Fusionarán cinco hospitales: U$S 123 millones por la venta de los predios y ajuste en salud

Ya en 2010 Mauricio Macri había intentado proyectar un complejo similar pero con menos hospitales. Ahora se agregaron el de Oncología «Marie Curie» y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP), ubicados en zonas más «apetecibles» para el mercado inmobiliario como Parque Centenario y Belgrano. Según la carta que el subsecretario de Planificación Sanitaria, Daniel Ferrante, le envió el pasado 11 de abril a los titulares de los cinco centros de salud, el «nuevo hospital de alta complejidad» consistirá en la «integración» de cinco hospitales (el de Infectología «Muñiz», el de Gastroenterología «Udaondo», el de Rehabilitación Respiratoria «María Ferrer», el «Curie» y el IREP) en el predio del Muñiz, «manteniendo su identidad en forma de institutos».

El Ejecutivo sostiene que el nuevo sitio «deberá tener mayor número de camas que la sumatoria de los cinco hospitales mencionados». Sin embargo, un powerpoint al que tuvo acceso Tiempo admite una merma de plazas: «Camas. Hospital Muñiz luego de la implantación: 150 (se anulan 200)». En total el Complejo tendrá 500 camas, la mitad de la capacidad que hoy suman los cinco hospitales implicados. También planean «demoler los pabellones del Muñiz de servicios centrales como laboratorio, farmacia, ambulatorio, etc.»

Para los trabajadores, además de significar un cierre de hospitales a favor de la demanda de privados, habrá una reducción de personal. Así lo afirma Graciela Núñez, delegada de ATE Capital, trabajadora del sector Rehabilitación Adultos del IREP: «Si fusionan cinco hospitales especializados en uno general de agudos, inevitablemente se va a achicar todo. En lugar de cinco enfermeros o administrativos tendrán uno para todo el complejo. También se perderán especialidades». Remarca que el IREP ya viene sufriendo un vaciamiento, como instancia previa a su mudanza: «Desde fines del año pasado comenzaron con el desmantelamiento. Hace pocos meses habían abierto una unidad de cuidados intensivos pediátricos, única en el país, para chiquitos en condiciones de dependencia máxima. Iban a ser 63 enfermeros para ocho camas. Pero uno de los dos pabellones nunca lo abrieron. El gobierno planteó que sobraban enfermeros y los trasladaron; debería ser un enfermero cada cuatro pacientes y hoy tenemos uno cada doce. La capacidad no está ocupada en su totalidad, por falta de gente», explica Núñez, y acota: «Cirugías ya casi no se hacen».

La comunidad del IREP se declaró en estado de alerta. Son ellos, los únicos que atienden en la zona norte especializados en rehabilitación neuro–motora de niños y adultos, quienes más sufrirán la mudanza a una zona con menos accesibilidad. El martes, los trabajadores de la salud realizaron un abrazo simbólico al edificio ubicado en Echeverría 976. El lugar es un centro de referencia desde 1956. Allí funcionó la Ciudad Infantil Evita durante la primera década peronista. Su construcción está catalogada como patrimonio arquitectónico y cultural de la Capital Federal. Hoy sus trabajadores exigen «No al traslado, desmantelamiento y pérdida de identidad». El documento del gobierno no menciona su especialidad dentro de las enfermedades «crónicas» que tratará el Complejo. 

El Muñiz, inaugurado en 1894, es el hospital de infectología más importante del país. El martes 24 de abril, su comunidad votó en asamblea el rechazo «al proyecto de demolición del hospital con el único objetivo de un proyecto inmobiliario». En el Udaondo ya sufrieron recortes de 25 camas, en salas de internación clínica y en una unidad de cuidados paliativos, cerradas por falta de enfermeros. El Ferrer es un faro para la región en rehabilitación respiratoria. Nació hace más de 50 años a raíz de la epidemia de poliomielitis y es el primero donde se hizo un trasplante de pulmón. Hoy se ve empapelando de folletos y carteles que dicen «No al traslado». «El 90% de los trabajadores se opone porque quedamos muy a la deriva. No se ve viable todo esto. En el último tiempo ni siquiera tuvimos nombramientos», apunta Fabiana Pérez, trabajadora del centro de salud ubicado en Barracas. «Hay otras posibilidades mejores como agrandar el hospital comprando los terrenos lindantes», completa.

El powerpoint de Ciudad deja asentado lo que llaman «aspectos críticos de éxito», y enumera: «Sortear las limitaciones del Código de Planeamiento Urbano y Área de Protección Histórica y otros entes (ley 3537 de protección del hospital Muñiz, vetada); acuerdo del programa médico con los líderes hospitalarios; acuerdos políticos con los gremios por el solapamiento de todas las estructuras jerárquicas; plan para evitar los motivos de judicialización más probables y contingencia para cada caso; programa presupuestario en base cero que no arrastre los vicios actuales; mudanza de casos críticos para no tener que mantener en paralelo las instituciones funcionando». «

Los números del negocio inmobiliario

Los tiempos oficiales apuntan a que desde finales de 2019 a mediados de 2022 se desarrolle la obra en el predio actual del Muñiz, y que a inicios de 2023 comience a funcionar el Complejo Hospitalario Sur. Desde la Ciudad señalan que la nueva obra demandará 160 millones de dólares, pero que recuperarán 123,7 millones por la venta de los actuales terrenos del Udaondo, Curie, Ferrer e IREP, admitiendo que los destinarán a desarrolladores inmobiliarios. De hecho esa estimación no fue realizada por el organismo oficial (el Banco Ciudad), sino por LJ Ramos (brokers inmobiliarios), según se lee en el powerpoint del proyecto hospitalario. En ese documento también resaltan que se “ahorrarán” 107 millones de pesos los primeros dos años en concepto de los “costos de mantenimiento preventivo y correctivo + limpieza” que demandará el edificio nuevo, en comparación con lo que demandan hoy los cinco centros de salud por separado. Aún así, evalúan como alternativa de financiamiento el modelo PPP (público-privado), aunque admiten desventajas: “Marco regulatorio poco probado y con propia inexperiencia; dificultades gremiales crecientes que amplían los riesgos legales”.

Los trabajadores del IREP afirman que en la reunión con la directora, Silvina Ajolfi, ella misma admitió que el objetivo del gobierno es concretar “un negocio inmobiliario”. En diálogo con Tiempo, Ajolfi lo niega: “No es así. Desconocemos la causa por la que se nos involucró en este proyecto. El ministerio asegura que se van a conservar las fuentes de trabajo y las estructuras actuales”.