En la primera mitad de 2021 fallecieron 64 bebés, niños y niñas menores de cinco años en comunidades wichi salteñas de territorios declarados en emergencia sociosanitaria. Según información oficial, al menos 7543 menores de cinco años que residen en estas comunidades se encuentran en estado de riesgo nutricional y 108 murieron en 2020. Las cifras son contundentes y el panorama está lejos de mejorar. Por eso, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto a la Comisión Directiva Wichi Misión La Loma, demandaron al Estado salteño por incumplir la Ley de Salud Intercultural -N° 7.856- respecto de niñas, niños y adolescentes de pueblos originarios.

“Si bien se sancionó en 2014 jamás se aplicó de forma efectiva, jamás fue reglamentada. Desde principios de año estamos intimando a Salud de la provincia. Como no hubo ninguna respuesta del Poder Ejecutivo, decidimos reclamarlo vía judicial mediante una acción de amparo. Elegimos esta vía porque la situación crítica en las comunidades de los departamentos en emergencia persiste. Y esto tiene repercusiones negativas en poblaciones más vulnerables, como la niñez”, remarcó desde Salta Martín Plaza, abogado del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ.

En Salta viven alrededor de 500 comunidades indígenas que pertenecen a más de 14 pueblos originarios. Están en condiciones de “pobreza estructural y discriminación, con fuertes restricciones en el acceso al sistema de salud y a servicios básicos como el agua potable”. El caso es especialmente grave para niñas y niños de Rivadavia, Orán y San Martín, en el norte de la provincia, donde desde enero de 2020 y a partir del fallecimiento de al menos nueve niñas y niños indígenas se considera que están en situación de emergencia sociosanitaria.

“La declaración de emergencia el año pasado obligaba al Estado a dirigir los mayores esfuerzos, pero el diagnóstico en términos generales no cambió. Esto cobra relevancia a partir del amparo que presenta la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (en noviembre último). No teníamos estadísticas porque habíamos pedido y el Estado nunca había respondido, pero cuando la Defensoría presenta su amparo tomamos conocimiento de datos concretos sobre la situación que veníamos denunciando. Los números concluyen que la situación es crítica pese a la declaración de emergencia y requiere una intervención urgente para prevenir que siga sucediendo”, alertó Plaza.

En las primeras semanas de diciembre trascendió que hubo otros seis fallecimientos, en algunos casos vinculados a episodios de violencia obstétrica. De hecho, la presentación judicial de ACIJ y las comunidades incluyó entre los elementos de prueba las declaraciones formuladas por el ministro de Salud provincial, Juan José Esteban, al diario Página 12. Allí dijo que “hay falta de humanización total en casos puntuales”, en relación al personal de salud que atendió a esos pacientes. “Ahí admite que hay personal con falta de humanización total. Retoma algo que venimos sosteniendo hace varios meses: la discriminación estructural para las comunidades originarias”, advirtió el abogado. Y afirmó que “existe un paradigma de discriminación aún vigente, por eso la importancia de esta ley, pensando sobre todo en la interculturalidad. Las declaraciones del Ministro son concluyentes y nos dan la razón en que es necesaria una transformación estructural del sistema sanitario para el acceso a la salud”.

El amparo ya fue aceptado por el juez de la Sala III del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo. “Estamos bregando que haya una respuesta urgente sobre la medida cautelar: que se designen facilitadores interculturales y que se pongan en marcha y se adecúen los albergues de tránsito en estos territorios”, remarcó Plaza. E indicó que trabajan facilitadores interculturales en el hospital de Tartagal, en Santa Victoria y en Capital, pero hay 15 áreas operativas con centros de salud sin acceso a ese derecho. Y los que están no dependen de la normativa sancionada en 2014, porque nunca fue reglamenta siquiera.

“Es necesario que el Poder Judicial Salteño conceda este amparo para exigir al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la ley y así tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes de las comunidades originarias”, enfatizó ACIJ.