El derrumbe en Floresta puso en primer plano el drama de la vivienda en Capital. Casi 40% de inquilinos endeudados, falta de viviendas sociales y desalojos: en La Boca hay más de 250 en curso.
Semanas atrás el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció medidas para «aliviar» el alquiler en la ciudad. Desde préstamos para afrontar los gastos iniciales de ingreso hasta subsidios a propietarios. Las organizaciones criticaron que no hubo anuncios de intervención sobre los precios ni créditos de construcción ni intervención en la oferta de inmuebles.
«Estas medidas que se anuncian como una solución, en realidad aumentarán los costos que tienen que afrontar les inquilines y profundizarán su endeudamiento«, indicaron desde CELS Argentina. Según una encuesta que realizaron con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Unsam y la UBA, entre otras, el 63% de quienes alquilan en la Ciudad está endeudado.
«El 35% de los inquilinos del AMBA no alquila una vivienda completa sino una habitación. Esto necesariamente implica un alquiler informal, sin ningún tipo de garantía o amparo de la ley, y en muchos de los casos, en lugares que no están estructuralmente aptos o que no reciben el mantenimiento adecuado. Esto se suma con otro dato que surge de la encuesta, que indica que más de la mitad de los hogares se encuentran hacinados – es decir, habitan en espacios con dos o más personas por ambiente», remarca Virginia Saucedo, del programa Derecho a la Ciudad de la ACIJ.
“Se anunció una línea de créditos para refaccionar aquellas unidades que no se encuentren actualmente en alquiler regular por malas condiciones de habitabilidad. Sin embargo, esto desconoce otra arista del fenómeno, de viviendas concebidas como reservas de valor, a los efectos de dolarizar una inversión en pesos”, plantea Saucedo. Y acota: “la escasez de oferta de inmuebles en alquiler refuerza las vulnerabilidades en las que, per se, se encuentra la población inquilina”.
Desde Inquilinos Agrupados acotaron: “’Inmobiliaria Larreta’ hizo anuncios sobre alquiler de vivienda. Lo mismo hicieron en 2015, 2017, 2019, 2021 y ahora. En campaña garpa mostrarse preocupados por los inquilinos. Son una máquina de mentirnos a los inquilinos y de cumplirle al mercado inmobiliario”.
El Censo 2022 reveló que CABA tiene 3.120.612 habitantes, apenas 155.209 más que hace 30 años. Sin embargo, su población vulnerable aumenta año a año. Son familias de clase media y alta quienes abandonan el distrito. Aún así, proliferan las torres y las exenciones urbanísticas. La última: el Barrio Irsa. Serán edificios de 45 pisos con 9000 unidades de vivienda, en una ciudad que no crece. Una imagen sirve para graficarlo: a inicios de octubre del 2021 el gobierno porteño efectuó un violento desalojo de familias sin techo en el Barrio Mugica. El mismo día la Legislatura votó convenios que permitieron torres en zonas.
Un informe elaborado en 2021 por la Mesa de estudio de viviendas vacías, integrado por el Instituto de la Vivienda de la (IVC) y organizaciones sociales, reveló que casi una de cada diez viviendas porteñas permanece vacía (9,2%; y un 12% de acuerdo a un informe del CEDESU). En paralelo, escalaron las viviendas en alquiler temporario: ya son más de 70.000, sin ningún control. Es el «efecto Airbnb».
En todo el país el promedio de inquilinos es el 20%. En CABA llega a ser casi el doble. Escaló casi 12 puntos porcentuales desde que asumió el macrismo a fines de 2007. Nada parece azaroso.
“Actualmente en la Ciudad no hay políticas de construcción de vivienda estructurales. Los conjuntos habitacionales nuevos se construyen en el marco de los proyectos de integración socio urbana de barrios populares, para la relocalización de personas que por la ubicación de sus viviendas afectan la traza de las obras planificadas. Las políticas vigentes del Gobierno de la Ciudad para responder a la crisis de la población inquilina son reactivas y superfluas», subraya Saucedo, de ACIJ.
Los aumentos del alquiler alcanzan precios exorbitantes, por fuera de la ley. Una pieza con baño y cocina compartida llega a $60.000 en Constitución, y a $40.000 en las villas. Así lo marca a Tiempo Gigi Krein, de las Consejerías de Viviendas: «se puede evidenciar la emergencia habitacional, en primer lugar por el alza de las personas y sobre todo de niñes en situación de calle efectiva»
«También por el aumento de lugares que no aceptan menores en los alquileres o los rechazan por discapacidades o nacionalidad –continúa–, tanto en el sector formal como informal. Además, se suman las subas de alquileres. Todo lleva al agudo nivel de hacinamiento que vemos. Las familias no tienen otra opción si quieren seguir viviendo en la ciudad. Cada vez mandata el mercado inmobiliario por sobre cualquier otro derecho como la vivienda digna. Lo que nos preocupa es que en contextos de crisis como el actual, todo el mundo se jacta de debatir una reforma a la ley de alquileres y estas cosas no son tenidas en cuenta».
«El IVC es el encargado de llevar adelante la política habitacional de una Ciudad en la que la cantidad de personas en villas aumentó un 40% en estos 12 años –planteó la legisladora Maru Bielli (FdT)–. Para 2023 hay un recorte del 9% en obras. El presupuesto para el barrio Padre Ricciardelli (ex 1-11-14) sufrió un recorte del 40% para este año, la 21-24 y Ciudad Oculta un 50%. El presupuesto del IVC en 2023 tiene la misma participación en el presupuesto total de la Ciudad que la que tenía en el 2015, cuando no estaban iniciados ninguno de los procesos de urbanización. Quienes más necesitan de políticas habitacionales quedan excluidos de las prioridades de un gobierno con presupuesto billonario y superavitario».
Mariana Machaca, referente de Somos Barrios de Pie en la villa 20 de Comuna 8, sostiene: “tenemos años de lucha con la urbanización. Si bien la infraestructura es algo ya hablado no se está viendo. Tenemos cortes de agua, el tema de la luz que conlleva a que el vecino siga sufriendo. Para que la urbanización sea real tiene que tener alternativa real de vivienda”.
La legisladora Laura Velasco (FdT) habla de “fortalecer la Ley 341 y el programa Viviendas Cooperativas que hoy, lamentablemente, están prácticamente desfinanciadas, para recuperar el derecho a la vivienda social en la Ciudad”.
La Ley 341, del 2000, propone créditos accesibles a personas en situación habitacional crítica, ya sea individuales o colectivos a través de cooperativas. La norma hoy es un cascarón sin presupuesto, a la par que también se frenó programa de Vivienda Social. Roxana Arellano, presidenta de la cooperativa El Caracol, denuncia: «Hoy de la ley queda solo la letra muerta, no tiene presupuesto. Por eso salimos a defenderla, con la ley podés pagar $36.000 por mes en 30 años y accedés a una vivienda. Ningún banco te da eso».
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