Este primer proceso antimonopolio de la era digital delimitará qué prácticas son aceptadas en el mundo digital. Qué sostiene el gobierno norteamericano y qué esgrime el gigante de internet. Historia y contradicciones.
Para el Departamento de Justicia de EE UU, los acuerdos de Google con fabricantes de dispositivos móviles, navegadores y operadores de telecomunicaciones para instalar su buscador como predeterminado, afectaron la posibilidad de competencia en un sector de actividad que representa más de la mitad de los 278 mil millones de dólares de ingresos anuales de Alphabet (nombre genérico de las empresas y servicios del conglomerado). El gobierno deberá demostrar que esos contratos operan como barreras artificiales que consolidaron el dominio de Google y coartaron la proyección de competidores.
Google domina el 90% de las búsquedas online, por lo que es un mercado de vital importancia para anunciantes y también para organizaciones y personas que difunden sus actividades. Para Google, la acusación carece de fundamento porque los usuarios son libres de elegir otro buscador. Alega que los productos y servicios de Alphabet son mejores y por eso son más exitosos.
El “googlesplaining” elude referencias al poder de mercado alcanzado por la empresa y diluye sus efectos, al indicar que su posición dominante es inferior al 90%, porque el porcentaje omite todas las búsquedas que se hacen al interior de plataformas de comercio electrónico (Amazon, Mercado Libre o TripAdvisor), redes sociodigitales como TikTok o servicios como Airbnb. Acá Google tiene un punto: metodológicamente el universo de búsquedas en Internet no se reduce sólo a los motores de búsqueda.
Pero si fuese irrelevante la instalación predeterminada del buscador en los dispositivos, ya que los usuarios podrían sortearla de modo sencillo, ¿por qué Google gasta 10 mil millones de dólares anuales en sostener ese privilegio?
De hecho, en el primer día de juicio el juez Amit Mehta cuestionó al abogado de Google, John Schmidtlein, su planteo de que los usuarios pueden cambiar fácilmente de buscador desde su configuración predeterminada, y le preguntó con qué frecuencia lo hacían. El abogado de Google respondió que no tenían datos ciertos sobre eso.
“El juicio va a formatear el futuro del ecosistema digital, tutelado por Google, Meta, Amazon, Apple y Microsoft“
Considerado el primer juicio antimonopolio de la era digital, su curso delimitará qué prácticas son aceptadas como lícitas y cuáles no en las plataformas, lo que desborda el caso puntual del buscador y comprende la evolución presente y futura de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA).
El Departamento de Justicia no está solo: una coalición de más de 30 estados y territorios representados por sus fiscales federales aseguran que Google viola las leyes de EE UU y, además, distorsiona el mercado publicitario digital, donde Google opera como intermediaria y beneficiaria de la colocación de anuncios.
El poder de mercado le permite a Google extraer datos personales de miles de millones de usuarios y organizaciones, un acervo que está vedado a su competencia. Según el gobierno estadounidense, ello afecta indirectamente los precios finales que pagan los consumidores en toda la amplia gama de productos que compran y que, por ser anunciados en el buscador de Google (donde aparecen como resultados patrocinados), tienen un costo superior al que tendrían si hubiera competencia real en el mercado de búsquedas en Internet. Al subir el precio de los anuncios en el buscador, debido a su carácter monopólico, afectan al consumidor.
De hecho, hay otra demanda del gobierno estadounidense junto a más de una docena de Estados contra Google por abusos de poder dominante en la publicidad online.
Aunque prematuras, las hipótesis sobre el resultado del juicio son variopintas: abarcan a quienes esperan un fallo que ordene la separación estructural de unidades de negocio de Alphabet, hasta a quienes creen que el caso terminará en la nada. En el medio, hay expectativas en que se le prohíba a Google realizar acuerdos como los que denuncia el gobierno, habilitando a los usuarios a elegir un motor de búsqueda a partir de una lista que incluya, por ejemplo, a Bing, DuckDuckGo o Startpage.
En cualquiera de las opciones, el juicio va a formatear el futuro del ecosistema digital, tutelado por Google, Meta, Amazon, Apple y Microsoft. Así lo sugiere el antecedente antimonopolio que involucró a las tecnológicas, cuando Microsoft –la empresa de Bill Gates–, fue llevada a tribunales entre 1998 y 2000, lo que finalizó con la desintegración, hasta ese momento predeterminada, del paquete de instalación del sistema operativo Windows junto al navegador Explorer en las computadoras personales. La concentración de poder e influencia de las big tech es el sustrato de aquel caso y del actual que tiene a Google como acusada. Ya eso es un cambio respecto de la inercia del sector en las últimas dos décadas.
La demanda contra el gigante de Internet se constituyó en el mayor juicio antimonopólico de la era digital. El último: hace más de 20 años contra Microsoft.
La Justicia deberá decidir en estas 10 semanas si el dominio abrumador del Buscador se debe solo a su éxito o detrás hay prácticas ilegales.
Según el Departamento de Justicia norteamericano, la posición dominante de la compañía tecnológica fue cimentada con contratos ilegales con empresas como Samsung, Apple y Firefox para que instalen su motor de búsqueda de forma predeterminada en sus dispositivos telefónicos y servicios.
Desde la empresa argumentan que su éxito «es merecido: la gente no utiliza Google porque no tenga otra opción, sino porque quiere. Es fácil cambiar el motor de búsqueda predeterminado».
Una incógnita, sin embargo, es por qué Google (si considera que cualquiera puede cambiar y es fácil hacerlo) destina decenas de miles de millones de dólares para invertir en una posición de privilegio respecto a otras firmas de la competencia.
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