Varios reclamos de trabajadores y trabajadoras porteños de diferentes sectores del Estado, apuntan contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires que concentra la atención de los empleados de todo el distrito porteño. Quienes alertaron sobre esta situación fueron los docentes de la Ciudad que, en muchas ocasiones, tienen que seguir ocupando sus puestos de trabajo con diferentes malestares, ya que la atención remota por parte de un profesional no incluye la emisión de un certificado médico.

Durante la jornada, la unión de Trabajadores de la Educación UTE-CTERA, se hizo eco de esta problemática en base a las miles de denuncias de afiliados que en los últimos meses sufren la desatención de la Obra Social. La Secretaria General del gremio, Angélica Graciano, junto a la titular de Salud, Roxana Rogalski, elevaron un reclamo formal a OBSBA para que remedien de inmediato los serios inconvenientes en la atención del sistema de emergencias.

La atención no la realiza la Obra Social en cuestión sino Vittal, una empresa privada de atención médica que es contratada por OBSBA y es la encargada de la socorro ambulatorio de todos los trabajadores y trabajadoras estatales de la Ciudad. “Estamos exigiendo que se garantice en tiempo y forma y como corresponde, en el marco del derecho social de la salud, una certificación médica que cumplimente los requisitos necesarios para presentar en medicina del trabajo”, cuenta a Tiempo la titular de la Secretaria Sanitaria de UTE, Roxana Rogalski.

Quienes llaman al teléfono 0810 333 8888 que integra la “Red de Emergencia” de la obra social, deben abonar por ‘mercadopago’ la consulta médica anticipada para poder acceder a la misma. La videollamada es la única posibilidad de atención profesional que le brindan a los afiliados y, sistemáticamente, los profesionales médicos se niegan a extender certificados que son necesarios para la adquisición de remedios y la realización del reposo. Hecho que los imposibilita de poder justificar las inasistencias a los lugares de trabajo, poniendo en riesgo la  continuidad laboral ante una cierta cantidad de inasistencias por diferentes motivos de salud.

“El incumplimiento de la empresa Vittal es sostenido en forma constante, no sólo perjudicando laboralmente a quién es tratado sino que además, en algunos casos que se ha solicitado abonar y no han concurrido. Recordemos que es un ‘servicio’ donde se abona un arancel”, subraya Rogalski. Cabe destacar que las obras sociales tienen derecho a contratar a sus propios prestadores, pero, al mismo tiempo, cada obra social debe garantizar que en la tercerización del servicio, quede estipulado  que deben tener todas las normas necesarias, entre ellas que expida el certificado de salud en tiempo y forma. “La Obra Social debe garantizar que sus prestadores, en este caso Vittal, cumpla con los requisitos que son necesarios en una atención médica que involucra a las y los trabajadores y no sumar burocracia que solo va en detrimento de la salud de nuestros representados”, agrega Rogalski

La presentación de UTE fue una intimación a la Obra Social para que de inmediato instruya a los profesionales a expedir los certificados, y que cumplan con la normativa vigente y los requisitos generales que indica la Medicina del Trabajo del Gobierno de la Ciudad para la justificación de las licencias médicas.

Denuncia penal a las autoridades de OBSBA por desvío de fondos

La Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires actualmente es presidida por el Dr. Carlos Alberto Arrastía. Fue creada en agosto del 2000 mediante la sanción de la Ley N° 472, como la continuidad del Instituto Municipal de Obra Social (I.M.O.S.) La OBSBA tiene carácter de Ente Público no Estatal, organizada como instituto de administración mixta con capacidad de derecho público y privado, contando con individualidad jurídica y autarquía administrativa y económico-finaciera. La Ley estipula que tanto el presidente y el resto del directorio de la Obra Social, es nombrado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Buenos Aires.
En junio de este año, el gremio Sutecba, presentó una denuncia penal contra las autoridades de la obra social) por inconsistencias en los libros contables, que a su vez fueron avaladas por una auditoría en 2016. La denuncia enumera 18 anomalías sobre el informe publicado en 2021 (luego de haber sido presentado en 2019 sobre el estado contable de OBSBA en 2016) y solicitó que se lleve adelante una investigación penal “a efectos de verificar a través de expertos la posible fuga de patrimonio de la obra social de los trabajadores a través de asientos contables irregulares”.