Durante los próximos días se conocerán los argumentos en los se basó el Tribunal para tomar la decisión de absolver al imputado.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, patrocina a la familia de de la víctima desde el primer momento. Desde el organismo aseguraron a este diario que la fuerza de seguridad hostigó durante mucho tiempo a los parientes del joven asesinado y también a los testigos.
“El debate se tendría que haber realizado en octubre del año pasado, pero a último momento una de las juezas presentó un inesperado pedido de excusación que requirió una nueva suspensión”, contó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. Además, recordó que la primera interrupción para hacer el debate oral “se produjo durante la pandemia”.
Gabriel fue asesinado de tres balazos la noche del 25 de abril de 2016, mientras iba caminando con su amigo Brian Cejas. Este terrible hecho de violencia institucional ocurrió en el barrio Itatí de Bernal, en el partido bonaerense de Quilmes. En ese momento sin ningún motivo, el policía Emiliano Paris “bajó de su camioneta, empezó a gritarle a los pibes y luego les disparó”, reconstruyó el secretario ejecutivo.
“Los testimonios y las pericias realizadas durante la investigación indican que los tres disparos que mataron al joven fueron realizados desde una distancia considerable y dirigidas a matar con precisión”, aseguró García. Siguió relatando que “los testigos y los estudios contradicen en su totalidad la versión del policía, quién declaró que él solo cometió un acto de legítima defensa ante un presunto intento de robo por parte de Gabriel y su amigo Brian”.
Sin embargo, a pesar de todo esto, “el juicio llegó siete años después del asesinato y tras haber sido suspendido en dos oportunidades”, se quejó García. También señaló que “primero fue por la pandemia y luego por la excusación presentada por una jueza del Tribunal el mismo día que debía comenzar”.
“Durante todo el tiempo que pasó los familiares del joven víctima sufrieron hostigamientos por parte de agentes de la Policía Bonaerense, que son amigos del imputado”, denunció García. Además cuando iban a ingresar a la sala de audiencias -en el intento de juicio que hubo en octubre del año pasado- el cuerpo de abogados de este organismo provincial “vio cómo uno de los policías asignados a la guardia del edificio judicial filmaba con su teléfono celular a la familia, también a cuatro amigos del joven asesinado que tenían que declarar como testigos del homicidio”.
“Cuando el policía Emiliano Paris ingresó al edificio del TOC 1, realizó gestos, muecas, expresiones de burla y de provocación”, aseguró el secretario ejecutivo. Puntualizó en que de este modo el uniformado “hizo una revictimización y despreció el dolor de los familiares que solo buscan justicia para calmar el dolor que sienten. Fue por todo esto que solicitamos al Tribunal que adopte medidas que garanticen la seguridad de los familiares y testigos durante el desarrollo del juicio”.
“La familia del joven asesinado tuvo que padecer durante años maniobras procesales dilatorias por parte de la Justicia”, se quejó García. Por esa situación, “cuando se cumplió el primer año de instrucción de la causa, nosotros pedimos el apartamiento del fiscal Andrés Nievas Woodgate; por el desgano y desidia con la que abordó la investigación de un hecho tan grave y aberrante”, denunció.
“En aquel momento, este magistrado solo había tomado declaración testimonial a una testigo aportada por nosotros”, recordó el secretario ejecutivo. También señaló que mientras tanto, “el policía imputado continuaba en libertad y ejerciendo su función policial en la DDI de Drogas Ilícitas de Quilmes como si nada hubiera pasado”.
“Durante la semana pasada se realizó el juicio y el TOC N°1 decidió absolver al policía Emiliano Paris”, se quejó García. Terminó subrayando que “estamos esperando, que durante los próximos días nos informen sobre los argumentos en los que se basó el Tribunal para tomar esta terrible decisión de absolver al imputado”.
La Comisión Provincial por la Memoria también informó a este diario que los ex policías Cristian Yair Figueredo y Sergio Damián Amori, fueron condenados la semana pasada por los delitos de tortura y omisión de denunciar tortura por picana, golpear y amenazar a tres jóvenes durante su aprehensión y detención en la comisaría 11° de Tres de Febrero. “Nosotros habíamos solicitado a la Justicia 25 años de prisión, mientras que la fiscalía solo pidió 12”, contó el secretario ejecutivo.
Finalmente la semana pasada el Tribunal en lo Criminal N° 5 del Departamento Judicial de San Martín “decidió condenar a Cristian Yair Figueredo y Sergio Damián Amori con las penas de 8 y 4 años de prisión”, dijo el abogado. Ambos ex policías fueron identificados y “señalados por haber torturado con picana y golpes a tres jóvenes en Remedios de Escalada”, agregó.
“También solicitamos al Ministerio de Salud que garantice asistencia psicológica a los tres jóvenes que resultaron víctimas, Brandon Quiroga, Gabriel Fleitas y Sebastián Linardi”, remarcó García. Explicó que todos ellos aún padecen “las consecuencias de lo que sufrieron durante esa madrugada, así se constató en las pericias psicológicas que se hicieron”.
“Las familias de los jóvenes mostraron conformidad con la condena”, contó el secretario ejecutivo. Sin embargo, “no descartan la posibilidad legal que tienen de apelar el monto de las penas adjudicadas a los ex policías”, finalizó.
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