó en el Bonaparte, el Garrahan, evidentemente ya es una política debilitar el hospital público. Todos tienen mucho prestigio, resistencia, apoyo de la comunidad. No es nada sencillo”, apuntó sobre la intención del Gobierno de dejar de sostener hospitales como el Posadas, al que “históricamente han apuntado los gobiernos de derecha”.

Por estos días, el aire que se respira allí es denso. “Hay comentarios de todo tipo, preocupación y mucho miedo en la gente de perder el trabajo”, dijo Aurora Ríos, de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud. “Oficialmente no hubo notificación. Pero desde que asumió este gobierno hubo despidos, aprietes. Es cotidiano. Probablemente estemos en la mira”, lamentó una trabajadora del mismo hospital, despedida durante el macrismo y reincorporada por la lucha que le sucedió.